Lo dijo el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, tras ser imputado junto a la ex presidenta Cristina Fernández.
“El juez Bonadio es un caso emblemático del partido judicial y es uno de los instrumentos que está utilizando el presidente Mauricio Macri para disciplinar a los políticos”, aseguró ayer el ex ministro de Economía, Axel Kicillof.
En diálogo con el diario Página/12, el funcionario habló sobre la causa que impulsan funcionarios macristas contra el gobierno anterior por la intervención en el mercado de dólares a futuro. Kicillof sostiene que se trata de una persecución política para que “no haya oposición a volver a endeudar al país en los volúmenes siderales que pretende”.
“Pareciera que quieren torcer la voluntad de más miembros del Congreso. Si no te puedo comprar, te procesamos”, sostuvo. Según explicó, la operatoria utilizada, además de ser legal y común para los principales bancos centrales del mundo, no hubiese generado ningún costo para el Banco Central si Macri no hubiese devaluado el peso apenas asumió. “La colocación estaba acorde con un ajuste del dólar de entre 20 y 30 por ciento como preveía el Presupuesto”, argumentó.
–¿Cómo analiza los fundamentos de la causa que lo llevan a indagatoria por parte del juez Bonadio?
–La causa no tiene pies ni cabeza. Es un tema complejo para la gente el de los futuros, pero siempre se intervino en ese mercado, siempre en el marco de mantener la estabilidad de la política monetaria. En los extremos, es decir, en los valores por fuera de la pauta que establece el Central, siempre cualquier intervención está fuera del mercado. Es parte de la política cambiaria.
–En la denuncia se habla de un precio artificial.
–Al intervenir siempre se genera un precio artificial. Lo hace la Reserva Federal de Estados Unidos cuando pauta una tasa de interés. El precio se fijo según lo que se había dispuesto en la Ley de Presupuesto y en lo que el candidato de nuestro espacio había prometido. Macri también había dicho en el debate que no iba a devaluar, luego lo hace, y nos culpa a nosotros de que vendimos futuros baratos. Además, era técnicamente imposible, y nos hubieran criticado también, si se fijaba un valor más alto para los contratos, porque le hubiésemos marcado la pauta de devaluación al próximo gobierno. Lo que hicimos fue ceñirnos a nuestra política monetaria. Era lo que pensábamos hacer.
–¿Cuál era la expectativa de devaluación si el resultado electoral hubiese sido otro?
–El que marcábamos con la curva de tasas de los futuros. Es mentira que se vendía con una tasa cero de devaluación. Los contratos establecían una pauta de entre 20 y 30 por ciento. Pero este gobierno ya lleva un aumento del dólar del 60 por ciento. El tema es que la devaluación no sólo afectó a los contratos a futuro, sino a todos los bienes y servicios de la Argentina. Ellos devaluaron y nos quieren echar la culpa. Fue una transferencia fenomenal de recursos hacia los sectores concentrados de la economía.
–Esos sectores son los que reclamaban la devaluación. ¿Era evitable?
–Tuvimos presiones devaluatorias durante el gobierno de Cristina Fernández y no lo hicimos. Con la devaluación del peso se devaluaron también nuestros salarios. Durante 2014 hubo un corrimiento cambiario importante y se dijo que era aberrante y si la devaluación era más lenta también se criticaba. El problema no es sólo la devaluación sino cambiar los parámetros de la política financiera: cambiar la administración de las divisas y del comercio.
–¿Es una denuncia política?
–Sin dudas. Los que fueron a declarar son en su mayoría funcionarios del macrismo, como Alfonso Prat-Gay y Lucas Llach. Indudablemente desde lo económico si esto fuera ilegal no habría forma de que un gobierno intervenga en un mercado para estabilizar su política monetaria o cambiaria.