Hizo referencia al litigio tras la compra de 80 hectáreas de campo para el enterramiento de Gamsur. El fiscal confirmó que entregará un informe a los concejales que piden investigar lo ocurrido durante la gestión Cantero.
Para el fiscal Municipal Hernán Di Santo, el doctor Hugo Abraham «inició una demanda que era inviable jurídicamente».
Di Santo hizo referencia al litigio tras la compra de 80 hectáreas de campo para el enterramiento de Gamsur. El Tribunal Superior de Justicia ordenó devolver las tierras a la familia Calvo, propietaria original del lugar, y a efectuar una reparación ambiental.
Para el fiscal Municipal, «se inició una demanda que muy difícilmente podía tener éxito y la disolución del contrato, con la consecuente pérdida de 80 hectáreas, va a generar un perjuicio para el municipio».
Di Santo confirmó que entregará un informe a los concejales que piden investigar lo ocurrido durante la gestión Cantero.
A la Corte
El ex fiscal municipal Hugo Abraham dijo ayer el municipio podría recurrir a la Corte Suprema tras el fallo adverso del Tribunal Superior de Justicia.
Luego de escuchar las acusaciones del oficialismo, Abraham sostuvo en diálogo con TD Digital que “en aquel momento se hizo lo que se debía hacer, en un momento muy crítico del país”.
Al ser consultado sobre si no hubo un error del gobierno de Alberto Cantero en avanzar con un juicio sobre la propietad del campo, el ex funcionario aseguró que desconoce “en qué terminos falló el Tribunal Superior de Justicia”.
Abraham expresó que dejó en el cargo en el 2004 y el juicio estaba en trámite. “Durante 7 años este proceso estuvo la responsabilidad de la gestión radical. Cuando dejé la fiscalía no había ningún fallo”, indicó.
Abraham aseveró que no emitirá más opiniones “hasta que no hable el fiscal Hernán Di Santo, quien es el único con conocimiento técnico jurídico”
“No tengo ninguna resolución de la Justicia y quiero conocer los antecedentes del juicio”, destacó el dirigente justicialista.
Aclaró que “todos los fallos son apelables y en este caso pueden ir a la Corte Suprema”. “La decisión de apelar es una definición que debe hacer el municipio”, manifestó.