Veredicto por Río Tercero – María Eugenia y Maria Julia Dalmasso Gritti se mostraron emocionadas al expresar: «pasó tanto tiempo que parecía que no iba a llegar. Es algo que esperábamos desde hace 19 años».
Pasado el mediodía y en una sala de audiencias colmada, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 condenó a Edberto González de la Vega, a Carlos Franke y a Jorge Cornejo Torino a la pena de 13 años de prisión, y a Marcelo Diego Gatto a 10 años, en todos los casos por considerarlos «autores mediatos» del delito de «estrago doloso agravado por la muerte de personas».
El tribunal, formado por los vocales Carlos Lascano, José Pérez Villalobos y Mario Garzón, se limitó a leer la parte resolutiva de la sentencia, mientras que fijó para el 27 de febrero próximo la audiencia en la que se dictarán los fundamentos del fallo contra Cornejo Torino y Gatto (ex autoridades de la fábrica), y Franke y González de la Vega (ex integrantes de la conducción de Fabricaciones Militares).
Tras conocerse la sentencia y aunque habían pedido una pena de 17 años para los cuatro imputados, los abogados querellantes calificaron de «histórico» el pronunciamiento por entender que, en cierta forma, «se hacía justicia con la población de Río Tercero».
«Las penas impuestas demuestran que, tal como sosteníamos, la voladura fue perpetrada y programada por estos tipos (en alusión a los cuatro imputados) para ocultar la venta ilegal de armas», aseveró a Télam Aukha Barbero, uno de los abogados querellantes.
Barbero insistió en que espera que la Cámara Nacional de Casación Penal resuelva «pronto» los recursos procesales pendientes para que se pueda definir si también será posible juzgar al ex presidente «Carlos Menem» y al ex jefe del Ejército, «Martín Balza», como siempre lo ha pedido la querella.
En el mismo sentido, el otro abogado querellante, Horacio Viqueira, expresó: «habrá que esperar a conocer los fundamentos de la sentencia, porque allí, seguramente, se referirán a los primeros niveles de mando de Fabricaciones Militares, así como a las autoridades políticas y militares de la época, dado que hoy se condenó a quienes formaban parte del segundo y tercer nivel (de Fabricaciones Militares)».
De todos modos, y tras conocer la decisión del tribunal, Viqueira enfatizó: «lo importante es que está probado de la explosión fue un hecho intencional y que se usó la Fábrica de Río Tercero para ocultar el contrabando de armas. No fue un accidente, ni un algo fortuito, sino programado».
Por su parte, las hijas de Ana Gritti (querellante en la causa fallecida en abril de 2011), María Eugenia y Maria Julia Dalmasso Gritti se mostraron emocionadas al expresar: «pasó tanto tiempo que parecía que no iba a llegar. Siempre por una cosa o por otra se demoraba. Es algo que esperábamos desde hace 19 años».
«Estamos conformes. Nosotros siempre supimos la verdad, a pesar de que pusieron muchas trabas. Nos sentimos solas muchas veces. Mi mamá la luchó enferma, los abogados continuaron la investigación. Y, ahora, que un tribunal nos diga que tenía razón, significa que la espera no fue en vano», enfatizaron las mujeres, hijas de Gritti y de Hoder Dalmasso, quien murió a causa de la explosión.
A raíz de lo sucedido, que en el plano judicial supuso un largo proceso con numerosos recursos ante la Cámara Nacional de Casación penal y ante la Corte Suprema de Justicia que demandaron casi dos décadas de tramitación, perdieron la vida Aldo Aguirre, Leonardo Solleveld, Romina Torres, Laura Muñoz, Dalmasso, José Varela y Elena Ribas de Quiroga.
Tras conocerse el fallo, los abogados de los acusados se mostraron disconformes, tal es el caso de Hugo Bustos, defensor oficial, que representó a Franke, al señalar que «la sentencia no se ajusta a derecho» y cuestionó la aplicación del concepto de «autores mediatos», que impuso el tribunal a los acusados.
En la misma dirección, Tristán Gavier, defensor de Cornejo Torino y de Gatto, lamentó el sentido de la sentencia, por entender que, tras la celebración del juicio oral, «no hay una sola prueba directa» que vincule a los imputados con lo sucedido.
Las penas dispuestas por el tribunal no coincidieron con lo que habían pedido el fiscal general Alberto Lozada (15 años para los cuatros imputados) ni con los querellantes particulares (17 años para todos los acusados), ni mucho menos con lo requerido por los defensores de los imputados, que habían demandado la absolución de sus clientes, en todos los casos.
