La UNRC hizo propio un documento del Consejo Interuniversitario Nacional de marzo de este año, en el que se destaca el crecimiento de las universidades en los últimos años y el deseo de que se siga en la misma línea.
PRENSA UNRC – En medio del debate que se ha generado en el ámbito universitario con miras al balotaje presidencial, el rector de la UNRC, Roberto Rovere, reflotó en el Consejo Superior un comunicado elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional en marzo último, en el que se destaca el crecimiento que las universidades han tenido en los últimos años y el deseo de que se continúe en la misma línea.
El escrito de seis carillas, si bien había sido enviado por e-mail a los consejeros superiores, fue leído en la sesión de este martes por el secretario general de la Universidad, Enrique Bérgamo, tras lo cual siguieron una catarata de adhesiones por parte de los consejeros superiores de los distintos claustros, quienes se mostraron a favor de las políticas de gobierno aplicadas en los últimos años a nivel educativo y científico, al tiempo que se escucharon voces temerosas de posibles cambios que saque a las universidades del lugar en el que se encuentran en la actualidad. En todos los casos, quienes hicieron uso de la palabra coincidieron ampliamente con el documento elaborado por los rectores de las 53 universidades nacionales que conforman el CIN y propiciaron la decisión de que se el cuerpo colegiado lo hiciera propio, cosa que tras una hora y media de argumentaciones se concretó con votación unánime.
En el escrito del CIN se considera que “la universidad debe pensarse en función de un proyecto de país” y se destaca que en los últimos años “se han establecido los marcos legales que garantizan presupuesto, legitimidad y proyección”, ítems en el que los rectores subrayan el logro del 6 por ciento del PBI destinado a la educación. Asimismo, enfatizan los programas de infraestructura universitaria, de mejoramiento de la calidad universitaria, Conectar Igualdad, de apoyo económico para estudiantes, como el Progresar, la creación de nuevas universidades y de los ministerios Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y de Cultura, además del rol de la universidades públicas como consultora prioritarias y la participación de las casa de altos estudios estatales en el diseño de políticas públicas.
Finalmente, los rectores presentan un paquete de diez propuestas, en el marco de la coyuntura política de recambio de autoridades nacionales, entre las que se destaca el pedido para que se garantice “la continuidad de la política de incremento anual y progresivo del presupuesto, el cual deberá alcanzar el 1,5 por ciento del PBI en 2020 y el 2 por ciento en 2025”
Rovere: “Es bueno que la Universidad exprese un posicionamiento”
El rector Roberto Rovere señaló: “En la situación actual, es bueno que la Universidad exprese un posicionamiento y este documento incluye la opinión de todas las universidades nacionales”.
“Estamos ante una marea de opiniones y decires. Y creemos que es bueno que la Universidad se exprese, más allá de que dentro de la Universidad cada agrupación, grupos docentes, estudiantiles, nodocentes y cada uno de los miembros de la comunidad podrán estar expresándose libremente en lo que puede ser su decisión o posición política”, agregó la máxima autoridad universitaria.
A continuación, el documento textual
LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS PROPICIAMOS UNA POLÍTICA DE ESTADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR
Las universidades públicas estamos comprometidas en el proceso de desarrollo sustentable con inclusión social de nuestra Nación. Entendemos que este rol debe comprender una interacción cada vez más fuerte y coordinada con los diferentes actores sociales de nuestro territorio, incluyendo a todos los poderes públicos y a cada uno de los niveles del Estado.
Por un lado, está claro que corren los tiempos en los que la sociedad del conocimiento es el paradigma, por lo que existe la imperiosa necesidad de que los saberes estructurantes se desarrollen, multipliquen y distribuyan de manera democrática, equitativa y equilibrada. Desde la Declaración de Cartagena las universidades latinoamericanas consensuamos que la educación universitaria “es un bien social y derecho humano fundamental y universal”.
Nuestra Universidad es hija de la reforma universitaria argentina de 1918 que eliminó a los docentes vitalicios, y promovió el ingreso a la carrera docente por concurso y la participación de los estudiantes en el gobierno universitario; un proceso posteriormente imitado en el continente y en el mundo.
Es hija también del segundo gran hito de la historia de nuestra educación superior que colocó a la Argentina en la vanguardia educativa: el establecimiento en 1949 de la gratuidad de la enseñanza universitaria, acompañado por un generoso plan de becas universitarias que permitieron por primera vez el acceso a la Universidad de hijos de trabajadores, de campesinos y de los pueblos originarios. A partir de entonces, la educación superior dejó de ser pensada como un lugar de formación de élites para considerarse un instrumento de inclusión social. Las más sangrientas dictaduras y los gobiernos más antipopulares produjeron retrocesos pero no pudieron derrocar el sistema de educación pública y gratuita porque fue pensado por todo el pueblo argentino como un derecho adquirido.
