Plan de viviendas – Opinión – «Al dictamen financiero de los bancos se sumó la ausencia del Estado. Larga es la secuencia de falsas promesas por viviendas que se anunciaron por miles y llegaron a cuentagotas. Infinita es también la frustración de quienes apostaron su credibilidad al croupier de los estrados de campaña, donde las fichas siempre caen hacia el mismo lado…»
Cuando el país con alto riesgo y las cacerolas por ahorros enjaulados hacían desmoronar 10 años de estabilidad a precio dólar y una cultura de consumo a régimen de patillas y picaduras de avispa, los riocuartenses escrachaban a los políticos que antes fueron votados masivamente y esculpían con tinta negra el frente del Concejo Deliberante. Eran los tiempos donde algunos pedían el poder en asamblea y otros, se ocultaban del que “se vayan todos” a la espera de volver con todos y por la misma puerta.
Con una desocupación de dos dígitos y el hambre golpeando las puertas de los supermercados, la premisa era llegar a fin de mes con lo puesto. En aquel entonces, el sueldo rondaba los 1.500 pesos y el precio de un alquiler promediaba los 350 por un departamento ó vivienda de dos dormitorios. Es decir, cada familia debía disponer de un 25 por ciento de su haber para ser locatario de su hogar. La gestión menemista había facilitado el crédito bancario a tasas mínimas, aunque tras el efecto tequila comenzaron a emerger los síntomas de un sistema que agrietaba sus- bases frente al iceberg de la recesión, el desempleo y la obscena desigualdad social.
En el 2002, la pesificación de deudas privadas y la devaluación a costa del salario de los trabajadores, evitaron un mayor cataclismo financiero pero se comenzaron a gestar las bases de una estrategia bancaria signada por los créditos de consumo a tasas inflacionarias, mientras los préstamos hipotecarios se evaporaron de la memoria colectiva en la clase media.
De aquella década de lujo y vulgaridad, en Río Cuarto devino un tiempo de recuperación de los índices económicos, salvo los habitacionales. 10 años después de la protesta a ritmo de cacerolas, el desarrollo en el volumen de negocios inmobiliarios solo benefició a los emperadores de la soja, propietarios de torres que tergiversaron a placer los precios de la tierra y la vivienda.
Actualmente, el costo del alquiler de una casa de dos dormitorios va de los 2.500 a los 3.000 pesos de promedio, lo que implica un 50 ó 60 por ciento del sueldo promedio, el doble que en el 2001. Según datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos, el valor del metro cuadrado para edificar en Córdoba se ubicó en 3.681 pesos. El Índice de la Construcción que mide la Provincia determinó, además, un alza del 38 por ciento hasta agosto de este año, duplicando la inflación de consultoras privadas y triplicando la oficial. La mayor alza se produjo en la mano de obra con el 39 por ciento y en los materiales, la suba fue del 37 por ciento. La estadística que se realiza contemplando una vivienda tipo de 75,7 metros cuadrados, compuesta por living-comedor, dos dormitorios, cocina y baño, indica que se requieren 280 mil pesos para su construcción. Los valores se logran reducir cuando se construye a mayor escala y se comprimen los márgenes de rentabilidad empresaria, dos alternativas que escasean por la casi nula intervención del Estado sobre el mercado.
Déficit
El creciente déficit habitacional en Río Cuarto, estimado por los colegios de profesionales en 16 mil viviendas –según publicó el matutino Puntal-, tiene derivaciones con alto costo social. En los sectores más vulnerables promueve el aumento de asentamientos ilegales y las condiciones de hacinamiento. Y en la clase media, deriva en la caída del poder adquisitivo y en la incapacidad de proyección familiar.
El boom de la construcción que comenzó a emerger a partir del 2004 doblegó las defensas de los inquilinos, quienes fueron sometidos a un proceso vertiginoso de rentabilidad por parte de los sectores de la construcción y de los inversores de ladrillos. Terrenos, casas y departamentos comenzaron a cotizar en dólares y la comercialización se expandió pese a que los bancos confinaron al máximo los créditos hipotecarios. El auge sin freno de la actividad no estuvo regido por el ahorro ó un saludable esquema de préstamos para fomentar el acceso a la casa propia, sino que fue la consecuencia de una renta extraordinaria del campo a partir de los precios internacionales de la soja.
Al dictamen financiero de los bancos se sumó la ausencia del Estado. Larga es la secuencia de falsas promesas por viviendas que se anunciaron por miles y llegaron a cuentagotas. Infinita es también la frustración de quienes apostaron su credibilidad al croupier de los estrados de campaña, donde las fichas siempre caen hacia el mismo lado.
