«Liso» Márquez es un padrino de las calles. El puesto de ventas que posee ante la sede de EPEC es una imponente galería de camisetas de fútbol y toallones de baño, que se extiende por casi 20 metros. Cada mañana desembolsa una estructura que quintuplica los modestos puestos de venta que dominan el resto de las veredas del microcentro. “Lusi”, quien es esposo de la presidenta del club Municipal, no es un protagonista más de la pelea por el negocio ambulante en la ciudad. Entre los íntimos se mofa al señalar que cuenta con los recursos suficientes para montar “cinco negocios” similares en cualquier sector de Río Cuarto. Esta mañana, se convirtió también en el dueño del rostro encarnizado que amenazaba sin reparos al secretario de Gobierno, cercado en su propio despacho.
En la resistencia de los vendedores ambulantes hay jefes de familia que desde hace décadas sobreviven del comercio diario y conviven con patrones del mercado ilegal capaces de generar ganancias que superan los 100 mil pesos anuales.
La violenta protesta en el Palacio Municipal, que promete agudizarse en las próximas horas, expuso las debilidades de dos frentes que no logran hacer pie en sus demandas.
El discurso del secretario de Gobierno Carlos Ordóñez sobre un presunto consenso para impulsar una feria persa reconvertida en “Saladita”, se desmoronó definitivamente a dos semanas de la amenaza de relocalización. Los vendedores no se quieren ir. Observan el local en calle Belgrano como la última morada, la espera agónica para la definitiva extinción de la actividad.
Ordóñez apostó a negociar con un sindicato de nula representación local identificado con dirigentes acusados de “traidores”. El gremio sin afiliados se llevó la foto de una causa por la que nunca decidió pelear.
«Este es el único gobierno que decidió dar una solución en serio al tema”, asegura el secretario de Gobierno y tiene razón. Sin embargo, el camino elegido parece destinado al desbarranco por la intransigencia de los vendedores y las desinteligencias propias.
El obvio respaldo del Cecis al proyecto parece insuficiente como basamento social para poner fin a la venta ambulante. Sin discusión parlamentaria y con el hermético rechazo de los eventuales afectados, el Ejecutivo se expone a una espiral de conflictos irresueltos. La sola mención de erradicarlos por la fuerza genera estupor en la Municipalidad.
Ordóñez finalmente optó por elevar un proyecto de discusión al Concejo Deliberante en un intento tardío por encontrar algún sesgo de contención política.
El pedido “innegociable” de los vendedores por una reunión con el intendente Juan Jure desnuda el rol que los demandantes le adjudican al funcionario para el resto de la confrontación.
«El frente opositor” a la propuesta, como calificó Ordóñez, tiene un objetivo común pero no es un bloque homogéneo en la resolución de las formas. Se dirime en contradicciones que lo debilitan en sus argumentos y le quitan credibilidad ante los riocuartenses. Hubo quienes intentaron frenar la escalada de agresiones y evitaron quedar expuestos como violentos representantes de intereses sectoriales pero fueron desbordados por los que impulsan un desplante inflexible, de barricada.
Las amenazas de Márquez en el interior del Palacio de Mójica solo enturbiaron las motivaciones genuinas de los que temen perder sus puestos de trabajo.
Hay vendedores que necesitan de las calles para vivir y otros que hallaron un negocio de altos rindes, sin costos impositivos ni prejuicios por convertirse en los dueños del espacio público.
El heterogéneo espectro de necesidades contrasta con las expectativas del municipio. Liberar el microcentro de la venta ambulante se convirtió en un deseo de comerciantes, una obsesión del municipio y una pesadilla para los vendedores. Aunque el conflicto no tiene un veredicto, por ahora, gana la Ley de la Calle.
Por Pablo Callejón (pjcallejon@yahoo.com.ar)