El concejal Osvaldo Da Costa, integrante de la comisión de Planificación del Concejo Deliberante, manifestó que «uno de los puntos más controversiales del nuevo Código de Planeamiento fue el de la creación o no de nuevos barrios cerrados».
Desde el Colegio de Arquitectos de Río Cuarto rechazaron un nuevo proyecto de ordenanza que prevé modificar la normativa vigente sobre planificación urbana que favorecería un desarrollo inmobiliario millonario.
La presidenta del Colegio, Lucía Fortuna, se expidió sobre el Expediente 22815, del Departamento Ejecutivo Municipal, que podría ser tratado este jueves en el Concejo Deliberante y que fue cuestionado porque “apunta a una ciudad dispersa y en detrimento de las reales necesidades de la población riocuartense y el desarrollo urbano”.
El concejal Osvaldo Da Costa, integrante de la comisión de Planificación del Concejo Deliberante, manifestó que «uno de los puntos más controversiales del nuevo Código de Planeamiento fue el de la creación o no de nuevos barrios cerrados».
«Por unanimidad se estableció que, de ser impulsados, debían tener una dimensión no mayor a las 10 hectáreas. La disposición generó no pocas publicidades engañosas: más de un emprendedor comenzó a hablar de «barrios privados sin expensas». En realidad, son barrios comunes y corrientes, que no pueden ser cerrados por el condómino, pues los servicios públicos se los presta el municipio. Para no abundar en detalles, sólo el Riverside y el San Esteban tienen esa «categoría». Por lo tanto, sus propietarios deben asumir el compromiso de organizarse para llevar, bajo su cuenta y riesgo, los distintos servicios que requiere», indicó.
El edigl dijo que «la segunda restricción -seguramente, la más importante- tiene que ver con las zonas creadas para permitir un desarrollo armónico de la ciudad».
«Aunque obviamente implicó una definición restrictiva a la libertad de hacer lo que se quiera con cada espacio urbano, la zonificación fijó cuáles son los espacios residenciales, cuáles los comerciales, en dónde se permite la explotación minera (aunque suene raro, las areneras y los hornos de ladrillo implican esa actividad), en qué lugares está habilitada la siembra y en qué condiciones, donde debe desarrollarse la horticultura, qué lugares están pensados para el desarrollo fabril… Pero a fines del año anterior, un grupo de empresarios locales solicitó ante el Instituto Municipal de Planificación Urbana de Río Cuarto, autorización para avanzar en un megaproyecto urbanístico ubicado en la zona agropecuaria 2, donde están expresamente prohibidos», precisó.
Da Costa advirtió que «desde la oposición se recordó que ese trabajo «privado» también debió ser considerado incompatible con la toma de decisiones en nombre del Estado municipal respecto a otros emprendimientos ubicados en la zona oeste de la ciudad, próxima al lugar en que se quiere emplazar lo que sus impulsores llaman «un centro turístico de nivel internacional»».
Ubicado en las proximidades de lo que se conoció como el centro nocturno «La Antonia», el proyecto presentado implica la construcción de cinco edificios con 500 departamentos en total, más la venta de otros 500 terrenos de generosas dimensiones para la construcción de viviendas privadas.
«No se puede en la zona agropecuaria autorizar un emprendimiento de este tipo: condicionaría la actividad de todo el sector. Ya vimos lo que sucedió en el barrio próximo al Aero Club. Los vecinos con razón comenzaron a quejarse por el uso de agroquímicos a metros de sus propiedades y la entidad tuvo que abstenerse de seguir sembrando. Además, el Plan de Ordenamiento no permite barrios cerrados de más de 10 hectáreas y durante estos años hemos hecho lo imposible para que los vecinos cumplan con la norma. Sería un insulto para ellos autorizar esta barbaridad», dijeron la mayoría de los ediles de la comisión de Planificación, según recordó Da Costa.
El concejal kirchnerista manifestó que «estaba claro para cualquier observador que el proyecto no iba a pasar la vara fijada por el Plan de Ordenamiento Urbano».
«Pero algunos concejales de la oposición no contaban con la astucia del Secretario de Planificación Ricardo Racagni, quien le propuso al intendente una insólita propuesta: cambiar el Plan Estratégico. La modificación impulsada por el Secretario no es sutil: autoriza la urbanización sin ningún tipo de condicionamientos de las zonas agropecuarias 1 y 2. En otras palabras, le abre las puertas no solo a la iniciativa de «La Antonia» sino también a cualquier otra que se lleve adelante en cualquier punto de la ciudad», enfatizó.
