La urgencia ambiental es un dictamen que la Justicia aún no pudo comprobar, pero el rédito político no se mide en las resoluciones de un fiscal…
Leonardo Passarini fue un paciente estratega inspirado en su propia ambición. La desesperación de los otros –vecinos y funcionarios- solo confirmó la efectividad de la trama que comenzó a gestar el día que se aprovechó del desinterés de una convocatoria judicial para adquirir por un precio de oferta la estructura obsoleta de una vieja aceitera asentada sobre 10 manzanas completas del sur de la ciudad. Apostó cuando parecía que quedaba como punto y ahora espera que caigan las fichas, sintiéndose banca.
La batalla judicial, se presumía, iba a requerir tiempos que el malestar barrial y las urgencias políticas difícilmente soportarían. Si alguien imaginó que solo era cuestión de días la demolición de paredes y maquinarias se equivocó. Ni la Justicia ni Passarini comparten los mismos plazos.
El fiscal Walter Guzmán aún no cuenta con un equipo de profesionales decididos a tomar las muestras que confirmen la presunta contaminación que genera el predio y, por ende, no hay un cronograma previsible sobre cuándo se conocerá el carácter nocivo de la chatarra abandonada por años.
Guzmán fue determinante al aclarar que la sola presencia de amianto no es causal de delito. Se trata de un elemento que fue incorporado en otras fábricas de la ciudad hasta su prohibición en el año 2000. Se necesita probar que la sustancia provoca daños al ambiente para avanzar sobre Passarini.
La muerte del vecino Ricardo Lisa, quien sufría de cáncer, fue ligada desde el municipio con la contaminación que emanaría la aceitera, un vínculo de muy difícil comprobación con una denuncia realizada 4 años después del fallecimiento.
Si el fiscal considera que existe alta probabilidad de que Passarini sea responsable de contaminación, comenzarían diversas instancias de apelación antes de que el empresario calificado como persona no grata pudiera afrontar un eventual juicio ante un Tribunal de Cámara.
Traslado de recursos
La decisión del intendente Juan Jure de expropiar la manzana 48 en donde se erige la principal edificación contaminante –inicialmente se pidió ante la jueza Graciela Filiberti la demolición de 6 manzanas-, obligará a trasladar recursos de los riocuartenses a las arcas de Passarini.
Un Tribunal de Tasación definirá cuál es el costo del lugar, pero el resultado podría significar un jugoso saldo a favor para el gestor de la maniobra especulativa. Desde el municipio aspiran a que el impacto ambiental que emergería de la aceitera reduzca el valor nominal y haga caer las expectativas económicas de Passarini.
«El Pucho» reuperará en lo inmediato parte de “la inversión” y disfrutará del aumento en el valor del resto de las decenas de parcelas favorecidas por la construcción del núcleo administrativo que representaría el Foro de la Democracia.
Passarini se relame en el perverso juego “declaracionista” sobre los presuntos impedimentos para vender la propiedad tras el proyecto de expropiación del ex intendente Antonio Rins. Sin embargo, el 31 de agosto de 2009 decidió comercializar la ex aceitera con la firma Campos & Hacienda S.A., de su mismo emporio económico, sin demasiadas trabas.
Desde que adquirió el sector en un millón de pesos – dólares no hubo una sola inversión de carácter comercial ó edilicia que justificara su participación. Sin embargo, la lógica inmobiliaria multiplicó el valor real de la tierra a pesar de estar ubicada en un lugar depreciado urbanísticamente.
Algunos tasadores estiman que solo la manzana 48 tiene un valor que podría alcanzar los 2 millones y medio de pesos, es decir un 60 por ciento de lo que Passarini pagó por todo el predio, un tamaño 10 veces superior.
Si el Tribunal de Tasación define un precio por debajo de lo que fija el mercado, el empresario podría iniciar un juicio de expropiación, aunque la ecuación cambiaría: sería ahora él quien dependería de una resolución judicial.
Intervención
El municipio deberá incorporar al costo global de la intervención el aporte aún no calculado para el desmantelamiento de la construcción en pie, la nivelación de suelos y el mejoramiento de los alrededores. Aunque se especula trasladar el gasto a Passarini experiencias anteriores demuestran que el empresario no aportó recurso alguno.
Una vez que el Estado adquiera el predio y afronte los gastos de mejoramiento, deberían surgir, además, los fondos para crear el tan promocionado eje de contención de organismos parlamentarios y de control administrativo.
Problema de todos
Jure asumió un camino en el busca abreviar el tránsito legal y el desgaste político por una problemática en la que gestiones anteriores solo le perdieron el paso al cinismo de un artesano de las ardides especulativas. La urgencia ambiental es un dictamen que la Justicia aún no pudo comprobar, pero el rédito político no se mide en las resoluciones de un fiscal.
El gobierno intenta sacar de las llamas un conflicto que Passarini supo cocinar a fuego lento. La ex Aceitera es un problema de todos y, al parecer, todos pagaremos por ella.
Por Pablo Callejón (pjcallejon@yahoo.com.ar)