Con el crimen de Carina Alejandra Drigani Mulla ya son siete los femicidios en Córdoba en lo que va del año. La muerte de la fisioterapeuta impacta a la sociedad a menos de diez días del femicidio de Lis Funes, asesinada por su ex pareja el pasado 27 de abril en su casa de country de la localidad de La Calera.
El 31 de marzo, Elizabeth Balmaceda, de 44 años, fue asesinada por su ex esposo Marcelo Bernabé, de al menos 11 puñaladas en Villa Allende Parque. Otra víctima en marzo fue Micaela Gutiérrez, de 26 años. La mató de un balazo su ex pareja Guillermo González, quien después se suicidó. Ocurrió en barrio Observatorio.
A Yamila Candela Garay, de 21 años de edad, la encontraron muerta cerca de Huerta Grande, después de dos días de búsqueda, también en marzo. Está detenido su ex novio, Lucas Di Giovanni.
Leonela del Valle Cabrera, de 16 años también fue víctima de su pareja de 37 años, quien luego de matarla se suicidó. Ocurrió en enero en la localidad de Sebastián Elcano.
Y otro de los casos es el crimen de laturista chilena Lorna Mateluna Sala, de 43, en un camping de San Marcos Sierra. Justo Ismael Pereyra quedó detenido e imputado por el delito de «homicidio agravado por violencia de género».
Por otra parte, Johana Altamirano, una joven de 19 años, fue encontrada muerta hace una semana en el Parque García Lorca, de Alta Gracia. Hay un imputado por el crimen, pero la Justicia aún no lo caratuló como femicidio.
Sin adhesión
Betiana Cabrera Fasolis, integrante de Mumala – Mujeres de la Matria Latinoamericana, señaló que «la organización planteó la trascendencia de adherir a ley 26.485 de violencia de Género, que significaría la implementación de un Plan Nacional de emergencia para la acción en violencia hacia las mujeres».
«En poco más de 4 meses nuestra provincia registra 7 femicidios, algunos de ellos, como el de Carina o Lis, demuestran la vulnerabilidad del sistema para evitarlos, es la misma provincia en la cual seguimos utilizando una legislación retrógrada que ubica la violencia contra las mujeres como una problemática familiar o doméstica, y no social. Concepción que le quita relevancia a la desigualdad de género como causante de discriminación, inequidades y violencia, desconociendo el impacto específico que tiene sobre la vida de las mujeres e igualándolo a la ejercida contra cualquier otro miembro del núcleo familiar», indicó.
La coordinadora provincial de la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana, resaltó que «sin la adhesión a la ley nacional de violencia de género, significa para los y las cordobesas, la imposibilidad de acceder al Plan Nacional de Acción de Prevención, Asistencia y Erradicación de la violencia contra las mujeres, es decir, el acceso a una red de casas refugio, tobilleras georreferenciadas para los victimarios, capacitación en oficios para mujeres, cambios curriculares en los distintos niveles y fundamentalmente presupuesto para el abordaje de la problemática».
«Consideramos negligente esta falta de voluntad política del oficialismo, somos la única provincia que aun no adhirió a dicha normativa. Somos una isla», enfatizó.
Añadió que «el conjunto de lxs legisladores cordobeses deben revisar la normativa vigente, y otorgarle la prioridad necesaria».