Desde la fiscalía municipal consideran no se trata de un servicio público sino de «una actividad de control con poder de polícia para evitar accidentes». Evalúan el impacto del rechazo del Tribunal de Cuentas al decreto reglamentario para habilitar talleres.
La polémica por la concesión de talleres para la ITV en Río Cuarto ya está en la Justicia y el rechazo del Tribunal de Cuentas al decreto reglamentario provocó conmoción en el Palacio de Mójica.
Según informaron desde el municipio a TD Digital, el fiscal municipal Hernán Di Santo presentará un análisis en el que señalará que «de ningún modo se debe hacer una licitación pública para seleccionar los talleres».
Sn embargo, aún hay dudas sobre cómo influirá la decisión del Tribunal en la continuidad del decreto firmado por el intendente Juan Jure.
El funcionario consideraría que «no se trata de un servicio público sino de un acto de control con poder de policía para evitar accidentes».
El fiscal ya le había señalado al Ejecutivo que «se cumplieron normas determinadas por la autoridad de aplicación fijada por el Ministerio del Interior».
Argumenta que «el artículo 14 reglamentario de la ley señala que cada unidad jurisdiccional -es decir, cada municipio-, puede determinar el mínimo de talleres que se habilitarán».
Sin embargo, fue el municipio el que decidió aplicar un cuestionado orden de prelación que Jure decidió modificar permitiendo que «se habiliten todos los talleres que se inscriban en el registro habilitado».