Lo mismo haría la defensa de Abasolo. «No es serio elevar a juicio la causa cuando se tienen elementos objetivos para haber dispuesto mi sobreseimiento”, opinó Segre.
Los abogados defensores del ex concejal radical Gustavo Segre y quien fuera su secretaria, Verónica Abasolo, presentarán recursos de oposición a la decisión del fiscal Julio Rivero de elevar a juicio la causa “de los criollitos”.
Segre ratificó que apelará el dictamen al considerar que «no existen pruebas» que lo comprometan.
Por su parte, el doctor José Sagarraga, abogado de Abasolo, sostuvo en diálogo con Telediario que tienen “3 días hábiles” para presentar el planteo ante el juez de Control Daniel Muñóz.
El abogado sostuvo que Abasolo “ya declaró en la causa y negó los hechos denunciados”.
“En su momento se hizo una pericia caligráfica para determinar si pertenecía a uno de los imputados la factura secuestrada”, indicó.
Sagarraga recordó que el fiscal “ya había elevado a juicio la causa y el juez de Control había ordenado profundizar la investigación, algo que ya habría ocurrido”.
De avanzar las apelaciones, el hecho podría llegar a manos de la Cámara del Crimen y hasta el Tribunal Superior de Justicia.
Según surge de la resolución a la que accedió TD Digital, Abasolo y Segre llegarán al banquillo de los acusados imputados de “uso de documento privado adulterado agravado y fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa, agravado”. La ex secretaria también fue acusada de adulteración de instrumento privado.
El escándalo se desató luego de que fuera adulterada una factura por la compra de criollitos. Aunque se habían abonado 12 pesos, en el documento se había incorporado el número 3 y el valor ascendía a 312 pesos, por lo que el hecho fue denunciado desde Economía.
El concejal Segre dijo en diálogo con Telediario que “es indignante el criterio del fiscal porque no es serio elevar a juicio la causa cuando se tienen elementos objetivos para haber dispuesto mi sobreseimiento”.
“La pericia caligráfica determinó que no tenía nada que ver y que no había rasgos de mi escritura en la factura. Esto dio fe de lo que yo había declarado en su momento”, sostuvo.
Segre añadió que “uno de los directores del área de Economía ratificó que mi rol como presidente de bloque era verificar lo formal de la factura, pero no debía controlar los gastos”.
“Sino, deberíamos dejar de legislar y ponernos a recorrer cada proveedor para verificar si coincide el monto con el producto adquirido”, indicó.
Segre dijo que hoy se siente “más fuerte que en el momento de la denuncia, porque las pruebas nos habían dado la razón”.
Concluida
Para el fiscal, “la presente investigación penal preparatoria se encuentra debidamente cumplimentada, esto es, agotadas las vías de conocimiento que autorizan el dictado del presente mérito conclusivo incriminatorio en contra de los prevenidos Luis Gustavo Segre y Verónica Andrea Abasolo”
En la resolución, Rivero precisó que el bloque de concejales de Río Cuarto Para Todos, tenía la responsabilidad, manejo y administración de la “caja chica” a través de Abasolo y Segre, cuando se inició el presunto hecho de corrupción, el 22 de septiembre de 2009.
Aquella mañana, la secretaria del bloque compró “criollitos” en la Panadería “El Marquez” y se retiró del local con el original de la factura que se corresponde al Nro. 0001 00001169, por la suma de $ 12″.
“Luego, “Abasolo procedió a insertar con su puño y letra y en el original de la factura que obraba en su poder, un número tres en la columna relativa al importe (se lee, entonces “$ 312,oo”), consignando finalmente al pie de la misma, también con su puño y letra, la leyenda “tresciento doce pesos criollos”, estampando una firma arriba de su sello, alterando, con dicho accionar, la realidad originaria del instrumento”, aseveró.
En la investigación se pudo determinar que Segre conocía de la maniobra y ambos buscaron hacer efectivo el cobro de la factura ante la Sub Dirección General de Presupuesto, “accionar que se vio frustrado” porque un empleado del área económica “advierte la situación originada en la factura aludida”
La resolución del fiscal debe ser resuelta por el juez de Control y, todo haría prever, que los abogados defensores plantearán un recurso de oposición a la decisión judicial.