El Gobierno español impide a las víctimas del Franquismo declarar ante la Justicia Argentina.
Según informa el diario El País, María Servini de Cubría, la juez agentina en cuyas manos cayó la querella por los crímenes del franquismo tras el procesamiento de Baltasar Garzón esperaba con todo el equipo ya preparado escuchar por videoconferencia los tres primeros testimonios de las víctimas.
Merçona Puig Antich, hermana de Salvador, ejecutado a garrote vil el 2 de marzo de 1974, Fausto Canales, hijo de un fusilado llevado sin consentimiento familiar al Valle de los Caídos, y Pablo Mayoral, parte del consejo de guerra por el que finalmente fue fusilado Xosé Humberto Baena a apenas dos meses de la muerte de Franco, entraron a la hora prevista en el consulado argentino de Madrid para contar su historia. Pero tras tenerles hora y media esperando, les comunicaron este miércoles que las videoconferencias con la juez se habían suspendido.
La razón: el Gobierno había manifestado su malestar por el procedimiento y paralizado las declaraciones.