Una sorprendente custodia policial impidió el contacto de los medios con la Procuradora. Por su parte, el fiscal a cargo de investigar el Lavado de Dinero, prefirió huir por los pasillos internos del Aula Mayor.
La convocatoria a un debate sobre la reforma de un sistema judicial calificado de ineficiente, burocrático, corporativo, cómplice de los poderosos e insensible con los más pobres, tuvo un complejo contraste. Quienes exigieron discutir «un cambio definitivo», se negaron a responder las preguntar de los medios y dejaron poco margen para las críticas, en un auditorio mayoritariamente favorable.
El aula mayor de la Universidad de Río Cuarto nunca estuvo repleta como esperaban los organizadores y sorprendió la ausencia masiva de estudiantes de abogacía y docentes de la carrera.
También fue escasa la presencia de representantes de la Justicia Provincial. Ningún juez ó fiscal de los Tribunales de Río Cuarto estuvo en el encuentro y fue minoritaria la participación de abogados del foro local.
Por la Justicia Federal local, se observó la presencia del juez Carlos Ochoa y el fiscal federal Guillermo Lega.
Quienes representaron al sector más visible, fueron los dirigentes alineados con el gobierno nacional, que respaldan la reforma K.
La Procuradora Girls Carbó y el fiscal Gonella solo permitieron las preguntas de los medios universitarios que organizaron el evento, pero se negaron a responder las consultas de los periodistas que los aguardaron al ingresar y abandonar el aula mayor.
Un amplio y sorprendente cordón policial, con efectivos de la Policía Federal y de la seguridad privada que acompañó a los funcionarios nacionales, impidió que los medios pudieran preguntarle a Girls Carbó.
La estructura universitaria colaboró para evitar que el grupo de periodistas no pudiera avanzar en consultas sobre una Justicia que la propia Girls Carbó pidió debatir.
No hubo mejor suerte con el fiscal Gonella, quien se lanzó a una rápida huída por el interior del Aula Mayor, acompañado por un represente de la Universidad. Gonella, a cargo de la fiscalía que debe investigar los delitos económicos y el lavado de dinero en la Argentina, nunca detuvo su marcha ante el reclamo periodístico.
Por la tarde, se abrieron talleres para analizar el ingreso a la justicia, su democratización, la transparencia y la independencia judicial. Sin embargo, la posibilidad de debatir e interpelar las propuestas parecieron cosa juzgada por el silencio oficial.