Recién en este milenio, la educación fue declarada por las Naciones Unidas como un derecho humano universal e inalienable y una obligación de los Estados por pedido y voto expreso de los países latinoamericanos. Mientras los países centrales y poderosos consideran la educación como un servicio, Argentina la asume como un derecho garantizado por el Estado. Según la declaración aprobada en la conferencia regional de educación superior organizada por la UNESCO en Cartagena de Indias en 2008, para garantizar ese derecho de los pueblos, la educación superior debe ser inclusiva, de calidad y pertinente.
Por esas razones, las Universidades públicas que formamos parte del Consejo Interuniversitario Nacional, defendemos la idea de que la universidad debe pensarse en función de un proyecto de país y definirse como parte de los instrumentos con los que cuenta el estado para articular las demandas sociales, económicas, culturales y tecnológicas del pueblo con los saberes socialmente compartidos que se construyen en la universidad.
Durante los últimos años hemos logrado que nuestras universidades sean parte constitutiva de nuestra propia comunidad. Desde allí queremos continuar modelando e impulsando nuestras instituciones como espacios educativos inclusivos y de calidad, con un claro perfil de desarrollo científico, tecnológico y artístico, innovador y pertinente, comprometidas y transformadoras de sus realidades locales, regionales y con una proyección nacional y latinoamericana.
Nuestro punto de partida
El punto de partida es resultado del proceso histórico mencionado que fue consolidado en los últimos años. En este sentido, queremos destacar:
1. Los marcos legales que garantizan presupuesto, legitimidad y proyección: sin duda la Ley que asegura un 6% del PBI destinado a educación es un claro indicador de la importancia que ha tenido la educación en los últimos años y su sostenimiento es el mejor resguardo en términos de proyección y legitimidad: la educación pública puede convertirse en política de estado porque cuenta con instrumentos jurídicos que así la sostienen. En ese marco, la educación universitaria ha sido claramente uno de los sectores que ha podido crecer y desarrollarse.
2. El Programa de Infraestructura Universitaria, que financió obras de remodelación y construcción en varias Casas de Estudios
3. Los programas de mejoramiento de la calidad universitaria, tal el caso de PROMEI, PROSOC, PROHUM, PROMVET
4. La recuperación de la educación técnica a través de la refundación de las escuelas medias técnicas, incluyendo las nuevas escuelas secundarias técnicas y del fomento a las carreras universitarias con perfil técnológico.
5. El desarrollo del Programa CONECTAR IGUALDAD, dirigido a estudiantes secundarios, se proyecta hacia el campo universitario en tanto permite que los nuevos ingresantes posean una netbook propia y una mejor formación en el uso de las TICs.
6. La creación de nuevas universidades, es otro de los grandes desafíos convertidos en logros que permite que en hoy en día todas las provincias tengan universidades públicas en sus territorios, lo cual en definitiva es un modo de asegurar el acceso a la educación para miles de jóvenes de toda la nación.
7. Los diversos Programas de apoyo económico para estudiantes constituyen otro eslabón para asegurar el derecho a la educación. Estos programas han permitido, por otra parte, incidir de manera virtuosa para que la demanda de estudios se vuelque hacia aquellas carreras consideradas prioritarias. Complementando esos programas, el PROGRESAR se ha convertido en una apuesta para lograr mayor cobertura, equidad y solidez para todos los estudiantes universitarios
8. La política en Ciencia, Tecnología e Innovación que incluyó la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y que se expresó en orientaciones en diferentes ministerios, también ha permitido articular acciones de las universidades para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en función de requerimientos sociales. Entre otras, cabe mencionar que se multiplicó la cantidad de personas dedicadas al trabajo científico y tecnológico, se garantizó el regreso de científicos y profesionales radicados en el exterior, se incrementó la inversión en infraestructura técnica y física y se expandieron las líneas de financiamiento a proyectos de transferencia tecnológica, todo lo cual constituye un disparador de las vocaciones científicas para alentar la formación de los estudiantes.
9. El rol que el Estado Nacional ha otorgado a las universidades públicas como consultores prioritarios. Este proceso está consolidando la posibilidad de la interacción de las universidades con el Estado a nivel local, provincial y nacional, contribuyendo a la pertinencia de acciones mutuas.
10. La participación de las universidades públicas en el diseño de políticas públicas, en particular en el ámbito legislativo. Las universidades han podido sumar su voz en debates y proyectos que han sido clave en los últimos tiempos, tal el caso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el diseño del Plan Estratégico Alimentario y Agroindustrial, la implementación del Sistema Argentino de Televisión Digital Abierta y Terrestre entre otros.
