Se trata de un caso ocurrido hace dos años y medio, cuando la mamá de la niña advirtió –a través del relato de su hija- una posible situación de abuso sexual, que habría sido generada por su abuela paterna.
El Consejo de Niñez y Juventud y el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto expresaron su «profunda preocupación ante un caso de posible mala praxis judicial que estaría provocando la vulneración de derechos de una niña presuntamente abusada por su abuela».
Se trata de un caso ocurrido hace dos años y medio, cuando la mamá de la niña advirtió –a través del relato de su hija- una posible situación de abuso sexual, que habría sido generada por su abuela paterna, «con la complicidad y/o connivencia del padre de la niña».
En un documento advirtieron que «desde entonces, la madre de la niña presuntamente abusada –cuya identidad se reserva para proteger los derechos de la niña afectada- ha fatigado incesantemente distintos despachos oficiales y del Poder Judicial, sin que hasta el momento haya obtenido una respuesta institucional acorde a lo establecidos por las leyes nacionales e internacionales en materia de Derecho de la Niñez».
Según el relato de la madre, corroborado en todos sus términos por la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de Río Cuarto, «su reclamo no tuvo respuesta en ninguna de las instituciones a las que ha recurrido en resguardo de los derechos de su hija».
Desde el Observatorio señalaron que «el periplo de esta madre desesperada buscando ayuda para proteger a su hija de una situación de posible abuso sexual fue el siguiente»:
1.- En la Fiscalía a cargo de Fernando Moine, donde se imputó por abuso sexual agravado por el vínculo a la abuela de la niña, pero luego se dictó el sobreseimiento. La causa fue apelada y está a la espera de una resolución en instancias superiores, en el tribunal superior de Justicia.
2.- En el Juzgado Civil y de Familia, la Jueza no ha garantizado los derechos de la niña, ni ha tenido en cuenta el principio del interés superior de los niños, al punto que una de las últimas resoluciones adoptadas por la magistrada fue ordenar la revinculación de la niña con su padre, sin una preparación previa ni apoyo psicológico, en ese momento ni actualmente.
«Entre otras presuntas irregularidades cometidas por la magistrada, se destacan las siguientes»:
a) Innecesaria recurrencia a Cámaras Gessell, que favorecen la revictimización de la niña, interfiriendo en los espacios de escucha real y producción propios de una menor, agravando con el paso del tiempo el daño psíquico producido por la traumática experiencia del presunto abuso sexual.
b) Desacreditación de diferentes informes psicológicos realizados a la niña, que obran en el expediente judicial y son coincidentes en los indicadores sobre la existencia de un posible abuso sexual, pese a haber sido realizados en distintos momentos y sin que los profesionales tuvieran contacto alguno entre sí. Esta situación se agrava por cuanto los psicólogos que evaluaron a la niña han sido intimados por el padre de la menor por supuesta violación del secreto profesional, hecho que fue denunciado por el papá al Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba.
c) Presunta imparcialidad de la jueza, que desestima los informes de las profesionales mencionadas anteriormente, no consideró en ningún momento a la niña como sujeto de derecho y habría favorecido los planteos del padre sospechado, al punto tal de haber ordenado su revinculación sin otro recaudo que la compañía de una acompañante terapéutica, contratada por el padre de la niña presuntamente abusada.
Informados de esta situación por la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Río Cuarto, que ha dado contención a la madre de la niña presuntamente abusada y ha pedido el asesoramiento e intervención de destacados especialistas en Derechos de la Niñez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), «manifestamos nuestra preocupación ante la posible vulneración de derechos de una niña y la falta de respuesta institucional a su madre, en un caso donde la persona denunciada ostenta una clara situación de poder -devenida del hecho de ser la cónyuge de un intendente con vinculaciones políticas en la ciudad y la provincia- que contrasta con la excesiva vulnerabilidad de la niña y su madre, que ha fatigado despachos oficiales y judiciales sin éxito a lo largo de los últimos dos años y medio».