Explosiones en la UNRC – Las apelaciones se presentarán la semana que viene. El doctor Jorge Valverde, abogado de Pinzini, Ferrari y Ducrós, rechazó los fundamentos de los jueces.
Los abogados defensores de los funcionarios de la Universidad condenados por las trágicas explosiones en la Planta Piloto presentarán la semana que viene las apelaciones.
El Tribunal Federal 2 condenó por mayoría al ex decano de Ingeniería y ex presidente de la Fundación de la Universidad a 3 años y 6 meses de cárcel. Además, determinaron una pena de 2 años y 6 meses en suspenso para José Luis Pinzini, integrante de la Comisión de Seguridad; 2 años y 6 meses para Miriam Ferrari, directora del Departamento de Ingeniería Química; 2 años para Sergio Antonelli y 6 meses para Edith Ducrós.
El doctor Jorge Valverde, abogado de Pinzini, Ferrari y Ducrós, rechazó los fundamentos de los jueces José Fabián Asís, Carlos Julio Lascano y José Vicente Muscará.
En relación a Pinzini, Valverde señaló que «la seguridad no estaba a cargo de la secretaría de Coordinación Técnica -que encabezaba el ex funcionario- sino por la Comisión de Seguridad de Higiene que depende del Consejo Superior, tal como lo determinó la resolución 598/2005»
El procesado también formaba parte de Seguridad e Higiene, «pero no era el máximo responsable».
«Era una comisión horizontal, donde se tomaban las decisiones por consenso y no hubo omisión de responsabilidades porque cumplieron con las tareas ecomendadas», opinó Valverde.
El abogado dijo que los integrantes de Seguridad e Higiene «pidieron al rectorado la contratación de expertos que hicieran los relevamiento para determinar las necesidades de la Universidad, y esto incluía la Planta Piloto».
«El Rectorado contrató 6 expertos rentados que debían realizar los relevamientos y estudios para que la comisión organizara los trabajos a realizar. Estos ingenieros hicieron lo pautado y no hubo actos de omisión», recalcó.
Valverde recordó que hubo un relevamiento en la Planta Piloto, «liderado por el bombero -Rogelio- Ferrario», quien determinó que la Planta era totalmente segura para la realización dee las tareas habituales dentro de la misma.
«Quedó totalmente demostrado que el hexano ingresó en forma clandestina. Ni la UNRC ni Desmet estaban autorizados para la compra de combustible y se armó una maniobra irregular con el ingreso del hexano en un camión de mudanzas», resaltó.
Departamento
Al hacer referencia a las directoras del departamento de Ingeniería Química, Ferrari y Ducrós, Valverde reconoció la convocatoria a la polémica reunión con el titular del grupo GIDPO, Miguel Mattea, «a pedido de una serie de docentes que querían interiorizarse de lo que pasaba en la Planta porque se estaban armando estructuras, modificando lugares y había personas ajenas la Universidad».
«La reunión se concretó el 15 de septiembre y Mattea no brindó ninguna respuesta. Solo señaló que la actividad se iba a realizar después de las 18 y no dio ninguna precisión sobre la cantidad de hexano que se iba a utilizar. El combustible ingresó el 22 de noviembre», subrayó Valverde.
Para el abogado, las directoras tienen la obligación de controlar los grupos de trabajo pero, «por amplia mayoría, en la reunión dijeron que el proyecto debía seguir».
«El reglamento del departamento dice que todas las resoluciones se toman por mayoría simple y así ocurrió», indicó.
En relación al ingreso posterior del combustible, Valverde aseguró que «en la investigación no se determinó que los tambores tenían alguna identificación que confirmara que se trataba de hexano».
«Las directoras no tenían poder de policía sobre los proyectos y no podían impedirlos, aún cuando hubieran conocido sus características», consideró.
“El grupo Gidpo no hubiera iniciado las actividades si Bortis no firmaba el convenio”
La realidad es que el Grupo Gidpo tenía cierta urgencia en hacer el proyecto, porque sobre las bases de esos resultados estaba un convenio con la Universidad de Valladolid, qu significaba un año en España para uno o dos miembros del Grupo. Los trabajos de armado del equipo se iniciaron sin que el famoso convenio se hubiera siquiera tratado en el Consejo de la Facultad, y además no cumplieron con lo prometido de trabajar en horarios sin alumnos o docentes, lo que implica que el Grupo Gidpo más allá de cuestiones formales se hacía cargo de lo que eventualmente ocurriera y ocurrió. Cuando llevaban a Liliana Giacomelli quemada al Hospital señaló claramanete a los responsables, que no eran ninguno de los juzgados. Eh? fiscal, tendría que haber estado en la planta antes de iniciar el juicio, no después.