Desconfianza en cuotas
En un préstamo hipotecario se ponen en debate las condiciones financieras y una elección de los adherentes, según lo determinan los intereses corporativos de la entidad bancaria. Si alguna de las partes vulnera lo pactado, las normativas administrativas ó judiciales deciden el pleito. La confianza es solo un slogan.
En el sistema habitacional del municipio, en cambio, existe un compromiso en el que las partes deben sostener credibilidad para hacer viable el proyecto. Las 720 familias riocuartenses que apostaron por el plan de viviendas de clase media municipal decidieron simplemente confiar en la propuesta y en sus oferentes. El plan se divide en cuatro etapas de construcción y en la primera instancia, solo se levantan un centenar de unidades habitacionales, es decir un 13 por ciento del total previsto. Antes de recibir la casa, los futuros adjudicatarios deben abonar una cuota de 700 pesos y luego, la cuota definida para las opciones de uno, dos ó tres dormitorios. Además, existe un pago único de 20 mil pesos a cancelar antes de tomar posesión. En todos los casos, el aporte es actualizable cada 6 meses. Los beneficiarios realizan un voto de confianza en cada cuota previa: pagan por una casa a la que podrán acceder en uno ó varios años, según la etapa de construcción en la que fueron incluidos. El municipio también debe confiar en haber elegido en forma correcta a quienes se convertirán por primera vez en propietarios. La falta de pago se podría traducir en un vaciamiento sostenido de la caja para viviendas. En este círculo de acuerdos, el futuro adjudicatario prevé que le harán su vivienda y el municipio aspira a que las cuotas se paguen según lo pactado. Como sucede con cualquier convenio, también sería la Justicia la que defina eventuales incumplimientos, pero el resultado de una pérdida de confianza podría devenir en un daño secuencial, como en un efecto dominó.
De principio, a fin
Aunque el convenio es entre dos partes, existe un tercero en discordia con capacidad para fortalecer ó vulnerar ese vínculo original. IVECOR no solo construye la primera etapa, sino que está a cargo de la totalidad de las viviendas de clase media. En la compañía se delegó la principal razón de gobierno, en la que están inmersos millones de pesos y el devenir político de un Ejecutivo castigado por el déficit en la gestión.
La parálisis que se advierte en los obradores de viviendas que la Municipalidad preveía inaugurar en marzo, el reclamo de trabajadores y contratistas por falta de pago, la denuncia pública por cheques sin fondo, la presencia de empleados menores de edad ó en negro y el hermético silencio de los responsables de la firma con sede en Monte Maíz, fomentan un descrédito hacia la solvencia de la empresa y, por ende, a la viabilidad del plan.
Las argumentaciones con las que el oficialismo intenta fundamentar la actualidad del proceso no logran aliviar el creciente contexto de dudas. Las lluvias de enero y febrero solo podrían explicar parcialmente la desoladora realidad de los obradores vacíos: en las soleadas jornadas de abril, el movimiento de trabajo fue casi nulo. La presunta demora en la creación de una pintura texturada que mejore a la prevista en la licitación, también surge como una afirmación insuficiente para justificar un letargo de varias semanas. La razón que parece consolidarse como una severa advertencia para la continuidad del proceso es el estado financiero de Ivecor. El freno abrupto en los trabajos coincidió con el impacto devaluatorio de enero y reveló que la promocionada solidez económica de IVECOR desprendía grietas difíciles de ocultar con un verano de aguacero frecuente.
Los voceros habituales de la empresa apagaron sus celulares a la prensa, las casas quedaron paralizadas y el municipio activó dos instancias para evitar lo que suponía, el mal mayor: acordó mayores costos que buscarán paliar el alza inflacionaria y otorgó otros 90 días de plazo para la entrega de las viviendas.
Tiempos que corren
Resultara difícil que Juan Jure pueda cumplir con la construcción de 2 mil viviendas antes de concluir su segundo mandato. Con los actuales tiempos de ejecución, hasta resulta complejo que pueda inaugurar la totalidad de las unidades previstas para la clase media. El escenario doblega el discurso optimista del oficialismo y actúa como un confuso mensaje para quienes sustentan su compromiso en un dictamen de confianza.
Que el municipio se encuentre al día con los pagos y que el pliego de licitación otorgue algún respiro a IVECOR, no logran disipar un clima cada vez más enrarecido. A pesar de los fondos que el gobierno ha derivado a las arcas de la empresa, todavía no pudo inaugurar ninguna vivienda ni existe una fecha precisa para el acto oficial. Tampoco hay certezas sobre el comienzo de la segunda etapa, a pesar de las 40 estructuras presuntamente acopiadas en los galpones que posee la firma en su casa central.
La Municipalidad necesita de una urgente reactivación de las tareas y un replanteo de las garantías que ofrece IVECOR para asegurar que no habrá nuevas tormentas en un proceso enturbiado de nubarrones.
Los 750 cheques rebotados en solo 2 meses, por un valor superior a los 7 millones de pesos, según lo revela un informe publicado por el periodista Marcos Jure en diario Puntal, parecen ratificar que el estado de crisis es algo más que un espasmo financiero.
En cuotas
El plan que Jure anunció como revolucionario, apunta a consolidar como política de Estado un proyecto que ayude a eliminar paulatinamente uno de los mayores flagelos en la ciudad. Hay más de 15 mil familias que dependen de un alquiler y otras 1.500, arraigadas en villas cada vez más populosas. Es difícil que algún riocuartense no padezca en carne propia ó a través de un hijo, un amigo ó un vecino, el drama de no poder acceder a la vivienda. La problemática se naturalizó a la par de la mercantilización sojera de las operaciones inmobiliarias, la ausente oferta crediticia de los bancos y los recurrentes incumplimientos estatales, con el Hogar Clase Media y el Plan Federal como banderas.
Jure se animó a crear una opción de viviendas inédita, acompañada por una oferta de terrenos a precios accesibles, que aspiró a un cambio profundo sobre la lógica del mercado local. En el recorrido de un proceso en estreno, surgió la endeblez de la empresa que debe garantizar de principio a fin el plan.
El municipio ya intentó adjudicar a los efectos climáticos las culpas por el estado de las calles y el resultado fue un malhumor colectivo, que obligó a un enroque urgente en el gabinete. Tropezar dos veces con la misma piedra podría derivar en un condicionante aún mayor que la parálisis temporal de las viviendas. La confianza no es una concesión indefinida y el municipio la necesita como garantía vital de la continuidad de la propuesta.
Por Pablo Callejón (callejonpablo@yahoo.com.ar)
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