Hasta las audiencias, se dedicarán a consultar empresas y expertos. Prevén que las subas seguirían siendo del 400%, pero sin tope. Se contemplará la situación de cada región del país.
El Gobierno busca llegar a las próximas audiencias públicas por la suba de tarifas con un amplio marco de consultas a distintos sectores. Para contrarrestar la acusación de que «no escucharon» en el incremento anterior, esta vez tratarán que las empresas, las provincias y los ex secretarios de Energía participen de la propuesta. El objetivo del Poder Ejecutivo es tener las nuevas tarifas desde el próximo 1 de noviembre. También intentarán que queden definidos algunos aumentos futuros.
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Los incrementos que planteará el Gobierno tendrán algunas diferencias con los impulsados en abril, pero el objetivo de ir disminuyendo el déficit fiscal sigue estando presente.
El Enargas ya publicó avisos en los diarios con las convocatorias a las audiencias. Es probable que ese ente regulador de la industria del gas fije reglas sobre quiénes pueden participar de esos encuentros y sobre cómo se desarrollarán los debates. Durante esta semana, también se trazará un cronograma de las reuniones que mantendrán funcionarios oficiales con los otros participantes y expertos de la industria.
El Gobierno utilizará las próximas tres semanas para dialogar con las empresas productoras de gas, las distribuidoras y transportistas. Se les pedirá que planteen sus números sobre la mesa. También quieren sentar a los gobernadores a esa discusión. Los mandatarios de provincias patagónicas obtendrán mayores regalías si aumenta el precio del gas en boca de pozo. Las recomendaciones del consejo consultivo formado por los ex subsecretarios de Energía serán tenidas en cuenta.
Las audiencias serán el 12 y 13 de septiembre. Una vez que estén terminadas, el Enargas realizará un informe sobre lo expuesto por las partes y los eventuales cuestionamientos. El ente regulador detallará su propio punto de vista y elaborará un informe. Cuando tenga definido el nuevo cuadro tarifario, debe esperar unos días por temas legales. En la Rosada quieren que los nuevos precios se publiquen en el Boletín Oficial cerca del 1° de octubre. Pero dada la polémica que levanta el tema, están dispuestos a esperar hasta el 1° de noviembre. Quieren que la nueva resolución del Enargas salga sin ninguna posibilidad de ser cuestionada. Prefieren ser conservadores con los tiempos, pero que los pasos sean firmes.
En la Rosada están pensando cómo darle mayor previsibilidad futura a la tarifa de gas. En octubre se hará la revisión tarifaria integral (RTI), que definirá el sendero de precios para los próximos años. Pero al margen de ese proceso, el Ejecutivo quiere que las partes sepan que la tarifa que se decida en las audiencias tendrá cierta continuidad. Se habla de ser «previsibles».
En cuanto al incremento que plantearán, en el Gobierno lo están definiendo, pero no sería muy diferente del 400% que tenía planeado inicialmente, aunque sin tope.
En el Ejecutivo tomaron nota de algunos errores del aumento de abril. Por ejemplo, en las provincias que tenían amparos judiciales por las que no pagaban incrementos desde 2014, como sucedió en Santa Fe. Allí, el kirchnerismo aplicó una suba de 200%, pero la mayoría no la pagó porque consiguió una cautelar a su favor. La nueva administración les subió un promedio de 400% -como hizo en casi todo el país- y eso terminó generando un aumento de 600%: el 200% que no pagaron entre 2014 y 2015 más el 400% de 2016. Los técnicos del oficialismo se terminaron dando cuenta del contratiempo después de publicado el cuadro tarifario. Lo mismo le sucedió con ciudades como Mar del Plata y Bahía Blanca.
Esos cálculos que exageraron las subas son los que el Gobierno buscará reparar. También habrá consideraciones con las regiones de mayor frío como la Patagonia. Allí el Gobierno subió de $ 0,10 por metro cúbico a $ 2,50 en abril. Un incremento de esa magnitud no se repetirá, pero tampoco se mantendrá la tarifa de 2015. En Puerto Montt (Chile), el gas se paga 11 veces más caro que en Bariloche, según un estudio que maneja el Poder Ejecutivo.
«En el debate pueden surgir nuevas ideas y otros enfoques que nos permitan hacer cambios», explican en el Gobierno. Pero el objetivo sigue siendo bajar el déficit fiscal. Este año, los subsidios totales treparán a $ 240.000 millones y en el Gobierno consideran que lo bajaron del 5% del PBI al 4% del PBI. Quieren seguir en esa dirección.
Fuente Clarín