El Tribunal Federal de Córdoba declaró la nulidad del juicio contra los 14 involucrados en el escándalo de los cheques. El requerimiento del Juez Federal Carlos Ochoa fue desestimado por el Tribunal debido a «falencias» y «ambigüedades».
El Tribunal Oral Federal Nº 1 resolvió este lunes declarar la nulidad de los pedidos de elevación a juicio presentados por el fiscal federal Guillermo Lega y el juez Carlos Ochoa, por el caso iniciado en 2007 que involucra a 14 personas en una supuesta red delictiva que usaba indigentes para evadir impuestos.
En la resolución del máximo Tribunal, se cuestiona los argumentos esgrimidos por el fiscal y el magistrado y señala que «contienen severos vicios que los tornan absolutamente nulos, y por ende inválidos para iniciar la audiencia de debate en las condiciones apuntadas», por lo cual se solicita que las actuaciones fueran confeccionadas nuevamente.
El caso
Por el hecho están procesados como coautores Atilio Mengo, María Pía Cardoso, Luisina Mengo, Francina Mengo, Sergio Bertoni y Sebastián Barreiro.
Además, surgen como partícipes necesarios de asociación ilícita tributaria Hugo Agüero, Claudio Giles, Romina Moyano, Leonardo Pettiti, Gabriel Ludueña, Eduardo Metta, Diego Metta y Gabriel Metta.
Algunos imputados habrían adherido a la ley de blanqueo y, para la defensa, estaría la prescripta la persecución penal.
La Justicia investigó a Mengo por ser accionista de las firmas FLG y Soybens, dedicadas a la comercialización de cereales de la ciudad de Córdoba. En la causa está involucrada y estuvo más de tres meses detenida en la cárcel local María Pía Cardoso.
Los investigadores apuntaron a las maniobras de comercialización marginal de granos a través de la utilización de personas indigentes y la operatoria de cheques confirmarían la hipótesis de trabajo que vincula a las empresas Soybeans, FLG y la financiera.
Cuando María Pía Cardoso fue descubierta con siete indigentes que estaban por cobrar cheques de 40 mil pesos cada uno, la asociación ilícita que habría integrado la abogada ya llevaba al menos cinco años orquestando maniobras para evadir impuestos federales, según había constatado el Juzgado Federal de Río Cuarto.