Los vendedores decidirán si van a la Justicia después de la reglamentación de la ordenanza

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El abogado de los vendedores callejeros dijo que «es necesario saber cómo se instrumentará la normativa». Algunos vendedores, liderados por Héctor Liso Márquez, plantean la necesidad de presentar un recurso de amparo para evitar una erradicación compulsiva de las calles del microcentro.

El doctor César Avendaño, abogado de los vendedores callejeros «históricos que resisten la erradicación», confirmó a TD Digital que están analizando una eventual presentación a la Justicia, aunque esperarán que el intendente Juan Jure reglamente la ordenanza aprobada el pasado viernes en el Concejo Deliberante.
Destacó que aún no resolvió que tipo de presentación realizarán y resaltó que analizarán esta semana el contexto legal que regirá la venta ambulante.
Algunos vendedores, liderados por Héctor Liso Márquez, plantean la necesidad de presentar un recurso de amparo para evitar una erradicación compulsiva de las calles del microcentro.
Los concejales otorgaron un instrumento legal al municipio para avanzar en el proyecto oficial, aunque la ordenanza deslinda la participación del parlamento y obliga al Ejecutivo a determinar plazos, lugares y condiciones de relocalización.
Ese había sido el acuerdo que habían alcanzado con los secretarios Guillermo Aón y Carlos Ordóñez antes de que se desatara el escándalo por las negociaciones económicas con los vendedores, sin respaldo legal. Para la oposición, se perdió «una oportunidad histórica» para hacer un análisis integral del espacio público.
En el proyecto final se incorporó un tercer artículo promovido por el bloque de Unión por Córdoba para que los convenios particulares que alcance la Municipalidad con los vendedores deban ser debatidos en el Concejo Deliberante. La medida generó el enojo del gobierno de Juan Jure, aún cuando parece no quedar margen político para nuevas negociaciones individuales.
El artículo, que curiosamente no votaron los ediles justicialistas, parece tener solo motivación política. El propio titular del bloque oficialista, Fabricio Pedruzzi, ya había reconocido en declaraciones a Telediario que cualquier convenio que superara el monto de un microcrédito exige la aprobación del parlamento local.
El intendente Jure tiene ahora la exigencia de resolver cómo se pondrá fin a la venta callejera y comienza la cuenta regresiva para una embestida política que, al menos hasta ahora, solo sumó traspiés.

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