Bomberos dejará de prestar el servicio del 107. La licitación está judicializada y la prestación sumó numerosos reclamos. El Ejecutivo destina 120 mil pesos por la asistencia en la vía pública y otros 20 mil pesos para la recepción de llamadas.
La decisión de Bomberos Voluntarios de dejar de prestar el servicio de la Central de Emergencias que recepta los llamados por urgencias sanitarias en la vía pública suma un capítulo más a la secuencia de dificultades en la prestación.
El Ejecutivo destina 120 mil pesos por la asistencia en la vía pública y otros 20 mil pesos para la recepción de llamadas.
En los últimos años se repitieron las denuncias por demoras en el arribo de las ambulancias a los lugares siniestrados y surgieron los cuestionamientos por la falta de puestos fijos en populosas barriadas como Banda Norte y Alberdi.
El último episodio que desnudó las críticas al sistema surgió con la trágica explosión de un camión en un taller al sur de la ciudad, en el que murieron 3 personas. Según denunciaron los testigos, las ambulancias demoraron hasta 20 minutos en llegar al sector.
Meses antes la unidad asistencial había demorado en una jornada de tormenta una hora en llegar a la esquina de Estados Unidos y Alvear, donde había ocurrido una colisión entre una moto y una camioneta. En el hecho murió una joven.
Bomberos resolvió rescindir unilateralmente el convenio con el Ejecutivo por una deuda que se acumuló desde octubre del 2011 y que «hizo inviable» la continuidad del contrato. Ayer, la conducción de la institución envió los telegramas de despidos a los 6 trabajadores.
Desde el municipio ya iniciaron contactos con la firma Amor y Paz, una de las 4 integrantes de la UTE que asiste las emergencias en Río Cuarto, para que asuma el control del 107. Aunque la propuesta podría incluir a todas las firmas.
La empresa riocuartense había sido además la ganadora de la licitación de todo el servicio, aunque la resolución fue cuestionada por las otras 3 compañías – Sociedad Francesa, Emergencias y Ami – Policlínico San Lucas-, por lo que la Justicia frenó el proceso de adjudicación y sumó incertidumbre al accionar municipal.
La jueza Sandra Tibaldi de Bertea dictó una medida cautelar hasta resolver el recurso de amparo presentado por empresas que se oponen al proceso.
En la resolución, la jueza fijó una caución de un millón de pesos, que es el equivalente a los honorarios de 50 abogados, por si el recurso de amparo presentado por la ACE perjudica a la firma que estaba en condiciones de asumir el servicio (Amor y Paz).
La conflictiva situación del servicio de Emergencias también se filtró en la última campaña electoral, en la que los candidatos Miguel Minardi y Juan Carlos Giualini propusieron un plan municipal para la prestación.