Solo se mostaría un extracto de las declaraciones. El proyecto forma parte de una propuesta de transparencia de la administración pública. Hasta hoy, los datos van en sobre lacrado a una cuenta del Banco Nación.
El Tribunal de Cuentas exigió a los funcionarios del Ejecutivo y los concejales que finalizan este año sus mandatos, la presentación de declaraciones juradas, tal como lo requiere el artículo 20 de la Carta Orgánica, aunque los datos no se conocerán públicamente.
A diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos institucionales, en Río Cuarto los datos se conservan en un sobre lacrado, dentro de una cuenta del Banco Nación.
La concejala Claudia Bringas, representante del Encuentro Ciudadano, dijo que presentarán un proyecto para avanzar en normativas de transparencia de la administración pública y el Concejo Deliberante, en el que se incluirá la difusión, en parte, de las declaraciones juradas de los concejales.
La propuesta del Encuentro Ciudadano incluye al intendente, funcionarios del gabinete y el Tribunal de Cuentas.
«Debemos pensar en la transparencia amplia y esto implica conocer qué fondos administra el parlamento y cómo ejecuta esos recursos», indicó.
El ex concejal y dirigente de la fuerza política, Enrique Novo, señaló que el proyecto debe incorporar el conocimiento de las declaraciones juradas de todos los representantes del Estado.
La normativa
La Carta Orgánica “sostiene que las autoridades y funcionarios del Municipio con poder de decisión deben efectuar, al asumir y al cesar en sus cargos, una declaración jurada patrimonial que se renueva anualmente y que comprende la de su cónyuge y la de las personas a su cargo ante los Jueces Administrativos Municipales y el Tribunal de Cuentas”.
La normativa añade que “las autoridades y los funcionarios del Municipio son solidariamente responsables con el mismo por los daños y perjuicios ocasionados a terceros, por actos u omisiones irregulares en el ejercicio de sus funciones”.
“Cuando el Municipio es condenado en juicio a pagar daños a terceros por acto u omisión de autoridades y funcionarios acciona regresivamente en contra de éstos a los efectos del resarcimiento. Las autoridades y los funcionarios están obligados a responder en tiempo razonable a cualquier habitante que ejerza el derecho de peticionar. La ordenanza establece los supuestos en que las omisiones de dichas obligaciones no constituyen falta grave”, subraya la normativa.
Desde el Tribunal de Cuentas indicaron que los ediles y funcionarios cumplen con la exigencia legal, aunque señalaron que los datos no son de cotejo público.
La información solo se entrega ante requerimiento judicial en una eventual denuncia por enriquecimiento ilícito. La alternativa impide que se haga un cotejo público entre lo que declararon los funcionarios al ingresar a su gestión y lo que admiten ostentar al dejar sus mandatos.
Desde el regreso a la Democracia, no hay antecedentes en la ciudad de denuncias por presunto enriquecimiento irregular.