Intervención municipal
Ante el incumplimiento perseverante del gobierno nacional y la condicionada alternativa provincial, reducida a un millar de casas del Hogar Clase Media, los municipios de la región debieron articular planes ingeniosos de acceso limitado. Los intendentes son los primeros receptores del reclamo de quienes sufren la falta del techo propio y el instrumento auxiliador ante la sentencia por desalojo. Solo en Río Cuarto, la Municipalidad debe asistir hasta un caso por día de familias que desde hace meses no pueden pagar el alquiler.
En plena campaña electoral, cuando la irrupción de José Manuel de la Sota lo convirtió en una amenaza cierta a su proyecto de reelección, Juan Jure decidió poner sobre la mesa un plan de 2 mil viviendas que hasta ese momento solo se sustentaba en su necesidad política. La irrupción de Adolfo Rodríguez Saa y el modelo puntano fue parte de la estrategia para dar credibilidad a la promesa habitacional, aunque el tiempo confirmó que la marca San Luis no podía ser exportable.
El anuncio de campaña se convirtió en una obsesión para Jure, quien advierte que de la construcción de las 2 mil casas depende gran parte de su futuro político. El esquema financiero lo obligará, sin embargo, a un cambio en la matriz de gestión que mostró un gobierno desbordado por las crisis permanentes y las alternativas contradictorias de solución.
El plan que el mandatario junto a su gabinete formalizó la semana pasada se desprende de un sistema de “doble caja”. La de gastos corrientes y el pago de salarios transita por un rojo solo aliviado por la emisión de deudas. La otra, sustentada en el fondo sojero, el FOP y la sobretasa, servirá para un Fondo Municipal de Viviendas de características inéditas.
“No vengo a anunciar un plan de viviendas, sino una política de Estado”, expresó Jure, quien afirmó que al final de su gestión dejará más de 200 millones de pesos a disposición del próximo intendente para que continúe con la construcción. Ambos conceptos aparecen como ambiciosas manifestaciones que exigirán resistir archivo.
El cupo para las primeras mil viviendas se completará con los beneficiarios de Castelli 1 –incluye a casi 40 sindicatos y particulares- y los adjudicatarios de AGEC, Cispren y Guarnición Aérea. En los próximos meses también habrá un porcentaje de unidades habitacionales que se destinarán a los sectores sociales bajos que adquirieron sus terrenos en barrio Alberdi.
Los dos principales interrogantes que presenta hasta ahora el plan son los niveles de actualización de cuotas y el sistema de adjudicación. En el primer caso, la aplicación de los Índices de la Construcción de Córdoba condicionaría los valores en un cortísimo plazo. Con alzas del 38 por ciento, el precio mensual se dispondría por encima del costo de los alquileres en apenas un año y medio. En el municipio admiten que evalúan otras alternativas antes de que la medida termine eclosionando en el debate parlamentario del proyecto de ordenanza.
El segundo ítems advierte la complejidad del plan: la constructora adjudicada deberá fortalecer el financiamiento a la espera de mejores réditos. Aparece razonable que el municipio priorice el interés colectivo y no esté dispuesto a ceder un 5 por ciento de los aportes a cambio de beneficiar a constructoras locales. También emerge como imprescindible garantizar que más del 90 por ciento de los obreros contratados tengan domicilio en la ciudad. Lo que estará sometido a una dura prueba es la aparición de una compañía ó unión transitoria de empresas capaz de dar fiabilidad técnica y financiera para la administración 300 millones de pesos en la construcción de 2 mil viviendas.
Pertenencia
En el Palacio de Mójica aún resuenan los ecos de la victoria electoral que posicionó a Jure al contexto provincial como “el intendente que le ganó al Gobernador”. El radicalismo lo fundamentó como un referente de peso y Ramón Mestre ya lo ve como candidato al 2015. Sin embargos, los procesos electorales tienen un menor impacto en la memoria colectiva cuando los reclamos sociales solo tienen un saldo deudor. El acceso a la casa propia es la credencial de pertenencia y el origen de un proyecto familiar basado en la concepción más tradicional de la clase media. Se hereda cómo un valor inalienable para contener los procesos de crisis y evitar el desarraigo. La presencia del municipio surge como una oportuna intervención en un mercado donde la crisis habitacional creció a la par de torres cada vez más altas y salarios incapaces de acceder al crédito. Jure sabe que su gobierno será juzgado, fundamentalmente, por el cumplimiento de la promesa que impulsó su reelección. 10 años después no hay margen para errores. Los riocuartenses esperan hacer realidad su mayor ilusión, en un proyecto donde todos deberían finalizar con los pies sobre la tierra.
Por Pablo Callejón (callejonpablo@yahoo.com.ar)
En Facebook: Pablo Callejón