Rosa Sabena pidió ser querellante en la causa contra la policía por la desaparición de su hijo

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La causa denuncia connivencia policial con los Vargas Parra en  la desaparición de Nicolás Sabena. «Toda la investigación conduce a los Vargas Parra como respojnsables de la muerte de mi hijo, no es algo caprichoso, no es que yo quiera que sea así».

Rosa Sabena confirmó esta mañana que junto a su abogado, René Bossio, se constituirán en parte querellante contra la policía. La causa denuncia connivencia policial con los Vargas Parra, quienes fueran sindicados como responsables de la desaparición de Nicolás Sabena;  imputados de privación ilegítima de la libertad, calificada por el número de intervinientes y agravada ante el probable resultado mortal de la víctima.

«El doctor Moine hizo una investigación impecable, donde corroboró cada uno de los puntos que yo denuncié», dijo Rosa Sabena. «Toda la investigación conduce a los Vargas Parra como respojnsables de la muerte de mi hijo, no es algo caprichoso, no es que yo quiera que sea así».

Fiscal Fernando Moine fue desgnado para la segunda instancia de la investigación

fernando moine 3

Según confirmó el abogado René Bossio, el fiscal de instrucción de tercera nominación, Fernando Moine, fue designado en la segunda instancia de la investigación del caso Sabena.

Tras haber determinado la desaparición frozosa en la primera instancia, en esta segunda se intentará determinar si se trató de un asesinato y donde está el cuerpo del joven desaparecido.

Rosa Sabena, la madre del joven desaparecido, se reunirá con el fiscal para aportar elementos que puedan sumar a la causa. “Todo indica que difícilmente esté con vida” dijo Bossio en diálogo con Telediario,y  se busca conocer si la desaparición está vinculada con un homicidio, como así también determinar donde están los restos.

