El fiscal federal Gerardo Pollicita decidió imputar a Cristina, al canciller Héctor Timerman, al piquetero Luis D’Elía y al diputado Andrés Larroque por la denuncia efectuada por el fiscal Nisman cuatro días antes de su muerte.
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La presidenta Cristina Kirchner quedó hoy formalmente imputada por el supuesto encubrimiento de iraníes en la investigación sobre el atentado a la AMIA. La jefa de Estado había sido denunciada en la Justicia por el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de que fuera hallado muerto, según publica el diario La Nación.
La imputación de la Presidenta se conoció este mediodía por decisión del fiscal Gerardo Pollicita, quien analizó la presentación de Nisman, de casi 300 páginas. El funcionario judicial, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°11, firmó un requerimiento para que se tomen varias decenas de medidas de prueba. El dictamen quedó en el juzgado federal N° 3, Daniel Rafecas.
Por su parte, Clarín señaló que la Causa 777/15 fue abierta tras la denuncia de Nisman sobre encubrimiento de iraníes involucrados en el atentado a la sede de la AMIA en julio de 1994 y que está radicada en el juzgado de Daniel Rafecas. Así, Pollicita decidió darle curso a la acusación y requirió numerosas medidas de prueba para que se inicie de hecho una pesquisa al respecto.
La denuncia de Nisman, hecha el 14 de enero, posee escuchas donde se habla de las relaciones del Gobierno con Irán.
En el escrito, el fiscal reclamó una batería de medidas que no incluyen pedidos de indagatoria para los acusados. Cabe recordar que Nisman sí había pedido la indagatoria tanto de la mandataria como del resto de los acusados.
El dictamen
Según el requerimiento de instrucción redactado por el fiscal Pollicita y publicado en el sitio fiscales.gob.ar fueron imputados, además de la Presidenta y el canciller, los demás mencionados en la denuncia del fiscal Nisman: el diputado Andrés Larroque, los dirigentes Luis D’elía y Fernando Esteche; el dirigente islámico Jorge Yusuf Khalil, el ex juez Héctor Yrimia y Ramón «Alan» Bogado.
El fiscal que requirió el avance de la investigación dejó de lado los pedidos de indagatoria a la Presidenta y a Timerman que había solicitado y publicitado en decenas de medios el fiscal Nisman.
El requerimiento de Pollicita fue presentado ante el juez federal Sebastián Ramos, subrogante de Daniel Rafecas, ante quien había quedado radicada la denuncia de Nisman, quien fue encontrado muerto del 18 de enero en su departamento en la zona de Puerto Madero.
El fiscal dispuso «iniciar la pertinente investigación con miras a comprobar (…) la existencia del hecho y, consecuentemente, si el mismo puede ser penalmente reprochado a sus responsables».
Días antes de su muerte Nisman había denunciado a los funcionarios y dirigentes mencionados por supuestas actividades tendientes a desincriminar de la causa por el atentado a la AMIA a iraníes sobre los que pesan pedidos internacionales de captura.
En su denuncia, Nisman sostuvo que el memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán en el marco de la causa AMIA tenía, en realidad, el fin de sellar la impunidad de los acusados y activar una relación comercial que implicaba el intercambio de petróleo por granos.
El ex secretario general de Interpol, Ronald Noble, desmintió la denuncia de Nisman y aseguró que jamás el gobierno argentino había solicitado la caída de las credenciales rojas que aún pesan sobre los imputados iraníes, algo que sólo podía hacer el juez natural de la causa, Rodolfo Canicoba Corral.
Desde el gobierno nacional remarcaron, además, que Argentina nunca compró petróleo a Irán porque éste no podría refinarse en el país y que el comercio entre ambas naciones ha decaído a niveles ínfimos, incluso después de la firma del memorándum de entendimiento.
Nisman había solicitado la indagatoria y un embargo de 200.000.000 de pesos sobre los nuevos imputados.
Luego que quedara definida la competencia de Rafecas para investigar el hecho, el juez Ramos -que lo subroga- “dio vista” a Pollicita, para que el fiscal opinara si correspondía rechazar la denuncia o impulsar la acción penal.
Pollicita solicitó “decenas de medidas de prueba”, indicaron fuentes con acceso a la causa.
Texto completo del fallo del fiscal