«Sin la movilización popular no hubiera sido posible confrontar el levantamiento»

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Carapintadas, a 25 años – Conrado Storani (H) fue protagonista de un proceso histórico. En el Congreso votó en contra de la ley de Punto Final. «Eran miles de ciudadanos que apostaron a la institucionalidad, como muchos dirigentes del Peronismo renovador, encabezados por Cafiero, y otros referentes políticos», sostuvo.

En el mediodía del 19 de abril  de 1987, durante la Pascua de Resurrección, el presidente Ricardo Alfonsín, rodeado el peronista Antonio Cafiero y otros líderes de la política nacional, salió al balcón de la Rosada a pedir calma y a anunciar que iba a Campo de Mayo para “intimar la rendición de los sediciosos”.
Alfonsín llegó al lugar donde una multitud rodeadaba el predio militar, respaldando la Democracia. El presidente habló con el líder de los carapitandas, Aldo Rico, y acordó el levantamiento del acto de insurrección. Después volvió a la Casa de Gobierno, salió al balcón histórico y pronunció tres frases históricas: “Compatriotas: ¡Felices Pascuas! La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina”.
El doctor Conrado Storani (H), legislador riocuartense en la Cámara de Diputados, había votado en contra del Punto Final, en una señal que la historia valorizó especialmente. Aunque luego aprobó  la ley de Obediencia Debida.
El levantamiento carapintada empezó el miércoles 15 de abril en Córdoba, gobernada por Eduardo Angeloz, cuando el mayor Ernesto “Nabo” Barreiro rehusó presentarse ante la Cámara Federal local. Lo acusaban de haber sido el jefe de los torturadores de La Perla, el mayor centro de exterminio de detenidos en la provincia.
En  Campo de Mayo  Rico había dejado el regimiento de Infantería 18 de San Javier, Misiones, y había tomado la Escuela de Infantería. Los rebeldes desplegaron un infierno de armas pesadas y aparecieron ante las cámaras con los rostros pintarrajeados a lo Rambo. Los sublevados exigían 5 puntos, aunque sólo les importaba la solución política para las causas abiertas por los crímenes de la dictadura.
Storani conserva sobre su escritorio 5 fotos que descubren su memoria sobre el levantamiento. Dos de ellas muestran las marchas en Río Cuarto, de la que participaron dirigentes de diversas líneas políticas. Al frente de las manifestaciones aparecían el propio Storani, Miguel Abella, Roberto Birri, Lucía Fortuna, Eduardo Di Cola, gremialistas y las Madres de Plaza de Mayo. La tercera imagen refleja el momento en el que en la casa radical estalla el festejo cuando Alfonsín afirmaba que «la casa está en orden». Una cuarta fotografía lo muestra junto a diputados en el recinto del Congreso, en una sesión de repudio al reclamo militar y una quinta imagen refleja el momento en el que se abraza con Abella, profundamente emocionado.
«Luego de la derrota de los militares en Malvinas, perdieron prestigio pero no poder. La primera medida que tomó el Ejecutivo en Democracia fue el juzgamiento de los miembros de la Junta, tras la creación de la Conadep. Sin embargo, muchos militares y civiles creían en medidas intervencionistas en temas internos y el Código de Justicia Militar que planteaba la obediencia ciega. Esto le generó muchos inconvenientes al gobierno», expresó.
Storani recordó que entre los carapintadas había héroes de Malvinas y otros «personajes con actuaciones tristes como Astiz». «Había de todo y esto había que resolverlo institucionalmente», sostuvo.
El ex diputado que sin la movilización popular «no hubiera sido posible confrontar con el levantamiento» y destacó que «la resistencia llegó hasta Campo de Mayo», donde los carapintadas estaban cara a cara con la gente.
«Eran miles de ciudadanos que apostaron a la institucionalidad, como muchos dirigentes del Peronismo renovador, encabezados por Cafiero, y otros referentes políticos», sostuvo.
Tras el encuentro de Alfonsín y Rico, mucho se especuló sobre un eventual acuerdo para acelerar la ley de Obediencia Debida. Storani afirmó que «el propio Rico reconoció que no hubo ningún pacto y así fue».
«Ellos tuvieron que deponer las armas y Alfonsín manda la ley que ya había sido analizada. La de Punto Final fue aprobada en diciembre del 86 y fue una ley por la que voté en contra, porque consideraba que había una desigualdad jurídica de los ciudadanos comunes con respecto a los militares. La de Obediencia Debida, había sido anunciada en la campaña de Alfonsín en 1983 cuando el hablaba de los tres niveles de responsabilidad en el tema de Derechos Humanos», argumentó.

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