La Universidad estudia la posibilidad de ir a la Justicia para que se declare ilegal la Ley de Ordenamiento Territorial en la Provincia de Córdoba

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El Consejo Superior de la Universidad elaborará un documento político en contra del tratamiento de la normativa y el resultado que tuvo en la Legislatura provincial.

  
 
Tras un pedido presentado por la investigadora universitaria e ingeniera forestal Natalia De Luca, el Consejo Superior de la Universidad estudia la posibilidad ir a la Justicia para que se declare ilegal la Ley de Ordenamiento Territorial en la Provincia de Córdoba y elaborará un documento político en contra del tratamiento de la normativa y el resultado que tuvo en la Legislatura provincial.
“Esto pasa por si es legal o no. Debemos tener elementos sólidos para que nos escuchen. Con todos los fundamentos técnicos y legales. Y de ahí ver si se pide que se declare inconstitucional”, dijo el rector Oscar Spada, al tiempo que pidió: “Es preciso que se incorpore la mayor cantidad de gente, para ver esto desde el punto de vista técnico, para que la parte legal de la Universidad pueda llevar adelante un proceso para declararla a esta ley como inconstitucional. Es un hecho importante que la Universidad asuma esto”. Sin embargo, el rector insistió en la necesidad de recolectar pruebas.
Como fue presentada antes de la promulgación por parte del Gobernador, la nota presentada por la investigadora pedía el veto. Y los consejeros comenzaron a analizar la posibilidad de ir un poco más allá, en el sentido de acudir a la Justicia para que se la declare inconstitucional.
El consejero superior docente Guillermo Ashwort sostuvo: “Hay dos cuestiones: la política y la legal”, al tiempo que insistió en conocer los nombres de los legisladores que aprobaron la ley, respecto de quienes indicó que “deben rendir cuentas”.
El decano de Ciencias Humanas, Enrique Grote habló de “la participación real”, la cual dijo “debe ser respetada por los órganos del Estado”. “Y eso debe estar en la declaración”, señaló.
Finalmente, se acordó en armar un documento político, con una declaración de la Universidad. Y estudiar la cuestión legal, para determinar la posibilidad de iniciar un proceso para que se declare inconstitucional la flamante norma.
 
Documento presentado por la ingeniera forestal Natalia De Luca, investigadora de la Universidad
 
