La Justicia provincial colocó una primera valla en los planteos legales contra la reforma previsional que, por ahora, le resta chances de éxito a un acción de amparo por el recálculo de las jubilaciones.
En otra palabras, cerró prácticamente la puerta a la vía rápida que supone un recurso de ese tipo, lo que no significa clausurar los caminos judiciales, pero abre un panorama diferente para los plazos de las demandas que se cocinan en varios estudios especializados en litigar contra la Caja de Jubilaciones.
La Cámara Contencioso Administrativa de 1ª Nominación consideró que el amparo no es, en este caso, la vía ideal, al señalar que sólo es admisible ante la “inexistencia de otros remedios o recursos judiciales más idóneos”.
También indicó que “para que proceda el amparo, la lesión que se denuncia debe resultar provocada por acto u omisión de la demandada (en este caso, la Caja) que revista las notas de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, de modo tal que sea ostensible o palmaria su inconstitucionalidad”, situación que, consideró, no ha ocurrido.
La medida lleva la firma de los vocales Pilar Suárez Ábalos y Leonardo Massimino y de la secretaria del Juzgado de 1ª Instancia, María Martha Angeloz. El planteo había sido formulado por Gustavo Gavier, un exfuncionario judicial asesorado por el abogado Roberto Olmedo.
La decisión de la Cámara fue recibida con alivio por el Gobierno que, si bien confía en sus argumentos legales, no descartaba un verano movido, más allá de la feria en Tribunales.
Fuentes judiciales indicaron que, a diferencia de lo que ocurría antes, el fuero Contencioso Administrativo tiene un criterio más restrictivo en amparos contra el Estado provincial.
El precedente no es menor: ahora, cualquier nuevo amparo caerá en la misma cámara, aunque se desconoce si la interpretación será la misma cuando se produzca el cobro de haberes y, en forma eventual, se acompañe el planteo con una medida cautelar.
De todos modos, se interpreta que, en forma indirecta, el rechazo a la admisión del amparo implica agotar la vía administrativa, incluso también como paso previo a un juicio ordinario. De hecho, en la Caja de Jubilaciones no descartan un “aluvión” de reclamos de ese tenor desde febrero, cuando finalice el receso de la administración pública.
En ese escenario, el organismo tiene un plazo de 120 días hábiles para responder a los planteos y otros 30 días más para fijar postura si su primera contestación es recurrida. En la práctica, entonces, ese proceso lleva alrededor de un año.