De esta manera, la iniciativa, reimpulsada a partir del asesinato de la joven Micaela García en Entre Ríos y motivo de protestas en distintos penales bonaerenses, vuelve a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.
El Senado aprobó y devolvió a la Cámara de Diputados este miércoles, con modificaciones, el proyecto de reforma la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena, que establece que los autores de delitos graves no podrán contar con el beneficio de las salidas anticipadas, transitorias o libertad condicional.
De esta manera, la iniciativa, reimpulsada a partir del asesinato de la joven Micaela García en Entre Ríos y motivo de protestas en distintos penales bonaerenses, vuelve a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.
El proyecto obtuvo 48 votos a favor, ocho en contra y una sola abstención, del senador Fernando “Pino” Solanas.
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside Pedro Guastavino (PJ-FpV), le introdujo este mismo miércoles importantes cambios al texto original, sobre todo para reducir la cantidad de delitos cuyos autores no podrán gozar de los distintos regímenes de libertad.
De esta manera, se excluyeron los delitos de homicidio simple y contrabando, y quedaron incluidos los de homicidio agravado, delitos contra la integridad sexual, privación ilegal de la libertad coactiva, tortura seguida de muerte y secuestro extorsivo.
Además, en la comisión se corrigieron las “excesivas” facultades que se otorgaban al Servicio Penitenciario, para que sea el juez de ejecución penal –con intervención de las víctimas- el que decida sobre la concesión de las salidas anticipadas.
“Las reformas son para endurecer, no para ablandar. Estamos poniendo los delitos más pesados y las estructuras delictivas más graves para que sus autores cumplan la totalidad de la condena”, explicó el jefe del bloque del PJ-FpV, Miguel Pichetto.
Al abrir el debate, Guastavino explicó que, con respecto a la ley actual, “se amplía la lista de delitos donde se impedirá al condenado acceder al beneficio de la libertad condicional”.
El entrerriano aclaró que el tema “estaba dentro de la agenda” e hizo un repaso por las leyes que se sancionaron en la materia y destacó: “El Congreso ha venido dando distintas respuestas de las demandas de la sociedad y ha dotado de herramientas a los demás poderes”.
La camporista Anabel Fernández Sagasti rechazó de plano el proyecto y consideró que “una ley como la 24.660 debería ser abordada de una manera integral haciendo hincapié en el estado de nuestro sistema carcelario”.
“La secuencia siempre es la misma –se quejó-, luego de una muerte desgarradora con impacto nacional nos sentimos interpelados”.
Para la senadora, “es entonces cuando en lugar de explicar por qué el sistema establecido no funcionó para proteger la vida de Micaela y por qué se liberó a un delincuente, la respuesta es un atajo, una medida efectista y un parche al sistema, que no da soluciones sino la tapa de un diario”.
Por su parte, el radical Luis Naidenoff sostuvo que “lo peor que nos puede pasar como cuerpo es legislar con un sentido de abstracción que nos aleja de la realidad”, y opinó que los cambios que se introdujeron al proyecto de Diputados son “de sentido común”.
En el mismo sentido, Rodolfo Urtubey, del PJ-FpV, explicó que “esta ley responde a la realidad” y argumentó que “el 95% de los que violan la libertad condicional va a seguir cometiendo delitos”. “No estamos planteando aumentar las penas sino que los condenados cumplan las penas que los jueces ponen”, diferenció.
La salteña Cristina Fiore manifestó su acompañamiento al proyecto en general pero se mostró preocupada por las “excesivas” facultades otorgadas al director del régimen penitenciario y propuso que sea el Consejo Correccional el que dictamine las salidas transitorias.
Parlamentario