Los cincos efectivos de la Policía de la provincia de Córdoba, sobre quienes se había librado órdenes de captura en el marco de una investigación por presunto vínculos con el negocio del tráfico de drogas, se entregaron esta medianoche ante la Justicia y quedaron en calidad de detenidos, según fue confirmado por una fuente policial.
Esta madrugada se entregó el jefe de la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba, comisario mayor Rafael Sosa, sobre quien pesaba una orden de captura por presuntos vínculos con el negocio del tráfico de drogas.
Los cincos efectivos de la Policía de la provincia de Córdoba, sobre quienes se había librado órdenes de captura en el marco de una investigación por presunto vínculos con el negocio del tráfico de drogas, se entregaron esta medianoche ante la Justicia y quedaron en calidad de detenidos, según fue confirmado por una fuente policial.
Los detenidos son el ex jefe de la Dirección de Drogas Peligrosas, comisario mayor Rafael Sosa; el comisario Alfredo Saine; oficial inspector Franco Argüello; sargento Fabián César Peralta Dáttoli y el suboficial Mario Osorio.
Por pedido del fiscal federal Enrique Senestrari, el juez federal Ricardo Bustos Fierro, ordenó en las últimas horas de ayer una serie de allanamientos en domicilios de los efectivos policiales y dependencias de la Central de Policía, mientras que paralelamente había emitido la orden de detención para los mencionados. Los detenidos se encontraban alojados en la Alcaidía del edificio de Tribunales Federales.
La presunta vinculación de policías cordobeses con el negocio del narcotráfico se conoció la semana pasada por intermedio del testimonio del `colaborador encubierto` policial, Juan Francisco `el francés` Viarnes, ofrecido al programa ADN de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la UNC y que motivó al fiscal Senestrari acelerar los pasos de la investigación que ya estaba en marcha desde tiempo atrás.
Viarnes, en calidad de `arrepentido` dio su testimonio ante las cámaras de televisión y manifestó que jefes policiales de la lucha contra la droga tenían vínculos con narcotraficantes, quienes pasarían información a cambio de ser retribuidos con parte de los estupefacientes secuestrados en operativos antidrogas.
Los efectivos policiales fueron licenciados a partir de la denuncia que tomó estado público, en tanto otros de los mencionados, el oficial principal Juan Alós, de 34 años, fue encontrado muerto con un balazo en la cabeza en el interior de su vehículo en las cercanías de Bosque Alegre, en la zona de Alta Gracia, un hecho que para el fiscal Emilio Drazile se trató de un suicidio.
Piden renuncias
La agrupación política y social de Unidos y Organizados, el bloque de legisladores provinciales del radicalismo y desde el Frente Progresista y Social coincidieron en reclamar la “urgente” renuncia del ministro de Seguridad, Alejo Paredes y del jefe de Policía, Ramón Frías, en el marco de la investigación por el presunto vínculo policial con el negocio del narcotráfico.
“La Justicia Federal debe actuar con absoluta independencia sin las interferencias groseramente expuestas por policías de alto rango y dirigentes oficialistas”, sostienen desde el sector kirchnerista.
Asimismo consideran que “no se puede tolerar -a pesar de la justificación de las mismas por parte del gobernador José Manuel de la Sota- el tenor de las declaraciones vertidas por el Jefe de Policía, en oportunidad del velatorio del policía miembro de Drogas Peligrosas Juan Alós, encontrado sin vida en su auto el pasado sábado y cuyas circunstancias de la muerte aún resta esclarecer”.
“El irrespeto hacia la Justicia, puesto de manifiesto nuevamente por autoridades y legisladores oficialistas, tras los allanamientos y detenciones dispuestas” por la Justicia Federal “es el punto máximo al que ha llegado el gobierno de José Manuel De la Sota, que sólo apela a entorpecer las investigaciones ante las sospechas de gravísimos delitos cometidos por funcionarios públicos y su connivencia con el narcotráfico”, agregan.
«La autonomía policial, defendida con tanto ahínco por el gobernador, no es otra cosa que la renuncia de las autoridades políticas a la conducción de una fuerza como la Policía de la Provincia, dotada de armas y organizada no para delinquir sino para defender a los ciudadanos del delito, para brindarles seguridad», sostienen en otro de los párrafos del texto emitido hoy.
En ese contexto consideran que “esta policía no cumple con el rol que se le asigna como institución en una democracia donde rige el Estado de Derecho. En Córdoba, la fuerza policial, tal como lo estamos viendo por estos días, está lejos de defender a los ciudadanos previniendo el delito”.
Desde el bloque de legisladores provinciales del radicalismo también pidió las renuncias de los funcionarios y exigió a De la Sota que ““respete el accionar de la Justicia”.
También el senador nacional del Frente Progresista y Social de la Córdoba, Luis Juez, pidió al gobernador De la Sota por la renuncia de los dos funcionarios y que también “deje de encubrir a la policía”.
El legislador nacional también anticipó va a promover una “denuncia penal” en contra del mandatario provincial y de los funcionarios que tienen responsabilidad política sobre la policía.