El Gobierno dispuso la intervención de la Compañía de Valores Sudamericana S.A. y envió al Congreso un proyecto que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación de la empresa, iniciativa que comenzará a ser debatida el próximo miércoles.
Con la expropiación se recuperará la capacidad del Estado de acuñar la moneda nacional, que había sido tercerizada en los `90.
La intervención de Compañía de Valores Sudamericana, nombre actual de la ex empresa Ciccone Calcográfica, está a cargo del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y de la presidenta de Casa de la Moneda, Katya Daura.
El proyecto de ley ingresó esta tarde al Senado y los legisladores del oficialismo anticiparon que comenzarán a debatirlo en un plenario de comisiones el próximo jueves.
La intervención se concretó a través del Decreto de Necesidad y Urgencia número 1338/12, según reveló el ministerio de Economía a través de un comunicado de prensa difundido unos minutos antes de las 15.
La noticia se conoció en el mismo momento en que Lorenzino y Daura se hicieron presentes en la sede de la compañía, ubicada a la altura del kilómetro 24,5 de la Ruta Panamericana, en la localidad bonaerense de Don Torcuato, donde tomaron contacto con los empleados y les garantizaron la continuidad de los puestos de trabajo.
Un par de horas después, el senador por el Frente para la Victoria, Aníbal Fernández, confirmó que el proyecto comenzará a ser debatido el jueves próximo en una reunión plenaria de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda -que él mismo preside- y de Asuntos Constitucionales.
El proyecto de ley, al que tuvo acceso Télam, declara en el artículo 1 de «utilidad y sujeto a expropiación» a la ex firma Ciccone Calcográfica, y que «el precio de los bienes sujetos a expropiación se determinará conforme lo previsto en el artículo 10 y concordantes de la Ley Nº 21.499», para lo que actuará el Tribunal de Tasaciones.
Asimismo, «se prevé que la suma que eventualmente deba abonarse será pagada -hasta el monto correspondiente si excediera el de la tasación-, con la deuda que Compañía de Valores Sudamericana registre ante la AFIP».
«El Estado considera primordial continuar recuperando capacidades que son competencias indelegables e insustituibles como es la acuñación de moneda de acuerdo a la Constitución Nacional», sostiene el proyecto en sus considerandos.
La medida recuerda que la facultad de acuñación «había sido tercerizada en la década del `90».
El Gobierno justificó la iniciativa señalando que «el Estado debe mantener la soberanía monetaria, y por ello es imprescindible concentrar la fabricación de dinero circulante y acuñación de moneda de curso legal y de impresión de documentos de seguridad».
Asimismo, el DNU «destaca que la citada empresa posee el único establecimiento del país con capacidad técnica suficiente para el proceso de impresión de billetes imprescindible para la circulación monetaria».
Desde la oposición, el senador radical Gerardo Morales anticipó que el bloque que integra está «de acuerdo con la expropiación» de la firma ex Ciccone Calcográfica.
«En principio, en la UCR estamos de acuerdo con la expropiación y el blanqueo de la situación de la empresa responsable de la impresión de billetes de curso legal», dijo el legislador jujeño.
Por su parte, la cartera de Economía sostuvo que «con esta medida la capacidad de Sociedad del Estado Casa de la Moneda se ve ampliada, lo que permitirá abastecer al Banco Central de la República Argentina disminuyendo su necesidad de recurrir a proveedores internacionales».
El Proyecto de Ley propone que «la totalidad de los bienes de la empresa pasen a formar parte del patrimonio de la Sociedad del Estado Casa de la Moneda».
Lorenzino, durante el dialogó que mantuvo esta tarde con los trabajadores, les «garantizó la continuidad laboral, transfiriéndolos a Sociedad del Estado Casa de la Moneda y conservando todos los derechos laborales adquiridos, la afiliación gremial que poseen en la actualidad y la vigencia de su convenio colectivo de trabajo», dijeron a Télam fuentes de la cartera.
Por último, el proyecto de Ley dispuso informar al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 8, a cargo del juez Javier Cosentino, quien había pedido información sobre la situación de firma en mayo último y, al mismo tiempo, el Gobierno solicitó una auditoría integral a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
La expropiación de la ex Ciccone se da en el contexto en el magistrado Ariel Lijo investiga cuestiones relacionadas con el levantamiento de la quiebra de la firma, entre otras cuestiones.