«Necesitamos, para sostener los avances en términos de políticas sociales implementadas por este Gobierno seguir profundizando opciones populares y democráticas para nuestro país….»
En estos días hemos asistido a nuevas, ya hubo otras, operaciones del bloque de poder en la Argentina (grupos económicos, financieros, del sector comunicacional y del campo político) que intenta restaurar privilegios económicos a través del traslado del costo económico y social a los sectores populares, con claras articulaciones con los bloques de poder de los países centrales.
Hay grupos de poder que así como desestabilizaron los gobiernos de Paraguay han intentado operar en otras zonas de la Patria Grande, como en Bolivia y en Venezuela, como se ha denunciado desde el Mercosur, la Unasur y el Alba. Más aún, sobrados ejemplos tenemos en nuestros país de estas situaciones: derrocamiento de Perón en el 55, sucesivos golpes de estado posteriores hasta llegar a la más sangrienta de las dictaduras iniciada en el 76, desestabilización del primer gobierno elegido por el voto popular luego de dicha dictadura, nos referimos al gobierno de Alfonsín. Estas arremetidas antipopulares han sido operadas, con distintos cambios en su composición, por el bloque de poder en Argentina, teniendo siempre como perspectiva aumentar sus ganancias y el debilitamiento de los sectores populares, de tal modo de que no lleguen a dirigir la Nación.
Parte de los sectores que han obtenido importantes ganancias en la última década son los mismos que desean instalar una percepción de caos económico, político, cultural y social habilitando a las peores de las soluciones para los sectores populares: sólo el efecto shock de la vuelta al neoliberalismo resolverían los “males de esta etapa” en América Latina; y la mejor de sus etapas: por la vía de la reorientación del Estado a favor de sus intereses, los despidos masivos y baja de salarios e implantación del trabajo en negro como norma común, en general destructurando derechos, se apropiaron de la renta nacional, de la riqueza producidad por los y las trabajadras y nos dejaron, luego de la década infame neoliberal de los 90 un país devastado para el pueblo y con grandes ganancias para unos pocos.
Estos sectores, como sostiene Pierbattisti (del Instituto Gino Germani/UBA/Conicet) “…desde el articulado intento sedicioso de las policías provinciales, que no casualmente coincidiera con la fecha en la que se conmemoraban los treinta años de vida democrática, hasta la actual corrida cambiaria y la eventual reedición de un nuevo Rodrigazo, … se percibe claramente la intención de construir una sensación de caos… en una nítida ofensiva destituyente. Diálogo, consenso, acuerdos plurales, intereses de la gente, constituyen expresiones lavadas donde subyace la advertencia del genial León (Rozitchner): “Quieren hacer por las buenas lo que, si no, volverán a hacer por las malas”.
La década del 90, dando continuidad a las políticas económicas que se inician en la dictadura del 76, genera un proceso de “apertura externa y desregulación” que finaliza con una alta extranjerización de la estructura productiva de nuestro país (como ocurrió en la etapa en toda América Latina). El argumento neoliberal ha sido y siguen siendo el de sus “tanques de pensamiento” es que el ingreso de inversión extranjera directa (IED) aparece como un supuesto medio de modernización de la estructura productiva. Sin embargo, agregan Arceo y Schorr) “este análisis estático y de corto plazo de los efectos de la IED en una economía periférica como la argentina suele soslayar el impacto en el mediano y largo plazo que genera en las cuentas externas el proceso de extranjerización. Más aún, cuando en la década del ’90 y en la posconvertibilidad gran parte de la IED se dirigió a la compra de empresas existentes y no a la generación de nuevos emprendimientos.
La extranjerización de la estructura productiva que se inicia tibiamente con el golpe de Estado en el 55 y que se va imponer con diferentes discontinuidades en la historia hasta sus momentos culminantes en la última dictadura cívico-militar y en los 90, ha debilitado la democracia, si por ella entendemos la plena vigencia de la justicia social y ambiental.
Seguramente la ortodoxia y el FMI querrían que el país emprendiera nuevamente el camino del endeudamiento externo, con programas de ajuste que ya conocemos, que sería volver al esquema de la valorización financiera de los ’90, opción que sería nefasta por cierto sostiene Miguel Teubal (Economista,investigador superior Conicet-UBA.) Agrega que esto es lo que espera el establishment nacional e internacional: ajuste de salarios, recurrir al crédito externo, reducción del gasto público, eliminar la AUH, volver a las privatizaciones de antaño, congelar los salarios, etc.).
Necesitamos, para sostener los avances en términos de políticas sociales implementadas por este Gobierno seguir profundizando opciones populares y democráticas para nuestro país. Trabajar por el despliegue de políticas muy activas que regulen la operatoria del capital extranjero, cambiar el régimen legal vigente derivado de la Ley de Inversiones Extranjeras sancionada en la última dictadura cívico-militar, revertir las perspectivas neodesarrollistas que sostienen que plantea que “cuanta más inversión, mejor”, sin reparar en los numerosos impactos estructurales negativos de la IED y centralmente alcanzar la estatización del comercio exterior en el sentido que lo plantea Atilio Borón, entre varias medidas. Es necesario salir de la estrategia basada en los “commoditties” (extracción de recursos naturales, monocultivo, etc) que nos han impuesto las grandes transnacionales.
Cualquier opción de fortalecimiento de la democracia en Argentina debe apelar siempre al fortalecimiento del movimiento popular, caso contrario re-editaremos la historia, y posiblemente no como comedia sino como tragedia nuevamente.
Rectorado de la Universidad Nacional de Río Cuarto