«No pagar la tarifa de peaje a una empresa privada, cuyo nombre se desconoce y por un servicio que no presta desde hace mucho tiempo es ejercer un derecho claramente vulnerado», resaltó. De esta forma, le respondió al delegado de la Defensoría, Juan Manuel Llamosas.
Tras promover el no pago del peaje por el pésimo estado de la ruta 36 y el incumplimiento de la firma Concesionaria, la diputada Nacional Griselda Baldata negó que la iniciativa pueda ser considerada como rebelión fiscal.
«Rebelión Fiscal es negarse a pagar un impuesto fijado por el Estado. No pagar la tarifa de peaje a una empresa privada, cuyo nombre se desconoce y por un servicio que no presta desde hace mucho tiempo es ejercer un derecho claramente vulnerado», resaltó.
Añadió que «confundir ambas cosas significa que hay una clara intención de desviar el debate sobre el tema o un profundo desconocimiento del derecho, y resulta sorprendente que esta equivocación provengan precisamente de un profesional abogado».
De esta forma, Baldata respondió a las declaraciones a Telediario de Juan Manuel Llamosas, delegado de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Además, la legisladora cuestionó al titular del gremio de los trabajadores del peaje, y sostuvo que no puede cargar las culpas contra lo usuarios.
«Un representante gremial, lo que debe hacer es defender a los trabajadores frente a los atropellos de la Empresa y de la Patronal, que es en definitiva, quien genera el malestar en los usuarios por obligarlos a transitar una ruta a todas luces insegura, generadora de muertes y accidente, deteriorada y colapsada», sentenció.
Para Baldata es evidente que los dirigentes gremiales «que responden a Facundo Moyano tienen muy confundido cual es su rol».
«Es la Empresa, que desde hace mucho tiempo no atiende la ruta, la responsable de esta situación que se ha tornado insostenible. Ademas sería muy saludable que los empresarios que supuestamente tienen a su cargo la mantención, arreglos, reparación, demarcación, señalización, y arreglos de banquinas den la cara, expliquen porque no cumplen con las obligaciones contractuales, si reciben subsidios complementarios de las tarifas de 1,30 y 1,40 pesos y quien se los paga. Exigimos conocer los nombres de los dueños de esta empresa cuasi fantasma», puntualizó.