“Queremos comunicar la preocupación de un amplio sector de nuestra comunidad, entre ellos docentes y estudiantes de esta casa de altos estudios por los últimos hechos acontecidos en relación al manejo que se le ha dado a la Ley de Ordenamiento Territorial en la Provincia de Córdoba”.
“En principio, destacamos que el proyecto de Ley de Bosques elaborado en el seno de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (COTBN), creada para tal fin por la Secretaría de Ambiente de Córdoba, se logró a través del aporte de profesionales y técnicos de numerosas instituciones de alto prestigio, entre ellas la UNRC , la UNC y la UNVM ; además de organizaciones de la sociedad civil y de la participación ciudadana en siete talleres regionales, uno de ellos realizado en nuestra ciudad que fue declarado de interés institucional por el Consejo Superior de la casa de altos estudios”.
“Por otra parte, se realizó una audiencia pública en la ciudad de Córdoba, con multitudinaria convocatoria, en la cual participaron numerosos alumnos y docentes de la UNRC. En este punto es digno de agradecer todo el apoyo y los aportes técnicos recibidos por la UNRC durante este proceso”.
“El proyecto logrado con mucho esfuerzo por la COTBN fue elevado a la Legislatura por la Secretaría de Ambiente de Córdoba y tomado como documento base en la Comisión de Asuntos Ecológicos de la Legislatura , donde continuó el proceso participativo durante nueve meses en numerosas sesiones de esta Comisión”.
“En la madrugada del jueves 5 de agosto, la Legislatura Provincial aprobó un proyecto de ley, distinto del elaborado por la COTBN a través de un largo y amplio proceso participativo de dos años, por lo tanto no consensuado con la mayoría de los sectores de la sociedad y que atenta contra la conservación y manejo sustentable desde lo económico, ambiental y social, de los relictos de bosque nativo de la provincia de Córdoba, siendo que la superficie boscosa se ha reducido al 3,6% de la existente originariamente en nuestro territorio provincial”.
“A pesar de que existen vastas experiencias de cultivos y ganadería agroecológicos respetando el medio ambiente y aprovechando sus bondades, el proyecto de ley aprobado no apunta, como debería, a la preservación de los bosques nativos, sino que favorece la explotación irracional de los pocos ecosistemas naturales que actualmente están subsistiendo, con pérdida de sus bienes y servicios, como la captación de agua y la retención del suelo. Además de atentar contra el equilibrio socioambiental y la sustentabilidad a mediano y largo plazo del sector productivo agrícola ganadero de esta provincia”.
“Es de resaltar que los profesionales y técnicos integrantes de la COTBN trabajaron arduamente junto a la preocupación y participación del pueblo cordobés, y a la par de las autoridades provinciales y los miembros de la Legislatura. Sin embargo el proyecto de ley consensuado por la mayoría de los sectores interesados de la sociedad fue modificado a último momento y aprobado a través de un método poco ortodoxo en la Legislatura cordobesa”.
“La ley aprobada es más permisiva hacia los desmontes que las leyes hasta ahora vigentes, o sea que, con ley más blanda y los mismos controles (casi nulos), es inminente la total desaparición del paisaje original y los bosques nativos de todo el territorio cordobés”.
“No debemos olvidar que el derecho a un ambiente sano está contemplado en la Constitución Nacional y es un derecho de tercera y cuarta generación”.
“A continuación se destacan algunos puntos por los cuales el proyecto aprobado es inconstitucional ya que atenta contra los presupuestos mínimos de la Ley Nacional 26.331, para tomar algunos ejemplos:
   – Establece para la Categoría 1 (de máxima protección) la posibilidad de un “aprovechamiento” cuando claramente la Ley Nacional establece que sólo se podrán realizar actividades de “conservación” del mismo.
   – No respeta las pocas áreas naturales que protegen bosques nativos en la provincia, que bajo esta norma estarán sujetas a “supuestos sistemas de aprovechamiento sustentable”, palabra ambigua que no garantiza la renovación a corto plazo de los recursos naturales.
   – Se eliminó una herramienta fundamental que brinda la Ley Nacional : “Los mecanismos de participación social en el proceso de ordenamiento territorial de los bosques nativos”, todo queda en el ámbito de las decisiones de la autoridad de aplicación, siendo que hasta ahora, justamente, lo que ha fallado es el control. Se eliminó la posibilidad de organizaciones y guardaparques de crear un cuerpo de “guardianes del bosque”, que pudiera velar por el cumplimiento de la ley.
   – Tampoco respeta el bosque serrano, única fábrica natural de agua en nuestra provincia; que con el cumplimiento de lo establecido por la Ley Nacional respecto de preservar las zonas de bosques ubicados en pendientes mayores al 5%, podríamos salvarlos de su desaparición. La ley aprobada se burló de esto también.
   – La reducción arbitraria y sin sustento científico de la protección de márgenes de ríos y arroyos, así como bordes de lagunas y salinas, no hará más que agravar la actual degradación de las cuencas hídricas, principal criterio elegido por los participantes de los siete talleres regionales realizados en toda la provincia.
   – Más grave aún, en el Artículo 14, se habilita expresamente que “En aquellos predios en donde exista o se genere infraestructura para producción bajo riesgo, se lo considerará incluido en la categoría III”, es decir, que si como ocurre actualmente en gran parte del noroeste provincial, quienes puedan tomar agua de los acuíferos hasta que estos se agoten podrán desmotar.
   – Se eliminó además, ante incendio o degradación por eventos naturales o antrópicos, la responsabilidad de la provincia de restaurar o hacer restaurar dichos ecosistemas manteniéndolos en la categoría de conservación previa al evento.
   – No contempla los principios precautorios y preventivos que permiten adelantarse a cualquier posibilidad de catástrofe natural.
   – La zonificación no garantiza la conservación de los relictos de bosques nativos actuales ni la posibilidad de la restauración de los mismos donde sea sumamente necesario, ya que los mapas que acompañan el proyecto de ley aprobado por la Legislatura no cumplieron con la metodología multicriterio con los diez de estos establecidos por la Ley Nacional ”.
“Mientras tanto el desmonte avanza, y cada segundo que pasa se reduce la superficie de bosque nativo y la posibilidad de un mundo más justo”.
“Por todos los motivos expuestos es de suma urgencia solicitar el veto de esta ley inconstitucional, inviable a la garantía de un ambiente sano y a la sostenibilidad de la producción a mediano y largo plazo. En este sentido, una vez más solicitamos apoyo para lograr tener una ley que favorezca a todas y todos los cordobeses”

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