Da Costa sostuvo que «el proyecto fue enviado por el Ejecutivo y firmado por cuatro concejales del oficialismo para evitar que pasara por la comisión de Planificación que, a todo esto, había solicitado su opinión a varios de los colegios que habían participado de la creación del Plan Urbano».
«Aunque parezca raro, dos de las concejales oficialistas que más se opusieron a la iniciativa de «La Antonia», firmaron el despacho que impulsa la modificación sustancial del Plan Estratégico. En tanto, burlándose de cualquier institucionalidad, los «emprendedores» han comenzado a ofrecer los lotes», expresó.
La postura del Colegio
“Los miembros del Colegio de Arquitectos tienen como misión, desde el organismo, participar sobre los temas de la ciudad, su planificación, su crecimiento, sus aspectos urbanos, sobre la base del consenso, cuidando los equilibrios, social, económico, ecológico-ambiental, para lograr un desarrollo sustentable y no un crecimiento por adición. Es por eso que son contundentes en estar en contra del proyecto de modificación del Plano Urbano local, que permitiría que en las zonas agrícolas 1 y 2 construir barrios cerrados. Countrys o clubes de campo, vulnerando los aspectos rurales previstos para el sector”, enfatizaron.
Añadieron que “esta innovación, innecesaria y extemporánea, ya que quedan muchas zonas aun para consolidar, para promover desde el Estado, con una clara conciencia de crecimiento ordenado es claramente permisiva al asentamiento de proyectos con una especulación inmobiliaria a futuro”
“La modificación del punto 4.8 permitiría que un mega proyecto, ya presentado, como “La Antonia Country Club- Barrio Cerrado”(camino a Achiras) y rechazado por las instituciones y colegios en la oportunidad de ser convocados para la consulta, pueda ser ejecutado por un desarrollista inmobiliario urbanizando 70 hectáreas en zona rural, extendiendo la mancha urbana excesivamente privilegiando este sector al suelo y urbanizado y al que está a la espera de serlo (bolsones internos a la trama)”, resaltaron.
Añadieron que “este tipo de propuestas afianzan un modelo de “ciudad dispersa”, considerado ambiental, energética y económicamente insostenible o no sustentable. De modo que, podría entenderse inicialmente la supremacía del negocio particular, por sobre la conveniencia de la mayoría de la población. Siendo, ésta última el principio y finalidad del Estado”.
“Desde el punto de vista económico, se estima que el precio del m2 de suelo rural en esta zona periférica ronda los 7 dólares el m2 y en suelo urbano periférico puede llegar a rondar, entre 40 a 85 dólares el m2, es decir entre casi el múltiplo es de 6 a 12 veces el valor original de ese suelo rural. Por otra parte, hay que considerar que la proporción o dimensión del loteo y de la oferta de tierra es completamente desproporcionada a la demanda real de la ciudad. El proyecto inmobiliario muestra contradicciones a los enunciados de tintes ecológicos que manifiesta pues se presenta la propuesta de una extensa laguna artificial, sin informar sobre impactos reales, sobre la fauna, la flora, los ciclos vitales de la zona, dando idea de un “atractivo turístico”, lo cual se supone bastante improbable bajo la denominación dada: “Country Club- Barrio Cerrado””, argumentaron.
En un comunicado resaltaron desde el Colegio que “desde lo propositivo respecto al marketing de venta, respecto al estilo de vida que se vende y ofrece, y desde la propuesta paisajística planteada, insistimos que es un emprendimiento de barrio cerrado cargado de una verdadera impostación de modelos de vida no propio o foráneos, que no son identitarios en el imaginario colectivo local, y menos aun considerando ambientalmente a la zona del país que habitamos”.
“Es importante generar conciencia y esta oportunidad en particular, en la cual discutimos si es apropiado dar excepciones a normativas, para ponderar el conocimiento teórico y práctico infinitamente desarrollado en la materia. Hay innumerables ejemplos de ciudades en el territorio nacional, de Latinoamérica y el mundo que lo han logrado, sobre la base de la honestidad, el compromiso social y cultural, el trabajo continuo y la voluntad política. El Estado, en uso del poder público, nunca debe dejar en manos de los desarrollistas privados las directrices generales de crecimiento de una ciudad o de alguna de sus áreas porque de ese modo, algo muy importante se perderá en el camino: la planificación, la visión amplia del problema y la conciencia plena de las consecuencias y posibles soluciones. Socialmente será una propuesta que segrega, una más de tantas que pretenden construir ciudades dentro de otras, creando falsos valores sociales, denostando lo público, lo compartido, lo que es de todos, celebrando el individualismo que caracteriza a nuestra época”, puntualizaron.