Con 38 votos a favor y 30 en contra, el oficialismo consiguió dar sanción definitiva al proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura.
De la votación se desprende, en relación con la del 17 de abril -39 a 31-, que no estuvieron presentes a la hora de definir el proyecto el neuquino Horacio Lores (Movimiento Popular Neuquino), por la afirmativa, y María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica-Ciudad de Buenos Aires), por la negativa.
La iniciativa en cuestión plantea, entre otras cosas, la ampliación de miembros y la elección popular de todos ellos a través de las elecciones presidenciales. Sólo por este año, los consejeros serán designados mediante las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de agosto y las generales, que serán el 27 de octubre.
El Senado ya había aprobado el proyecto el 17 de abril, pero Diputados introdujo modificaciones tras las conversaciones entabladas entre la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti.
Dos fueron los cambios sustanciales: una para que el máxima tribunal conserve su poder presupuestario y administrativo, y otro para que sólo puedan presentar candidatos a consejeros las agrupaciones políticas presentes en más de 18 distritos bajo la misma denominación.
Luego, el proyecto continúa con su estructura, ya que se pasa de 13 a 19 integrantes en el Consejo, que estará conformado por tres jueces, tres abogados, seis académicos, seis legisladores y un representante del Poder Ejecutivo. Además, se modifica la mayoría con la que se podría comenzar el proceso de juicio político a los magistrados. Hasta ahora se requerían de los dos tercios para activar el jury de enjuiciamiento, mientras que ahora se podría hacer con la mitad más uno de sus miembros. No obstante, se mantienen los dos tercios requeridos en el jury para la remoción de un juez.
Algunas opiniones en el recinto
Como miembro informante del interbloque del Frente Amplio Progresista (FAP), el senador Luis Juez (Córdoba) aseguró que desde su bancada no iban a “convalidar en los hechos” lo que se va “a criticar en derecho”.
Desde el radicalismo, la legisladora Marta Borello (Córdoba) manifestó que el Gobierno nacional “está muy lejos de garantizar la independencia del Poder Judicial, uno de los pilares fundamentales de la república”, mientras que su compañero de bloque Eugenio “Nito” Artaza (Corrientes) señaló que con la iniciativa se generará un “constitucionalismo popular que no va a tener asidero en la práctica”.
Por su parte, la senadora del peronismo disidente Sonia Escudero expresó que los cambios realizados al proyecto “no han solucionado los problemas de constitucionalidad” que tiene el texto, y advirtió que “se violará el Pacto de San José de Costa Rica, que garantiza ser juzgados por un juez imparcial”. Y concluyó: “Se pulveriza la división de poderes”.
El aliado del oficialismo Osvaldo López (Nuevo Encuentro-Tierra del Fuego) fue uno de los pocos que estaban a favor y que se animó a defender la iniciativa. En ese sentido, aseveró que López “no hay jueces que no sean políticos”, y agregó: “No creo que la militancia ponga en crisis la independencia de criterio. Eso sería mediocridad”.
Por el radicalismo también hizo uso de la palabra Luis Naidenoff (Formosa), que dijo: “Con esta reforma, el temor electoral lo tienen ustedes. El Gobierno está con pánico electoral, los lleva a que hoy estemos tratando una reforma electoral tramposa”.
El senador de Proyecto Buenos Aires Federal (ProBAFe), Samuel Cabanchik, expresó que con la iniciativa “se distorsiona el concepto de representatividad” y resaltó que el texto es inconstitucional en relación con el artículo 114 de la Constitución Nacional.
La legisladora del peronismo disidente Graciela Di Perna fue más allá y disparó: “La situación actual del Poder Judicial no es buena, sobre todo cuando cada juez o fiscal que investiga un hecho de corrupción de este Gobierno termina desplazado de la causa. Pero con este proyecto volvemos a tiempos más oscuros de nuestro país, volvemos a la selección de jueces por medio de una servilleta”.
Finalizando el debate, el senador del FAP Jaime Linares sostuvo que avalar la iniciativa era aprobar un “proyecto político para condicionar la Justicia” y “un atentado a la separación de poderes”, mientras que el legislador kirchnerista Aníbal Fernández destacó: “Nadie dijo que con esto todo está resuelto. Es el principio de muchas cosas que hay que hacer».
Fuente: El Parlamentario