Opinión – La erradicación de la venta ambulante no es solo un dilema irresuelto en la ciudad, sino que deriva en resonantes conflictos en otros lugares del país y el mundo. En Río Cuarto, la problemática estuvo entorpecida desde un principio por falencias propias y ajenas…
A 3 meses de la apertura de la Feria del Progreso, el regreso de algunos vendedores callejeros a las veredas del microcentro y la negativa de otros a ser relocalizados, aparece como una postal anticipada por los propios afectados. El programa de reordenamiento del espacio público y la ordenanza que prohibió la venta en las calles estuvo condicionada desde el principio por imposiciones históricas y negociaciones fallidas.
El registro audiovisual que reveló las propuestas del secretario de Desarrollo Social, Guillermo Aón, por terrenos y miles de pesos para los «históricos» que ocupan las esquinas más codiciadas de la ciudad, debilitaron la posición del Estado y profundizaron las contradicciones del proyecto oficial.
El entonces secretario de Gobierno, Carlos Ordóñez, tampoco había alcanzado mejor suerte. Sin contemplar la magnitud del rechazo de varios afectados, avanzó en un convenio con el gremio SIVARA, carente de una representación amplia entre los vendedores. El conflicto derivó en una protesta frente al municipio y el desplazamiento de Ordóñez en la ejecución del plan.
La normativa finalmente aprobada por el Concejo Deliberante delegó en el gobierno municipal la potestad de fijar una fecha para el traslado de los vendedores y la decisión consumió un año en el que los riocuartenses gastaron más de 130 mil pesos por el alquiler de un salón que permanecía vacío.
La Feria se habilitó en diciembre del 2011 con los históricos en las calles y un grupo de vendedores participando del tradicional recorrido de ventas en las sierras cordobeses. Aunque se pagaron los polémicos microcréditos, durante los primeros dos meses de apertura una decena de stands permanecieron vacíos y algunos beneficiarios plantearon públicamente que al menos «5 usuarios» de los boxes de venta no eran habituales comerciantes del microcentro.
Los que aceptaron formar parte de la galería comercial a metros de Plaza Roca habían expresado su conformidad con la propuesta pero advirtieron que volverían a las calles si el rédito no permitía el sustento de sus familias. La tregua inicial estuvo financiada por los fondos que el municipio adelantó y que los vendedores prometieron devolver.
La erradicación de la venta ambulante no es solo un dilema irresuelto en la ciudad, sino que deriva en resonantes conflictos en otros lugares del país y el mundo. En Río Cuarto, la problemática estuvo entorpecida desde un principio por falencias propias y ajenas. Los que negociaron jugosos beneficios se quedaron en sus redituables espacios públicos y el resto, aceptó con condiciones.
En tiempos de campaña dificilmente el municipio intente imponer la legalidad con erradicaciones por la fuerza y futuras negociaciones estarán limitadas por los antecedentes ya conocidos.
El resultado final parece sumar confusión y desigualdad entre quienes acataron las normas y los que la desoyen. Otro capítulo más de los desvaríos cuando lo que se impone son las políticas ambulantes.
Por Pablo Callejón (callejonpablo@yahoo.com.ar)
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