11. Las políticas culturales, que incluyeron la creación del Ministerio de Cultura, permitieron articular acciones favorables en las universidades como, por ejemplo, la creación de carreras que vinculan el arte y la comunicación con las industrias culturales en pos de una mayor soberanía nacional.
Los principios que nos guían
Desde ese camino recorrido y construido, y de cara al futuro nos proponemos seguir trabajando a partir de los principios de autonomía responsable en el marco de un sistema universitario en red basado en la cooperación y la programación; inclusión de todos los aspirantes a cursar estudios universitarios independientemente de su condición socioeconómica; pertinencia para contribuir al desarrollo sustentable con equidad social y calidad, reinterpretando todos estos conceptos en el contexto presente e incorporando el compromiso social como una dimensión igualmente trascendente de la vida universitaria.
La gratuidad ha sido un instrumento de inclusión de los jóvenes pertenecientes a los sectores medios, y sobre esa base, las becas y otros programas han sido el instrumento para el acceso a los jóvenes pertenecientes a los sectores humildes. Y este debería ser uno de los desafíos que se vienen: la igualdad de oportunidades para terminar de asegurar que todos los aspirantes a cursar estudios universitarios provenientes de los hogares del primero y segundo quintil de ingreso puedan acceder a la universidad, y aquellos con capacidades diferenciales.
Queremos poner en práctica el pensamiento crítico y auto reflexivo que permita revisarnos como institución, como actor social y político y sobre todo que contribuya a un diálogo abierto y franco con todas las fuerzas de la sociedad y que aporte a la construcción de nuevos horizontes.
Nuestra propuesta no intenta ser fundacional ni desconoce la historia; por el contrario, creemos que el fortalecimiento de la articulación entre las necesidades de la Nación y la vida universitaria debe desarrollarse de modo que implique, necesariamente, reconocer la historia, atender el presente y decidir sobre la visión del futuro que deseamos construir. Si bien hay mucho por hacer y cambiar, en nuestra historia se encuentran los aspectos que permitieron que las universidades sigan siendo parte innegable e imprescindible de cualquier proyecto transformador. Es sobre esa base que debemos, entre todos, proponer las continuidades y los cambios necesarios para poner a las universidades de cara a los desafíos de hoy.
Como representantes de las universidades Públicas deseamos participar en la definición de las políticas que hacen al bien común. No negamos que, todavía, existen prejuicios y fragmentaciones históricas; sin embargo, venimos trabajando con ahínco para superarlas y creemos haber avanzado en ese sentido.
Siempre hubo, hay y habrá diferencias de ideas dentro del sistema universitario. Celebramos que así sea. Las diferencias enriquecen y conforman la esencia del pluralismo imprescindible para el buen desarrollo de la Educación Superior, constituyéndose en sólida defensa cada vez que se intentó imponer un pensamiento único. Siempre, frente a las confortables certezas de los dogmas, preferimos las incómodas incertidumbres de la ciencia.
Desde esa misma perspectiva y ante la realidad que nos convoca, la diversidad universitaria converge en el desafío de involucrarnos activamente en la construcción del país desarrollado, sustentable y con equidad social que todos los argentinos nos merecemos. Tal es así que podemos afirmar que, en el conjunto de universidades públicas, existe hoy la predisposición necesaria para situar los objetivos trascendentes por encima de las divergencias coyunturales; así como para incorporar cada vez más variables locales y regionales que actúen como elementos catalizadores que faciliten e impulsen el avance hacia objetivos incluyentes e integradores.
Apostamos a profundizar las acciones tendientes a la construcción de un país que opte por un modelo de desarrollo basado en un sistema más justo de producción de la riqueza y la complementaria distribución del ingreso. Un modelo en el cual el trabajo y la educación se conciban a partir de la recuperación de su papel histórico como herramientas de inclusión y dignificación de los ciudadanos, así como vehículos para una movilidad social ascendente. Un modelo en el que la ciencia, la tecnología y el arte sean instrumentos para el mejoramiento de las condiciones de vida del Pueblo.
Nuestra propuesta
Ante las perspectivas que se abren en este año donde se renovarán las autoridades de la nación por medio del voto popular, queremos aportar nuestra perspectiva al debate público. Con esta finalidad creemos necesario:
1. Promover una concertación política amplia y plural entre las diversas fuerzas partidarias, que permita continuar y profundizar los programas estratégicos de desarrollo nacional. El compromiso nacional debería al menos incluir aquellos aspectos fundamentales que hacen al desarrollo productivo, social, tecnológico, educativo, cultural, comunicativo y geopolítico. La Argentina debe seguir consolidando un proyecto nacional de desarrollo integral, donde la universidad y la producción de conocimiento tenga un papel fundamental.
