El gobierno de Mariano Rajoy aprobó el mayor ajuste de la historia democrática, equivalente a 27.300 millones de euros, tras la huelga general que sacó a la calle a cientos de miles de personas en toda España en rechazo de su reforma laboral de corte neoliberal.
El presidente del Ejecutivo esperó hasta después de las elecciones regionales de Andalucía y Asturias –que igualmente no fueron del todo favorables para el derechista Partido Popular (PP)- para presentar el ajuste contenido en los presupuestos, que los sindicatos daban por descontado que incluiría un ajuste brutal.
Esa fue la razón por la que convocaron a la huelga general de ayer, víspera de su aprobación.
Pero ni la presión social ni la amenaza de una nueva huelga general evitaron que Rajoy avanzara con el nuevo “tijeretazo”, que pretende disipar la presión de los mercados, que continúan al acecho, mientras la prima de riesgo de España sigue al alza y el riesgo de un rescate es aún latente.
“Las medidas son extremas porque estamos en una situación crítica”, aseguró el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al anunciar los recortes que contemplan los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012 aprobados por el Ejecutivo.
“Estamos ante un ajuste duro, muy duro”, remarcó el funcionario en conferencia de prensa.
Por el lado del gasto, los presupuestos incluyen un recorte “drástico” del 16,9% en las cuentas de los ministerios y al tiempo que se mantendrán la actualización de las pensiones y los subsidios de desempleo, se congelarán los sueldos de los empleados públicos, precisó la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría.
El gobierno renuncia a subir el IVA, pero aprueba nuevas subas de ganancias, el Impuesto de Sociedades y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con los que espera recaudar 12.300 millones de euros.
También se propone una “amnistía fiscal” que impone un gravamen especial del 10% a los capitales que retornen a España o que se regularicen dentro del país. Esta medida, de dudosa efectividad, pretende “regularizar el fraude”, blanquear le economía sumergida, que equivale aproximadamente al 20% del PIB.
Los presupuestos son “los más austeros de la democracia”, pero “esta es la forma de acometer la reducción del déficit público necesaria para financiar nuestra economía y volver a crear empleo”, argumentó Montoro.
Con el nuevo recorte, el Ejecutivo de Rajoy, quien tras llegar al poder aprobó un primer ajuste de 15.000 millones de euros, pretende cumplir con el objetivo de equilibrio presupuestario impuesto por la Unión Europea (UE), que exige a España una reducción del déficit público del 8,51% al 5,3 % del PIB para este año.
Y el ajuste es mayor de lo anunciado inicialmente, porque el gobierno prevé un escenario de contracción del 1,7% del PIB y un aumento del desempleo hasta el 24,3% de la población activa en 2012.
De cara a sus socios europeos, el ministro de Economía y Competitividad español, Luis De Guindos, expresó hoy su confianza en que los presupuestos del gobierno español “convencerán al eurogrupo”.
“España va a dejar de ser un problema, especialmente para los españoles, pero también para la propia Unión», afirmó De Guindos a la entrada de la reunión del Eurogrupo celebrada en Copenhague para, entre otras cuestiones, examinar el presupuesto español.
El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, afirmó por su parte que “España está en una situación muy difícil”, por lo que instó al gobierno de Rajoy a proseguir con los ajustes presupuestarios y las reformas estructurales.
Además de los planes de ajuste, el gobierno español aprobó una reforma laboral calcada de las recetas fondomonetaristas, que abarata y facilita el despido y abre la puerta a bajadas masivas de salarios de forma unilateral, con el argumento de que la flexibilidad incentivará la contratación.
Pero ninguna de sus medidas consiguieron aún frenar la escalada del desempleo y el deterioro de la situación económica.
La reforma laboral y los ajustes fueron rechazados ayer masivamente en las calles de toda España como colofón de la primera huelga general convocada por las dos grandes centrales obreras del país, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), contra el gobierno de Rajoy.
El día después de esa medida de fuerza, los líderes de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, reiteraron a Rajoy que el gobierno debe “corregir la reforma laboral en profundidad”.
Los dirigentes sindicales dieron al gobierno plazo para negociar hasta el 1 de mayo, fecha en la que amenazaron con convocar una nueva huelga general, según afirmaron en la emisora Cadena Ser.
En tanto, el Ejecutivo español dejó claro que los pilares de la reforma no se tocarán, pese a que los episodios violentos que tuvieron lugar en Barcelona durante la jornada de huelga pusieron de manifiesto que el deterioro del clima social es cada vez mayor.