Tras el escándalo con la División Drogas Peligrosas, que derivó en la imputación y detención del jefe y otros agentes de la fuerza, la legislatura avanzó en el nuevo cuerpo anti narco.
Tras el escándalo con la División Drogas Peligrosas, que derivó en la imputación y detención del jefe Rafael Sosa y otros agentes de la fuerza, la Legislatura provincial aprobó la Ley orgánica de la Policía Antinarcóticos de Córdoba.
La unidad «tiene como objetivo combatir el mercadeo de drogas ilícitas y que remplazará a la División de Lucha contra el Narcotráfico que actuará en todo el territorio provincial y dependerá de la Fiscalía General de la Provincia».
El legislador de Unión Por Córdoba (UPC), Sergio Busso, resaltó que la nueva fuerza «no estará vinculada al poder político, lo que le otorgará mayor independencia y autonomía administrativa».
La conducción estará en manos del Ministerio Público, a través del Fiscal General, quien elegirá al director y al subdirector de la fuerza. No obstante, ambos cargos deberán ser aprobados por la Legislatura, donde el desalotismo tiene mayoría.
La ley propone, además, una capacitación diferenciada para los uniformados que integren la nueva fuerza. A su vez, deberán presentar una declaración jurada patrimonial anual, como así también su cónyuge o conviviente.
Por otro lado, tendrán una dedicación exclusiva y no podrán hacer adicionales, «por lo que se trata de una fuerza que percibirá una remuneración mayor que la de un efectivo común».
Finalmente, se prevé la creación de una comisión legislativa integrada por representantes de todas las fuerzas políticas, cuya finalidad será el control del funcionamiento de la fuerza.