Los ingresos, según indicaron a TD Digital los operadores a cargo de la recaudación de los partidos, surge de la entrega de bonos, aportes de actuales y ex funcionarios y de empresas ó sociedades jurídicas.
Los partidos políticos que participan de la campaña electoral para las elecciones municipales del 15 de abril ultiman los detalles de lo que es la principal batalla interna: obtener los fondos para sustentar un proceso que costará, como mínimo, un millón de pesos.
Las alianzas partidarias deben abrir una cuenta bancaria e informar a la Junta Electoral sobre los fondos recolectados. Sin embargo, surgen dos sospechas centrales: los montos que los partidos evitan declarar y la utilización que podrían hacer los gobiernos municipal y provincial de actos de gobierno en favor de los candidatos de turno.
Los principales costos de la campaña apuntan a la publicidad en los medios, los actos, la folletería, la logistíca de la elección -centro de cómputos, movilidad de dirigentes y punteros y la comida durante el día de la votación-, el armado de la publicidad y las encuestas.
Los ingresos, según indicaron a TD Digital los operadores a cargo de la recaudación de los partidos, surge de la entrega de bonos, aportes de actuales y ex funcionarios y de empresas ó sociedades jurídicas.
Después de la elección, cada partido recibirá un fondo especial según la cantidad de votos, aunque la recaudación se destina a un funcionamiento posterior de las estructuras.
Los partidos mayoritarios esperan aportes «solidarios» de al menos un millón de pesos y apuntan al compromiso, fundamentalmente, de quienes son candidatos u ostentan cargos. Sin embargo, el gasto total podría duplicar el monto inicial.
El artículo 39 de la Carta Orgánica señala que «los partidos políticos, confederaciones o alianzas o sus candidatos no podrán recibir aportes privados provenientes de empresas o personas físicas o jurídicas prestatarias de servicios públicos o ejecutores de obras públicas, como tampoco de aquellas sociedades en las que el Estado Municipal tenga participación accionaria».
«Los aportes provenientes de personas jurídicas no podrán exceder de la suma de pesos diez mil ($ 10.000) y de personas físicas no podrán exceder de pesos cinco mil ($ 5.000). En ningún caso los aportes podrán ser anónimos», indica la normativa.
Fuentes partidarias admiten, sin embargo, que los aportes de particulares y empresas superarán ampliamente las cifras estipuladas por ley.