Lo dijo Gonzalo Parodi, de Promoción Social. El municipio se reunió con la familia Arce y serán trasladados a una vivienda en alquiler. «Uno se pregunta ante fallos judiciales como el de ayer, hasta donde llega el derecho de la propiedad y la situación de familias con hijos que quedan en la calle», expresó el funcionario.
Luego de una jornada de mucha tensión, en la que fue desalojada la familia de Norma Torres, hubo una reunión con funcionarios de la subsecretaría de Empleo, quienes acordaron el traslado de los afectados a una vivienda en alquiler.
El municipio afrontará el costo del nuevo inmueble «hasta que haya una solución definitiva», según precisó a TD Digital el subsecretario Gonzalo Parodi.
El funcionario dijo que deben enfrentar entre «3 ó4 desalojos por semana», un número que calificó como «altísimo»
«Son situaciones muy difíciles. Uno se pregunta ante fallos judiciales como el de ayer, hasta donde llega el derecho de la propiedad y la situación de familias con hijos que quedan en la calle. En este caso los expulsó un dueño que construyó sobre un terreno que es fiscal, es un caso muy complejo», resaltó.
Parodi resaltó que el municipio no fue concovado por la Justicia para estar presente en el momento del desalojo y promover una asistencia a la famila erradicada. «Nosotros nos enteramos porque después nos llamó la familia y el tiempo es muy importante porque no se puede llegar a la noche con una familia y sus hijos en la calle», subrayó.
El desalojo
En un clima de fuerte tensión y cruces entre vecinos y la Policía, la Justicia logró desalojar ayer a Norma Torres, su espos y sus tres hijos, quienes residían en una precaria vivienda de calle Colombia al 1.200.
La mujer había resistido el primer dictamen judicial, encadenándose junto a sus hijos a una garrafa de gas. Sin embargo, esta tarde decidieron acatar la resolución que presentó la auxiliar de Tribunales, quien llegó acompañada por decenas de efectivos policiales y agentes de Infantería.
El impresionante operativo de control se desplegó después de las 14 ante la sorpresa de los afectados y el grupo de vecinos que se acercó para evitar el desalojo.
Luego de una tensa negociación, Norma Torres y su marido, José Arce optaron por retirar sus pertenencias de la vivienda en medio de una crisis emocional.
“Ustedes vieron los certificados y el boleto de compra y venta. Nosotros pagamos esta casa y ahora nos estafaron”, dijo Arce llorando.
Destacó que no tiene un lugar donde alojarse “y desde la Municipalidad no vino nadie”. “La Justicia no me dio ninguna respuesta y ahora no se qué hacer. Vino una cantidad de policías y nos vamos porque no queremos hacer golpear gente. Estoy destruido”, expresó.
Quienes respaldaban a la familia increparon a la auxiliar judicial y a los jefes policiales a cargo del operativo, lanzando acusaciones por la polémica decisión del Juzgado Civil interviniente.
“Son una verguenza. Nos da impotencia. ¿En qué Justicia vamos a a creer ahora? Hay una familia con sus hijos en la calle, no tienen donde dejar las cosas. ¿Quién se hace cargo de ellos?”, señaló una vecina.
Otro allegado a Norma dijo entre lágrimas que la pareja compró la casa y consideró que “no hay Justicia para los pobres”.
Poco después de las 16,30 Julio Pulita, el propietario de la casa, llegó para ser notificado de la restitución. Custodiado por varios efectivos policiales finalmente logró ingresar a la vivienda.
Los vecinos comenzaron a insultarlo y amenazaron con represalias, pese a la mirada indiferente de Pulita.
“Ellos no pagaron nada. Esta es mi casa, no de mi ex esposa -quien habría vendido la unidad habitacional-. La Justicia me dio la razón porque tengo los papeles”, aseveró.