Una resolución que aparecía como inminente a la luz de los últimos movimientos que tuvo la investigación a raíz del escándalo de la financiera Cordubensis (CBI), el fiscal federal Enrique Senestrari resolvió imputar al empresario Juan Carlos Barrera y a sus tres hijos, Iván, Mariano y Pablo, por supuesta asociación ilícita e intermediación financiera a través de la empresa recaudadora de caudales y de cajas de seguridad Bacar-Blinbox.
También fueron imputados otros socios de la firma, aunque sus nombres no trascendieron por el momento.
El fiscal confirmó a este diario que había ordenado un nuevo allanamiento en el domicilio particular de Barrera, en la ciudad de Córdoba. Y aclaró que si bien se trata de una causa paralela a la de CBI, ambas tienen una estrecha relación. “Son expedientes vinculados”, se explicó desde Tribunales federales.
“El esquema sería muy similar entre Bacar y CBI. Hay mutuos firmados que probarían la intermediación financiera”, describió Senestrari.
“Esto es producto de allanamientos de la semana anterior, más una cámara oculta que se difundió por Canal 10”, agregó.
Días agitados
En los últimos días, la empresa Bacar había quedado en el centro de la investigación por diversas cuestiones.
El viernes de la semana pasada, fue objeto de un allanamiento ordenado por el fiscal Gustavo Vidal Lascano (cubría a su par Senestrari, fuera de la provincia). Se buscaron pruebas a partir de la cámara oculta en la que aparecía Pablo Barrera brindando datos a dos ahorristas, en los que confirmaba una presunta intermediación financiera.
El sábado, en tanto, abogados de la cadena de supermercados Mariano Max denunciaron a la transportadora de caudales por la presunta retención indebida de una millonaria suma producto de la recaudación del último fin de semana largo, causa que quedó en el fuero provincial.
Y a principios de semana, el abogado Carlos Nayi, que representa a varios ahorristas que le reclaman a CBI fondos supuestamente retenidos, presentó en el fuero federal a dos hermanos que aportaron un contrato de mutuo en dólares supuestamente firmado por Juan Carlos Barrera (expresidente del Club Instituto) y su hijo Iván.
A mediados de abril, una particular, Laura Lucrecia Sabasta (jefa seccional del área Desarrollo en la Dirección General de Catastro de la Provincia) se presentó en la Justicia también patrocinada por Nayi y denunció a Juan Carlos Barrera por los presuntos delitos de estafa, intermediación financiera clandestina y asociación ilícita.
Reclamó que desde febrero no podía extraer 32 mil pesos y 21 mil dólares que había depositado en la empresa con sede en Olmos 431, del centro de la ciudad de Córdoba. Al respecto, el letrado agregó que le habían ofrecido que dejara el dinero allí con tasas anuales de retribución del 15 por ciento en pesos y el 12 por ciento en dólares.
Mariano Barrera fue uno de los socios originales de la empresa Cash SA (luego se desvinculó), que después se convirtió en CBI, la firma que colapsó en febrero, poco tiempo antes de que apareciera muerto uno de sus socios, Jorge Suau.
Por esa causa, están imputados los últimos socios de CBI, también por asociación ilícita e intermediación financiera, como en este caso. En su oportunidad, Senestrari pidió que fueran detenidos, pero el juez Ricardo Bustos Fierro no hizo lugar a esta medida. Se cree que ahora, con las imputaciones de los Barrera, sucederá lo mismo y continuarán en libertad.
Horas antes de ordenar el allanamiento en el domicilio de Juan Carlos Barrera, en calle Nazareth, de Urca, el fiscal dispuso prohibir la salida del país de los cuatro integrantes de la familia que fueron imputados, ya que investigadores de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la fuerza que ejecuta todos los operativos en esta causa, habían detectado “movimientos sospechosos” en la vivienda, según adelantó una fuente con acceso a la causa.
Fuente La Voz del Interior