Lo dijo el doctor Gonzalo Otero Pizarro, abogado de tres jubilados que fuero usados como casos testigos por el ANSES.
El abogado previsionalista Gonzalo Otero Pizarro manifestó su disconformidad con la medida del juez federal Carlos Ochoa de frenar durante 20 días hábiles los juicios de jubilados riocuartenses contra el Anses que tengan ejecución de sentencia.
«Mi opinión es que no se debería haber concedido. Es una cuestión que prevé el Código ante casos de fuerza mayor y no conocemos los fundamentos, pero me parece que no era lo adecuado», argumentó en diálogo con TD Digital.
Señaló que «el Anses podrá tener sospechas pero la honorabilidad del juez está absolutamente fuera de cualquier especulación».
«La denuncia es absolutamente infundada. Estoy seguro por el conocimiento de los expedientes y de los jueces del Juzgado que esta es una aventura jurídica y alguien metió al ministro de Economía en el baile», subrayó.
Otero Pizarro consideró que la acusación de supuesto fraude contra el juez Ochoa «no debería entorpecer los procesos que se iniciaron en Río Cuarto»
«Me pongo en la piel de los denunciados, y es probable que yo soy uno de ellos, y esto genera mucha molestia. Imagino que podrían denunciar a los abogados y jubilados, aunque a mi no me han citado», sostuvo.
Freno
El juez federal Carlos Ochoa decidió suspender durante 20 días los juicios de jubilados riocuartenses contra el ANSES, con ejecuciones de sentencias.
Inicialmente, el ANSES había pedido 60 días días de suspensión para evaluar 1.700 causas donde habría presuntas irregularidades.
La información fue confirmada por letrados del foro local y el propio Juzgado Federal.
En la denuncia que el gobierno nacional realizó contra el juez Ochoa, que está en manos del juzgado de la doctora Servini de Cubría, le adjudican al magistrado riocuartense ser el impulsor de la mitad de los embargos en todos los juzgados del país.
Según señalaron el titular del ANSES, Diego Bossio, y el ministro de Economía, Amado Boudou, la “millonaria maniobra de fraude” habría revelado un doble pago de las sentencias a los demandantes y la imposición de “sumas siderales”.
La acusación del Gobierno surge casi un mes después de que el juez Ochoa intimara al ANSES “bajo apercibimiento de multas” para que “en 10 días dé cumplimiento a las sentencias dictadas en seis casos: Domínguez, Olguín, Sommaro, Gramaccioli, Alessio de Capurro y Lucero”.
En el comunicado oficial del organismo social señalan que Ochoa convocaba a un perito oficial para que decidiera la liquidación “pero no descontaba pagos ya efectuados por ANSES, no determinaba el monto inicial del que partía para actualizar las liquidaciones e incorporaba precedentes que no habían sido otorgados en la sentencia firme”, es decir, lo hacía cuando la situación era “cosa juzgada”
Esta presunta “estafa” fue advertida por el Gobierno en los casos analizados por lo que pidieron frenar durante 60 días todo el proceso judicial de 1.700 expedientes. Cuando Bossio y Boudou lanzaron la acusación en conferencia de prensa el juez Ochoa no había dado lugar al planteo que generaba la irritación de abogados y, fundamentalmente, de los sufridos jubilados.
Para el ANSES, no se trata solo de la maniobra de un juez sino de la presunta complicidad de abogados y beneficiarios, en lo que parecería revelar una trama de complejos contactos.