Desde el Colegio de Arquitectos de Río Cuarto rechazaron un nuevo proyecto de ordenanza que prevé modificar la normativa vigente sobre planificación urbana que favorecería un desarrollo inmobiliario millonario.
La presidenta del Colegio, Lucía Fortuna, se expidió sobre el Expediente 22815, del Departamento Ejecutivo Municipal, que podría ser tratado este jueves en el Concejo Deliberante y que fue cuestionado porque “apunta a una ciudad dispersa y en detrimento de las reales necesidades de la población riocuartense y el desarrollo urbano”.
La postura
“Los miembros del Colegio de Arquitectos tienen como misión, desde el organismo, participar sobre los temas de la ciudad, su planificación, su crecimiento, sus aspectos urbanos, sobre la base del consenso, cuidando los equilibrios, social, económico, ecológico-ambiental, para lograr un desarrollo sustentable y no un crecimiento por adición. Es por eso que son contundentes en estar en contra del proyecto de modificación del Plano Urbano local, que permitiría que en las zonas agrícolas 1 y 2 construir barrios cerrados. Countrys o clubes de campo, vulnerando los aspectos rurales previstos para el sector”, enfatizaron.
Añadieron que “esta innovación, innecesaria y extemporánea, ya que quedan muchas zonas aun para consolidar, para promover desde el Estado, con una clara conciencia de crecimiento ordenado es claramente permisiva al asentamiento de proyectos con una especulación inmobiliaria a futuro”
“La modificación del punto 4.8 permitiría que un mega proyecto, ya presentado, como “La Antonia Country Club- Barrio Cerrado”(camino a Achiras) y rechazado por las instituciones y colegios en la oportunidad de ser convocados para la consulta, pueda ser ejecutado por un desarrollista inmobiliario urbanizando 70 hectáreas en zona rural, extendiendo la mancha urbana excesivamente privilegiando este sector al suelo y urbanizado y al que está a la espera de serlo (bolsones internos a la trama)”, resaltaron.
Añadieron que “este tipo de propuestas afianzan un modelo de “ciudad dispersa”, considerado ambiental, energética y económicamente insostenible o no sustentable. De modo que, podría entenderse inicialmente la supremacía del negocio particular, por sobre la conveniencia de la mayoría de la población. Siendo, ésta última el principio y finalidad del Estado”.
“Desde el punto de vista económico, se estima que el precio del m2 de suelo rural en esta zona periférica ronda los 7 dólares el m2 y en suelo urbano periférico puede llegar a rondar, entre 40 a 85 dólares el m2, es decir entre casi el múltiplo es de 6 a 12 veces el valor original de ese suelo rural. Por otra parte, hay que considerar que la proporción o dimensión del loteo y de la oferta de tierra es completamente desproporcionada a la demanda real de la ciudad. El proyecto inmobiliario muestra contradicciones a los enunciados de tintes ecológicos que manifiesta pues se presenta la propuesta de una extensa laguna artificial, sin informar sobre impactos reales, sobre la fauna, la flora, los ciclos vitales de la zona, dando idea de un “atractivo turístico”, lo cual se supone bastante improbable bajo la denominación dada: “Country Club- Barrio Cerrado””, argumentaron.
En un comunicado resaltaron desde el Colegio que “desde lo propositivo respecto al marketing de venta, respecto al estilo de vida que se vende y ofrece, y desde la propuesta paisajística planteada, insistimos que es un emprendimiento de barrio cerrado cargado de una verdadera impostación de modelos de vida no propio o foráneos, que no son identitarios en el imaginario colectivo local, y menos aun considerando ambientalmente a la zona del país que habitamos”.
“Es importante generar conciencia y esta oportunidad en particular, en la cual discutimos si es apropiado dar excepciones a normativas, para ponderar el conocimiento teórico y práctico infinitamente desarrollado en la materia. Hay innumerables ejemplos de ciudades en el territorio nacional, de Latinoamérica y el mundo que lo han logrado, sobre la base de la honestidad, el compromiso social y cultural, el trabajo continuo y la voluntad política. El Estado, en uso del poder público, nunca debe dejar en manos de los desarrollistas privados las directrices generales de crecimiento de una ciudad o de alguna de sus áreas porque de ese modo, algo muy importante se perderá en el camino: la planificación, la visión amplia del problema y la conciencia plena de las consecuencias y posibles soluciones. Socialmente será una propuesta que segrega, una más de tantas que pretenden construir ciudades dentro de otras, creando falsos valores sociales, denostando lo público, lo compartido, lo que es de todos, celebrando el individualismo que caracteriza a nuestra época”, puntualizaron.