A lo largo de todo el juicio oral, según la Fiscalía y según los abogados querellantes, pudo comprobarse que la explosión fue un hecho intencional que tuvo por fin ocultar el “faltante de proyectiles y de municiones que tenía el Ejército, a raíz de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia” en los años 90.
En el juicio se juzgó a los cuatro imputados, sin que hayan sido incluidos el ex presidente Menem y el ex jefe del Ejército, Balza, quienes fueron sobreseídos, aunque la resolución fue recurrida y aún está pendiente de resolución.
Varias veces el fiscal y la querella pidieron que sea juzgado Menem, porque «se demostró su directa intervención en los hechos ilícitos (venta ilegal de armas a Croacia) que se intentaron ocultar con las explosiones provocadas en la fábrica de Río Tercero».
En junio de 2013, el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 (TOPE 3) de Capital Federal condenó a Menem a siete años de prisión por ventas ilegales de armas, entre 1991 y 1995, a Ecuador y Croacia, hecho por el cual también se impuso penas a otros ex funcionarios y ex directivos de Fabricaciones Militares.
49.000 proyectiles
El juez federal a cargo de la instrucción Luis Rodolfo Martínez solicitó pericias contables al respecto y los peritos arribaron a conclusiones precisas: “las cantidades de materiales informadas desde Fabricaciones Militares como parte de sus existencias no eran las que realmente existían en la Fábrica Militar Río Tercero al momento de las explosiones”. En cifras el informe presentado por los peritos contadores oficiales señaló, ya en 199, que la diferencia alcanza a la cantidad de 49.000 proyectiles, entre otros puntos.
Los abogados Horacio Viqueira y Aukha Barbero que representan a las hijas de Francisco Hoder, uno de los siete fallecidos, coincidieron en la descripción de los hechos. Pero habían solicitado 17 años de prisión en cada caso. Y al finalizar su alegato, señalaron que «lamentablemente había otras personas involucradas que en el transcurso de la causa fallecieron». Se referían a quien era jefe de fabricaciones militares en el momento de las explosiones, Juan Andreoli, al teniente Oscar Quiroga y a Norberto Emanuel, un civil que en 1995 era subinterventor de FM.
El fiscal Lega manifestó que estaban conformes con la decisión del tribunal, que consideró la autoría mediata de los hechos. Esto implica que consideraron que los imputados “actuaron dentro de una estructura de poder que le da dominio sobre el hecho, más allá de que no fueron sus autores directos”. El letrado considera valiosa esta posición para la revisión de la situación del ex presidente Carlos Menem en relación a los hechos. El año pasado, Menen fue condenado y apeló la sentencia que lo encontró culpable por el contrabando de armas; pero por la explosión el ex presidente y el ex jefe del ejército y actual embajador, Martín Balza, quedaron desvinculados por falta de mérito, aunque las partes recurrieron esta decisión judicial.
La explosión
Esa mañana, a las 8.55, según el auto de elevación a juicio, las llamas rápidamente alcanzaron los tambores trotyl (un explosivo) y, en cuestión de minutos, se escucharon dos explosiones, casi simultáneas. La tercera explosión, según los testimonios, se escuchó entre 10 y 12 minutos después, en los depósitos de Expedición y Suministros. Y, según determinaron los peritos oficiales habría sido independiente de las primeras.
Ese día en el barrio Escuela, una de las esquirlas alcanzó a Laura Muñoz, tenía 27 años. Su hermano y su madre la vieron morir. Elena Rivas tenía 52 años vividos y también fue víctima de la explosión. Y entre las fallecidas también estuvo Romina Torres, una chica de 15 años a la que el siniestro sorprendió en el aula donde cursaba el tercer de la secundaria en el Colegio Nacional.
A ellas se sumaron Aldo Aguirre, un joven de 25 que advertido de las explosiones se quedó en la zona para ayudar a otros vecinos de Río Tercero; Mario Solleveld de 32 años, alcanzado por una esquirla cuando salió de su casa a buscar ayuda para sacar a su mujer y a su hija y José Varela, un hombre de 50 años de edad. Y el profesor Francisco Hoder, el único caso en el que sus familiares siguieron la querella penal.
Hoder estaba trabajando en la escuela industrial, a dos cuadras de la fábrica militar. Se quedó para ayudar a evacuar a los alumnos. La onda expansiva de la tercera explosión lo alcanzo en su auto, cuando intentaba alejarse. Tenía 55 años y su corazón no lo soportó. Su esposa, la abogada Ana Gritti (fallecida), fue el motor de la investigación que ahora sostienen sus hijas, María Eugenia y María Julia Dalmasso Gritti, asistidas por Viqueria y Barbero.