De la Sota anunció el plan “Córdoba más segura”. El nuevo programa contempla la creación de la Policía de Pacificación y la incorporación de 1.768 efectivos.
En medio de las críticas por inseguridad y los cuestionamientos a las razzias policiales, el gobernador José Manuel de la Sota anunció el plan “Córdoba más segura”
El nuevo programa contempla la creación de la Policía de Pacificación y la incorporación de 1.768 efectivos. Además de 130 móviles para zonas rurales; 15 comisarías móviles; 1.200 cámaras de seguridad que se controlarán desde un centro de monitoreo; 15 comisarías móviles en zonas rojas; aplicaciones para smartphones y alarmas comunitarias.
Estos anuncios tienen una connotación política, ya que la cuestión de la inseguridad encabeza todas las encuestas de preocupación de los cordobeses, en especial de los capitalinos, según señala el diario La Voz del Interior.
En el auditorio del Centro Cívico, repleto de intendentes, funcionarios y dirigentes oficialistas, el mandatario provincial enumeró una batería de medidas, con las cuales el Gobierno espera capear el descontento social, que incluyó reclamos contra la Policía por los operativos masivos que realizó dos semanas atrás en barrio carecientes.
“Invertimos en serio en seguridad. Son millones y millones en vehículos, armamento, equipos de protección, comunicaciones. La gente quiere ver el policía en la cuadra, haciendo el rondín de a pie, quiere sentir que el policía es parte del barrio”, dijo De la Sota con gesto adusto.
“Tenemos que proteger a la gente de bien y, a los delincuentes, aplicarles la ley. El esfuerzo por la seguridad no es de un Gobierno, es de toda la sociedad”, finalizó el gobernador.
El mandatario se pidió que los efectivos policiales estén “cerca de la gente”. “No puede haber un comisario que no conozca a los curas de las parroquias de su distrito, que no conozca a los pastores, que no conozca todos los clubes de fútbol, que no conozca a los directivos de las comisiones vecinales. El comisario no debe estar dentro de su comisaría, debe estar dentro de la comunidad”, reafirmó el gobernador.
Habeas corpus
Tras la presentación del habeas corpus colectivo y preventivo que realizó el profesor Hugo Seleme, el juez Gustavo Reinaldi emitió una resolución donde dio lugar al pedido y pronunció recomendaciones al jefe de policía Julio Suárez, al gobernador José Manuel de la Sota y al fiscal general Alejandro Moyano.
El fallo apunta directamente a las convenciones internacionales asumidas por el país en el cual se compromete a respetar un umbral mínimo que hace a la dignidad de las personas. El juez observó que el accionar de las fuerzas de seguridad de la provincia de Córdoba no se ajusta a los estándares exigidos por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Al mismo tiempo, el magistrado encontró que, además de violar el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el modo de operar de la policía también contradice a la Constitución Nacional y Provincial.
Reinaldi, si bien aclara que no es competente para evaluar la eficiencia de la política de seguridad ejecutada por el gobierno de la provincia, destaca que en la actualidad no permanece privado de la libertad ninguno de los detenidos a través del Código de Faltas.
Según el informe que presentó el jefe de la policía, obligado por el juez, de los operativos de saturación resultaron aprehendidas 341 personas: «304 por contravenciones del Código de Faltas y 37 por delitos». Según el cálculo de las actas policiales, el promedio que permanecieron detenidas las personas capturadas por «infracción al Código de Faltas» (sin especificar el motivo) fue de 11 horas y 45 minutos.
Por este motivo, el magistrado calificó de «imprevisible, irrazonable y falto de proporcionalidad», el despliegue de 1500 agentes policiales para la detención de sólo 37 personas sospechadas de cometer hechos delictivos. De los cuales, la mayor parte de estos delitos fueron «resistencia a la autoridad o daño calificado» por parte de los individuos que se manifestaban en contra de los procedimientos.