Los que hablen por celular en los bancos podrían ir presos

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El legislador Juan Brügge (Unión por Córdoba-PJ), autor del proyecto, precisó  que la iniciativa apunta a «complementar la legislación nacional, particularmente a las normas de reglamentación del Banco Central de la República Argentina (Bcra)».Un proyecto que promueve sanción de hasta 15 días de arresto a quienes usen teléfonos celulares en los bancos será tratado el próximo miércoles en la Legislatura unicameral de Córdoba, según fue confirmado desde el ámbito parlamentario.
El legislador Juan Brügge (Unión por Córdoba-PJ), autor del proyecto, precisó  que la iniciativa apunta a «complementar la legislación nacional, particularmente a las normas de reglamentación del Banco Central de la República Argentina (Bcra)».
La prohibición, contemplada en el texto, tiene alcances para empleados, clientes y toda persona que se encuentre en el interior de las entidades bancarias y lo que persigue es «aportar más herramientas para la prevención de los delitos que se generan a partir de la actividad bancaria», precisó el legislador Brügge.
El proyecto establece el «arresto de cumplimiento efectivo» a partir de la falta contravencional, cuya sanción será aplicada por la autoridad de aplicación (Policía o Juez de Faltas), quien también tendrá a cargo el dictado de los protocolos del modus operandi para estos casos.
«Es probable que el proyecto se apruebe por unanimidad, al menos eso es lo que he percibido en las charlas con los legisladores de los otros bloques», dijo al dar por descontado la aprobación el próximo miércoles.

La propuesta parlamentaria también contempla la creación de un Programa de Prevención y Lucha contra el uso indebido de la telefonía celular en la comisión de delitos, el cual habilita en el ámbito del Gobierno provincial un registro de compraventas de chips y aparatos celulares, tanto nuevos como reparados.
Otro de los puntos es la creación de un formulario de denuncia de pérdida o robo de aparatos celulares que podrá solicitarse en las unidades judiciales, ya que a pesar de las denuncias en las compañías estos siguen utilizándose luego en forma ilegal, sostuvo el legislador.

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