Los ediles Scoppa y Carranza fueron acusados por el delito de usurpación y serían citados a indagatoria la semana que viene. La resolución conmovió al parlamento local.
Imputaron al presidente del bloque de Río Cuarto para Todos Martín Carranza y al concejal de Encuentro Ciudadano Eduardo Scoppa por el delito de usurpación por despojo, debido a la intervención efectuada sobre la sede de la vecinal Quintitas Golf.
Lo definió el fiscal Julio Rivero quien se apartó de la causa y ahora será el fiscal Guzmán quien continúe la instrucción. Rivero tomó la determinación porque los ediles son asesorados por el doctor José Abrile, quien era su socio de estudio años atrás.
El anticipo de las imputaciones fue confirmado por el fiscal de Cámara Jorge Medina.
En diálogo con Telediario, el funcionario manifestó que “la decisión de imputar la tomó el doctor Rivero, quien le atribuye a ambos implicados el delito de usurpación por despojo, previsto en el artículo 281 del Código Penal, que prevé una pena de 6 meses a 3 años de prisión”.
– ¿Su intervención se debe al apartamiento de Rivero?
– Efectivamente. A partir de la designación de un abogado defensor que tuvo una relación con el fiscal. Se tomó la decisión que intervenga en esa causa el fiscal de Primera Nominación, Walter Guzmán.
– ¿Será Guzmán quien tome las indagatorias?
– Exactamente. A él le va a tocar la tarea, con los pasos que defina la instrucción.
– ¿Se trata de un delito excarcelable?
– Efectivamente.
Clausura
La Justicia civil ya había ordenado la clausura de la sede de la vecinal Quintitas Golf, en medio de la polémica por la denuncia a concejales del parlamento local.
La medida fue determinada por el Juzgado de Segunda Nominación, a cargo de la doctora Fernanda Betancourt, tras el reclamo presentado por la asociación barrial a los concejales Scoppa y Carranza, y contra la Municipalidad de Río Cuarto. Así lo precisó en diálogo con Telediario el doctor Ricardo Muñóz, asesor de la intervención impulsada por Héctor Avila.
El letrado destacó que “el reclamo judicial es para que la sede sea restituida a la la entidad con personería jurídica sin fines de lucro”.
“La resolución de la medida cautelar es por 4 meses, mientras se resuelve el pleito judicial. No afecta al jardín maternal, ni al centro de jubilados”, aclaró.
Para Muñóz, “la jueza entendió que hay riesgos serios sobre los bienes de la vecinal” y afirmó que “frente a la clausura y el resguardo de las llaves, van a estar preservados los bienes muebles e inmuebles de la vecinal”