«Llegamos a esta situación pese a las miles de advertencias que se hicieron por la prensa y mediante ordenanzas que prohibían estas fumigaciones», aseguró a la prensa Medardo Ávila Vázquez, ex secretario de Salud municipal de Córdoba, el primero en declarar.
El primer juicio oral por supuesta contaminación con agroquímicos mediante fumigaciones clandestinas en sembradíos de soja próximos a un barrio de la capital cordobesa comenzó este lunes, ocasión en la que el primer testigo aseguró que los imputados siguieron utilizando sustancias perjudiciales a sabiendas de su peligrosidad para la salud humana.
«Llegamos a esta situación pese a las miles de advertencias que se hicieron por la prensa y mediante ordenanzas que prohibían estas fumigaciones», aseguró a la prensa Medardo Ávila Vázquez, ex secretario de Salud municipal de Córdoba, el primero en declarar.
El médico, que declaró durante dos horas, explicó que «hay una ley que dice claramente que no se pueden emplear los agroquímicos como se lo hace. No obstante, los sojeros siguieron haciéndolo, como siempre, de la misma manera. Esto nos obligó a formalizar un denuncia penal en defensa de la salud de la gente».
La audiencia pública ante la Cámara Primera del Crimen de la ciudad de Córdoba comenzó con planteos efectuados por las defensas de los imputados para que, precisamente, se revocara la participación como querellante concedida a Avila Vázquez.
Los abogados argumentaron que, en su momento, se autorizó la participación de Avila Vázquez en representación de la Secretaría de Salud municipal, pero actualmente ya no ejerce dicho cargo y no es ni siquiera vecino de la ciudad de Córdoba, no obstante lo cual el tribunal rechazó el planteo.
La audiencia continuó con la lectura de la acusación que pesa sobre los imputados y luego, con Avila Vázquez, comenzó la ronda de declaraciones, que incluirá a 25 testigos y que mañana continuará, entre otros, con Sofía Gatica, vocera de los habitantes del barrio Ituzaingó Anexo.
Para la celebración de este juicio fueron unificadas dos causas, y los imputados son los productores agropecuarios Jorge Alberto Gabrielli y Francisco Rafael Parra, además del piloto fumigador Edgardo Jorge Pancello.
Gabrielli y Parra, dueños de los campos de soja ubicados en los alrededores del barrio Ituzaingó Anexo, están imputados como presuntos instigadores del delito de contaminación ambiental (artículo 55 de la Ley 24.051).
Mientras tanto, a Pancello, como producto de fumigaciones aéreas a baja altura, le imputan haber provocado supuestamente contaminación ambiental por el uso de sustancias peligrosas para la salud humana.
Los acusados negaron los hechos que se les imputa y el abogado de Parra, Juan Manuel Aráoz, dijo a la prensa que, según un estudio de la Universidad Nacional de Córdoba, la cantidad de endusolfan que «se observa en los claves de aire del Parque Sarmiento (de la capital cordobesa) es similar» a la registrada en el campo de su cliente, porque «es una sustancia dispersa en toda la provincia».
Los hechos que serán examinados por el tribunal ocurrieron presumiblemente en enero de 2008, cuando la Municipalidad de Córdoba ya había declarado al grupo poblacional de barrio Ituzaingó Anexo en emergencia sanitaria, entre otras razones, por la presencia de productos agroquímicos contaminantes.
Según la acusación, en las fumigaciones realizadas sobre los campos ubicados en la inmediaciones de barrio Ituzaingó se utilizó endosulfán y glifosato, en violación a la Ley de Agroquímicos de Córdoba N° 9164, que prohíbe la aplicación aérea de dichos productos agroquímicos en un radio menor a los 1.500 y 500 metros de distancia de las poblaciones urbanas, respectivamente.
En el juicio iniciado hoy sólo se juzgará si las fumigaciones se concretaron en violación de las normativas municipales, provinciales y nacionales, mientras que hay otra investigación en marcha por supuestos casos de enfermedades resultantes de la presunta contaminación.
La Cámara Primera del Crimen es integrada por los vocales Lorenzo Rodríguez, Mario Capdevilla y Susana Cordi Moreno, mientras que el Ministerio Público es representado por los fiscales Marcelo Novillo Corvalán (de Cámara) y Carlos Matheu (de Instrucción).
En las afueras de la sede de los Tribunales II, para seguir las alternativas de la primera audiencia, se agruparon representantes de varias organizaciones ambientalistas, como «Por una América Latina Libre de Transgénicos», «Médicos de Pueblos Fumigados» y «Madres de Ituzaingó», entre otras.
Una de las impulsoras de la causa fue Sofía Gatica, vecina del barrio Ituzaingó Anexo, hecho por el cual, en abril pasado, fue distinguida con el Premio Ambiental Goldman, que todos los años se concede en San Francisco (Estados Unidos).
«Son 12 años de pelea, de hacernos escuchar y ahora se hace el primer juicio, que va a crear un precedente para toda la Argentina en la defensa de los derechos de muchas personas», aseveró la mujer.