Elevación a juicio del caso Nicolás Sabena

Desde el Juzgado de Control a cargo del doctor Daniel Muñóz, confirmaron a TD Digital que el magistrado ratificó la elevación a juicio del caso Nicolás Sabena solicitada por el fiscal de Instrucción Julio Rivero.
La defensa de los Vargas, imputados por la desaparición del joven en septiembre de 2008, había planteado un recurso de oposición y ahora podría recurrir a la Cámara penal.
Por el hecho están acusados José Vargas, Inés Flores, Lucía Vargas y José Francisco Vargas, sindicados de privación ilegítima de la libertad calificada por el número de intervinientes y agravada ante el probable resultado mortal de la víctima, a título de co autoría.
La defensa había solicitado el sobreseimiento de los imputados, afirmando que “agotada la colección de pruebas, la acreditación del hecho y vinculación de los mismos, ha sido adversa a la acusación”.
El doctor Jorge Valverde sostuvo que “se constituye en premisa falsa la desaparición de Nicolás simplemente porque fue visto días después por distintas personas”.
Para ello, indicó que “Sabena fue visto luego del día 14 de septiembre” y que fue advertido “en la madrugada del 20 de septiembre en un bar céntrico”.
Valverde criticó al fiscal “por omitir sin más la hipótesis del Juzgado Federal que involucra a un vendedor de droga a cuyo domicilio habría concurrido Nicolás conducido por un remisero conocido y donde tuvo lugar un incidente que había terminado con su vida”.
También mencionó “como elemento favorable a la situación de los encartados, el resultado negativo de los estudios técnicos realizados sobre un cuchillo y su funda, y la falta de rastros genéticos en el baúl del rodado encontrado en la vivienda de los Vargas, aspecto que resta eficacia a lo informado a través de la pericia odorológica”.
Investigación concluida
El fiscal Rivero consideró concluida la investigación luego de desestimar el aporte del nuevo testigo que señaló haber escuchado un diálogo telefónico en el que se habría hecho referencia al presunto enterramiento del cuerpo de Nicolás.
El hombre declaró en la Unidad Judicial que en el 2008 una conversación telefónica se hablaba del desenlace fatal para el joven de 21 años.
El testigo señaló que en el diálogo del que participó un trabajador que realizaba tareas en su vivienda no se hizo referencia directa a Nicolás, aunque 4 años después lo relacionó con el caso.
En la fiscalía del doctor Javier Di Santo pudieron precisar cual habría sido el lugar donde vivía uno de los protagonistas pero otras personas que fueron consultadas sobre los dichos cuestionaron la veracidad.
Luego de la investigación del fiscal Di Santo, el expediente fue derivado a Rivero, quien desestimó el aporte probatorio del testigo y ratificó la elevación a juicio.
Resolución
En la resolución por la desaparición de Nicolás Sabena, Rivero reconoció que “no hay una prueba madre” en la investigación y pareció enviar una señal a la primera etapa de la investigación, a cargo del fiscal Walter Guzmán, al indicar que asumió el caso dos años después y que la hipótesis se concentra en una sumatoria de indicios.
“En esta tan compleja investigación iniciada hacia el mes de Septiembre de 2.008 por el Fiscal de Instrucción de 1er turno  y continuada dos años después de su inicio, carecemos de una “prueba madre”, sostuvo.
Añadió que “adolece este Ministerio Público Fiscal de una prueba directa, dada las características de la modalidad delictiva, imponiéndose, como se advierte, la incorporación, análisis y valoración conjunta (no fragmentada) de indicios, esto es, hechos a través del cual mediante una operación lógica se infiere la existencia de otro (lo que se quiere probar)”.
Rivero consideró que “el cúmulo de hechos indiciarios analizados conducen a sospechar seria y fundadamente la participación de los integrantes de la familia Vargas en la desaparición de Nicolás Sabena y que esta Fiscalía de Instrucción relaciona  con el infortunado final del joven”.
En el extenso documento, donde se describen las pruebas telefónicas, los cruces de testimonios y las pericias, en su mayoría cuestionadas por la Cámara, Rivero sostuvo que que “la profundización de la presente investigación lleva a desenmascarar  una trama de silencios, reticencias, falta de colaboración, negativas, evasivas y “complicidades” en los testigos”.
Puso como ejemplo a  Bernetche, una mujer imputada por el delito de Falso Testimonio por la Fiscalía de Instrucción de Segunda Nominación y quien próximamente será sometida a juicio oral”.
Pero también incluye a los remiseros y testigos Altamirano, Bustos, Soria, Zabala, Gordon, Renato Mieres y Silvia Maldonado; “todos vinculados de una u otra forma a la familia integrada por los imputados”.
Para el fiscal, resulta “sugestivo” el aporte de Silvia Sandra Maldonado quien se encontrara presente al momento del allanamiento y detención de los imputados; quien “en prieta síntesis manifiesta que no sabe nada”, sin embargo, “recuerda que “ellos” (por los Vargas), le contaron que Nicolas había tenido problemas en su casa y era amigo del hijo de ellos y que fue a quedarse unos días porque no tenía una buena relación con su mama”.
La mujer agregó que: “Después este chico Nicolas se fue y nunca más supieron del paradero de él y cuando salía algo en la tele de Sabena ellos decían mira que garrón que nos comimos, por ser buenos, por hacer una obra de bien, lo que nos pasa…”.
Para el investigador, la “obra de bien” de los imputados a la que alude la testigo Silvia Maldonado, a criterio de este Ministerio Público Fiscal, “constituye el “hecho” intimado a los imputados cuya investigación conduce indefectiblemente al enjuiciamiento oral, público y contradictorio que aquí propicia este Ministerio”.
Libertad de los Vargas
Los Vargas seguirán en libertad hasta un juicio que podría demorar años. Se viene una larga secuencia de apelaciones que demorarán mucho tiempo en resolverse porque no hay detenidos.
Rivero sostiene en su resolución que”el actual estadio procesal y el tiempo transcurrido desde la noticia criminis que instaló la sospecha -en la génesis de la investigación- de todos los imputados, permiten a este Ministerio Público Fiscal afirmar que no existen serios, vehementes y respetables indicios que autoricen a sostener la posibilidad de daño procesal”.
Aunque el fiscal evaluó que “desde la lógica mas elemental se podría inferir que la gravedad de la amenaza o pronóstico punitivo implica per se peligro de fuga”, decidió aceptar el fallo del Tribunal Superior de Justicia que en la causa Vargas sostiene que “la libertad ambulatoria se encuentra en la cúspide del sistema”.
“Ello debe ir acompañado de otros indicios que permitieran afianzar aquella presunción y que no se advierten en el caso que nos ocupa”, reconoció.

 

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