Mercedes Brusa, ex enfermera del Posadas – Daniel Olartecoechea, ex preso político, abogado
El 28 de marzo de 1976, Reynaldo Antonio Benito Bignone realizó un operativo militar con tanques y helicópteros, ocupó el Hospital Posadas y detuvo, entre otros, al director del establecimiento, Julio César Rodríguez Otero (ya fallecido), que habitaba el llamado Chalet y luego fue convertido en centro de detención y torturas.
Uno de los que formó parte del grupo comando que secuestraba, torturaba y asesinaba a detenidos ilegalmente, era Luis Muiña, civil perteneciente la seguridad interna del nosocomio, en el llamado «Grupo Swat».
En 2011, Muiña recibió la condena junto a Bignone e Hipólito Rafael Mariani por detención y torturas, al considerárselo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad cometido por funcionario público con abuso de sus funciones, agravado por el uso de violencia o amenazas e imposición de tormentos en relación con las condiciones de cautiverio impuestas, en concurso real con el delito de imposición de tormentos por un funcionario público al preso que guarde, reiterados en cinco oportunidades en prejuicio de Gladis Evarista Cuervo, Jacobo Chester, Jorge Mario Roitman, Jacqueline Romano y Marta Elena Graiff, a la pena de trece años de prisión.
En noviembre de 2012, la Cámara de Casación confirmaba esa condena.
Un año más tarde, el juez Daniel Rafecas decidía procesar a Muiña y a otro integrante del «Grupo Swat», Argentino Ríos, por los homicidios calificados de Chester y Roitman, delitos por los que no había sido procesado en el juicio anterior; aunque terminaba absuelto ya que el tribunal oral consideró que estaban absorbidos por las torturas por las que ya había recibido condena.
Muiña, finalmente, es beneficiado con el 2×1 gracias a un polémico fallo de la Corte Suprema pese a que la ley 24.390 (del 2×1) estuvo vigente entre 1994 y 2001; es decir, no tenía vigencia cuando cometió los delitos por los cuales fue condenado (1976) ni cuando fue detenido (2007) ni cuando se emitió la condena (2011).
En Córdoba
Unos 60 represores condenados en Córdoba por crímenes de lesa humanidad están en condiciones de solicitar el beneficio de la ley del “dos por uno”, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Más de una docena, en caso de prosperar el recurso, obtendría la libertad inmediatamente, entre ellos, Luciano Benjamín
Menéndez.
El juez Jaime Díaz Gavier, presidente del Tribunal Oral Federal N° 1, señaló que todos los condenados (unos 60) en los juicios que se llevaron a cabo en Córdoba por delitos de lesa humanidad están en condiciones de presentar el recurso para intentar obtener el beneficio. El Tribunal evaluará luego y se pronunciará sobre las circunstancias de cada caso.