Fotorreportaje
A 37 años del Golpe Militar, dos mil personas se movilizaron por el centro de la ciudad y concluyeron con un acto en el Viejo Mercado, donde pidieron por la celeridad de los juicios contra los genocidas y cuestionaron duramente la política de seguridad del gobernador José Manuel De la Sota.
La concentración se inició a las 9 en Plaza Roca, con la presencia de Ex Presos Políticos, las Madres de Plaza de Mayo, Hijos, la Comisión Municipal de la Memoria, La Jauretche, el Movimiento Evita, La Cámpora, Unidos y Organizados, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Nuevo Encuentro, la Juventud Radical, la agrupación 25 de Febrero, La Güemes, Kolina, la Pastoral Universitaria, la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Furc, Agora, La San Martín, la Franja Morada, Libres del Sur, el Frente Amplio Progresista (FAP) y los centros de estudiantes del Menéndez Pidal y el Conservatorio Julián Aguirre.
La agrupación de Hijos de desaparecidos crítico las políticas de seguridad de la Provincia y la calificó de “mano dura”, con un “modelo de seguridad preventivo” que reprime «por portación de rostro».
Por su parte, La San Martín pidió «la remoción de las cúpulas policiales y del ministro de Seguridad (Alejandro Paredes)»
La titular de la FURC, Carolina Sturniolo, manifestó en su discurso que «se debe lograr la democratización de la Justicia» y pidió que «en los juicios también se juzgue a los medios d ecomunicación hegemónicos y la jerarquía eclesiástica».
Documento
En el documento de la Multisectorial por los Derechos Humanos, se indicó que «aún a 37 años del último golpe cívico militar subsisten prácticas propias del accionar del aparato represivo».
«Particularmente en nuestra provincia eso se ve reflejado día a día en el modelo de seguridad llevado adelante por el gobierno provincial y ejecutado por la policía que utiliza como herramienta de marginación y de exclusión social al código de faltas», subrayaron.
Luego, añadieron que ven «con preocupación el aumento exponencial de la violencia que ejerce la Policía sobre los jóvenes de sectores en situación de vulnerabilidad social, imposibilitándoles el acceso al empleo formal, favoreciendo así a los grupo económicos dentro de la provincia, garantizándoles aproximadamente 200 posibles empleados no registrados por día».
«Además se golpea y maltrata a los pibes, que ni siquiera son juzgados correctamente, violando sus derechos y garantías constitucionales. Son estos sectores, reaccionarios y conservadores, los que impulsan trabas y demoras en los juicios a los genocidas y sus cómplices, los que hicieron el pasado mes la amenaza de bomba a la ESMA y quienes resisten la renovación de las cúpulas policiales y hasta les otorgan poder, poniendo a un ex jefe de Policía como ministro de seguridad», afirmaron.