Investigan al presidente de la Rural, Etchevehere por “administración fraudulenta”

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La demanda está radicada en el Juzgado de Instrucción No 3 de Entre Ríos, a cargo de Alejandro Diego Grippo, con la intervención de la fiscal Evangelina Santana.

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El presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, está siendo investigado penalmente por el delito de administración fraudulenta, junto a sus hermanos Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere y la madre de los tres, Leonor María Magdalena Barbero Marcial.
Según señala el diario Página 12, la demanda está radicada en el Juzgado de Instrucción No 3 de Entre Ríos, a cargo de Alejandro Diego Grippo, con la intervención de la fiscal Evangelina Santana.
La causa busca determinar las maniobras financieras de la estancia Las Margaritas S.A., propiedad de la familia demandada, que cuenta con 5000 hectáreas dedicadas a la agricultura y a la ganadería. Página/12 accedió al expediente judicial No 55.212, en el que se investiga si los demandados redireccionaron dinero de un préstamo millonario del Banco Itaú al que accedió Las Margaritas hacia otra compañía del mismo grupo, Construcciones del Paraná S. A., algo que está prohibido por la Ley de Sociedades Comerciales y penado como defraudación en el Código Penal.
“Al ponerse la lupa sobre los manejos financieros de Las Margaritas, surgieron otras inconsistencias en los balances de la compañía. La Justicia investiga si los demandados inflaron sus costos para reducir sus márgenes de ganancia, lo que redundaría en una posible evasión fiscal (ver nota aparte). La estancia está intervenida a raíz de un complejo juicio sucesorio, por el Juzgado en lo Civil y Comercial No 7, actualmente a cargo de Martín Furman”, indicó el matutino.
Añade que, antes de asumir como presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere ocupaba la conducción de la Rural de Entre Ríos. Al ascender, dejó en su puesto a Esteban Vitor, vicepresidente del PRO en la provincia, síndico de Las Margaritas y apoderado de Etchevehere. Su hermano Juan Diego Etchevehere es uno de los directores de la estancia y presidente de la Fundación Pensar (PRO) en Entre Ríos. Su otro hermano, Arturo Sebastián, es el integrante del grupo familiar que siguió ligado al histórico El Diario de Paraná. Desde ese rol, ocupa un lugar en la junta de directores de Adepa. La madre de los tres hermanos es la octogenaria Leonor María Magdalena Barbero Marcial, quien estuvo casada con Luis Félix Etchevehere, hasta la muerte de éste en 2009.
En esta historia hay un personaje que no fue nombrado: la hermana de Etchevehere. Ella es quien lleva adelante la querella contra los otros accionistas de Las Margaritas, por considerar que sus familiares directos cometieron defraudación al contraer créditos para sus propios beneficios, según puede leerse en el texto de la demanda penal. No aparecerá mencionada con nombre y apellido porque los demandados consiguieron una medida cautelar (bozal legal) para impedirle hablar de la causa –algo que corroboró este diario al intentar comunicarse con ella– o aparecer en los medios de comunicación.
La investigación comenzó en el momento en que los Etchevehere vendieron el 60 por ciento de El Diario de Paraná –Sociedad Anónima Entre Ríos, SAER– al financista santafesino Walter Grenón, y crearon una empresa para transferir inmuebles que eran parte del capital accionario del diario. Vendieron su parte, que incluía los inmuebles, para luego “volverlos a comprar”. De los elementos que figuran en la causa a la que tuvo acceso este diario puede inferirse que el objetivo fue sacar de la sucesión inmuebles por más de 14 millones de pesos. La querellante de esta causa había sido excluida de la venta del diario y de las instancias legales vinculadas a Las Margaritas, a pesar de ser una de las herederas.
Del balance societario cerrado en diciembre de 2011, impugnado en sede judicial, surge que la sociedad incrementó su pasivo de 447.303 pesos a 1.747.511 pesos. El endeudamiento se originó en los préstamos tomados en el Nuevo Banco de Entre Ríos S. A. por al menos 500.000 pesos y en el Banco Itaú por 1.066.000 pesos. En los mismos asientos contables figura el ítem Cuenta Particular de Accionistas, es decir, dinero retirado por los demandados, por 1.066.000 pesos. La querella preguntó en el expediente por qué habían solicitado ese crédito y luego retirado el dinero, sin ser aprobado en asamblea. La respuesta que le dieron al juez desde el Grupo Etchevehere fue que “esa plata había sido solicitada para sembrar pero, como el clima fue desfavorable, la usamos para otro negocio”.
La ley de sociedades establece que los dividendos “no pueden ser aprobados ni distribuidos a los socios, sino por ganancias realizadas y líquidas resultantes de un balance confeccionado de acuerdo con la ley”. Es decir, no contempla la toma de un crédito para realizar otros negocios particulares. El Código Penal lo califica de defraudación.

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