La Cámara Primera del Crimen de Córdoba dará a conocer los fundamentos de las dos condenas de ejecución condicional y una absolución en el juicio por contaminar con agroquímicos una zona barrial.
Así lo informaron fuentes judiciales. El tribunal había adelantado la parte resolutiva de la sentencia el 21 de agosto.
Ese día, por unanimidad, condenó a Jorge Parra, propietario de un campo cultivado con soja, próximo al barrio Ituzaingó Anexo, a tres años de prisión de ejecución condicional.
A Parra lo encontraron autor del delito de contaminación ambiental penado por la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, en forma continuada, entre octubre de 2003 y febrero de 2004 y, por mayoría, por otro hecho sucedido en 2008.
Los camaristas también dispusieron que, durante cuatro años, Parra cumpla como regla de conducta «diez horas semanales de trabajo no remunerado», a favor «del Estado o de un instituciones de bien público, vinculadas a la salud», al tiempo que quedó inhabilitado «durante ocho años para el ejercicio de la actividad de aplicación de productos agroquímicos».
Asimismo, los vocales Lorenzo Rodríguez, Mario Capdevilla y Susana Cordi Moreno, por mayoría, condenaron al piloto Edgardo Pancello a tres años de ejecución condicional por considerarlo coautor de contaminación ambiental por el hecho de 2008.
Pancello fue inhabilitado por diez años «para el ejercicio de la actividad de aplicación de productos agroquímicos», y durante tres deberá realizar trabajos comunitarios no remunerables durante ocho horas semanales, «a favor del Estado o de una institución de bien público dedicada a la salud».
Mientras tanto, el tribunal absolvió al productor Jorge Gabrielli, tal como había pedido el fiscal Marcelo Novillo Corbalán, por considerar que faltaban pruebas determinantes y por aplicación del principio de presunción de inocencia.
Los hechos juzgados por el tribunal ocurrieron cuando la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba ya había declarado al grupo poblacional de barrio Ituzaingó Anexo en emergencia sanitaria, entre otras razones, por la presencia de productos agroquímicos contaminantes.
Según la acusación, en las fumigaciones realizadas sobre los campos ubicados en la inmediaciones de barrio Ituzaingó se utilizó endosulfán y glifosato, en violación a la ley provincial 9164 de Agroquímicos, que prohíbe la aplicación aérea de esos productos en un radio menor a los 1500 y 500 metros de distancia de las zonas pobladas, respectivamente.