2. Concientizar en la necesidad de profundizar y mejorar los programas sociales, de empleo para jóvenes y la distribución del ingreso, tendiendo a la igualdad real de oportunidades sin discriminación de ninguna índole. En el plano universitario potenciar los proyectos que garanticen la inclusión de los jóvenes y los programas que vinculen a las universidades con los sectores socio-productivos del territorio, como, por ejemplo, los programas de Voluntariado.
3. Impulsar que los programas científicos y universitarios argentinos sigan contribuyendo a las acciones de reindustrialización y de agregación de cadenas de valor vigente. Las iniciativas tendientes a reforzar el ingreso de alumnos a las carreras de ingeniería y los programas de apoyo de la SPU o Y-TEC que hacen a la innovación tecnológica y a la formación de recursos humanos estratégicos, deberían continuarse como una política de Estado de largo plazo. Impulsar los medios que posibiliten el aumento de los alumnos y los egresados de las carreras tecnológicas en un 50 %, en un plazo de diez años.
4. Reconocer la importancia fundamental que tienen la ciencia, el arte y la tecnología, para el proceso de recuperación estratégica de la industria energética, las industrias culturales, las tecnologías relacionadas con la alimentación y la salud, el transporte ferroviario y naval y de aquellos nichos de innovación tecnológica que el Estado argentino está impulsando con ARSAT, CONAE, INVAP, TDA la CNEA y los sistemas universitario y científico tecnológico. La Argentina tiene que concientizar a sus jóvenes que se acercan a la educación y a la investigación, en la importancia que adquiere para cualquier país, la búsqueda de la soberanía nacional.
5. Acompañar la formación de una cultura popular, federal, nacional y sudamericana, estudiando y difundiendo las capacidades, los desarrollos y producciones folclóricas, tecnológicas e históricas de cada región y país. La universidad tiene la responsabilidad de avanzar en la puesta en debate y formulando soluciones a las agendas públicas de desarrollo.
6. Destacar que las universidades públicas deben contribuir a planificar las políticas educativas, tecnológicas y culturales con el conjunto del Estado y las organizaciones productivas y del trabajo del país. El dialogo activo entre el Estado Nacional y os distintos poderes públicos es estratégico para el futuro de la educación superior, profundizando las experiencias actuales e institucionalizando los ámbitos de discusión y de planificación concertada del sistema educativo y científico.
7. Garantizar la continuidad de la política de incremento anual y progresivo del presupuesto universitario, el cual deberá alcanzar el 1,5% del PBI en el 2020 y el 2% en el 2025. La inversión realizada en los últimos años favoreció el mejoramiento de la infraestructura universitaria, jerarquizó las tareas de los trabajadores y permitió el desarrollo de las universidades públicas. En este sentido es central propiciar el funcionamiento de las universidades, las inversiones en la infraestructura técnica y física, los derechos de los trabajadores y las políticas salariales en paritarias. Es de suma trascendencia para el país, coincidir en que el Programa de Infraestructura Universitaria debe continuar garantizando el equilibrio entre las universidades, las prioridades edilicias y el enfoque del desarrollo regional equilibrado. El gobierno entrante tendrá la responsabilidad de consolidar y de profundizar una política de Estado que trascienda los partidos y que garantice la promoción de políticas de bienestar universitario para estudiantes, docentes y personal técnico.
8. Debatir de manera conjunta y dialogada con el poder público y con los sectores del trabajo y la producción, los principios generales de una nueva regulación de la normativa universitaria. Consideramos oportuno acompañar la iniciativa de refundación institucional y legal recuperando las propuestas e inquietudes del conjunto del Estado, de los sectores productivos y de trabajadores del país. Las universidades están debatiendo la reforma de la Ley de Educación Superior y existen iniciativas y lineamientos de federaciones de estudiantes, de profesores y personal técnico y otros formulados en el contexto del CIN como es el caso del Documento de Vaquerías aprobado en 2007.
9. Acompañar el proceso de unidad de Sudamérica vigente con el MERCOSUR, la UNASUR y la CELAC. Consideramos oportuno avanzar en un sistema regional de articulación universitaria que tienda al reconocimiento de títulos y de competencias profesionales, que favorezca la movilidad masiva de los universitarios y que permita reforzar una identidad y un sentido de pertenencia sudamericano. Asimismo propiciar el desarrollo de la internacionalización de la educación superior.
10. Promover la expansión territorial y académica de forma equilibrada y planificada garantizando el acceso de la educación superior en todo el territorio nacional. Consideramos que debe propiciarse el desarrollo de la educación virtual, los CRES, el análisis de la creación de nuevas universidades y carreras en consonancia con las políticas de desarrollo de nuestro país.
En estos años las universidades hemos tenido un crecimiento histórico en el país. Es nuestro deseo, como representantes del sistema universitario público, que este proceso continúe y se profundice como base del desarrollo de nuestra nación.