Imputaron a los dos conductores acusados de hacer picadas.
Entró en vigencia en Río Cuarto la Ordenanza Nº 1437/12 que multiplica el costo de las multas por hacer picadas en la vía pública.
La normativa también eleva el castigo por el uso de escapes no reglamentarios y la obstaculización de los agentes de tránsito. En todos los casos se ha estipulado la demora del vehículo por el término de 15 días.
Por carreras (picadas, pruebas de velocidad) en la vida pública hoy se paga $540. La modificación eleva la multa a $1800 y la retención del rodado y del carnet por 15 días.
Por uso de escape no reglamentario (escape liberado)La multa pasara de costar $90 a $900 e incluye también la retención del rodado y la suspensión del carne por 15 días.
Por obstaculizar el accionar de los agentes de tránsito, la modalidad a la fecha es: 2 unidades multa ($180). Con pago voluntario $90. La modificación supone 10 unidades multas ($900) sin posibilidad de pago voluntario. Con retención de licencia y rodado.
Imputados
El fiscal de Instrucción Julio Rivero imputó a los dos conductores denunciados por el EDECOM, acusados como infractores al artículo 193 del Código Penal.
El titular del ente, Jorge Méndez, anticipó a TD Digital que Rivero le confirmó las imputaciones, aunque aclaró que no hay un seguimiento de la causa porque el ente no es querellante.
Las denuncias habían sido presentadas en la sede de la Comisaría Primera.
Se trata de una demanda contra los conductores de una camioneta Saveiro y un Fiat 128, ambos fueron detenidos por la fuerza policial, que realizaban corridas en la zona sur de la ciudad, con el objetivo de que sean imputados por el delito de conducción peligrosa.
El Código Penal establece que “Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a TRES (3) años e inhabilitación especial para conducir por el doble del tiempo de la condena, el conductor que creare una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas, mediante la participación en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo automotor, realizada sin la debida autorización de la autoridad competente”.