«El 2 de marzo la causa recayó en los Tribunales provinciales y no hay un fiscal que se aboque a esta circunstancia. Hemos denunciado la privación de Justicia debido a que se está poniendo en riesgo la salud de la comunidad», indicó González Schiavi. El abogado resaltó que «tener que recurrir un fiscal de otra ciudad sería condenarnos al ostracismo» «Estamos en una situación muy complicada. De acuerdo a la ley de fondo podría intervenir un fiscal de Cámara pero aún el fiscal General no ha tomado una resolución. No veo la buena predisposición para que esto tenga un final feliz», sostuvo.
A un mes de la denuncia del municipio contra el empresario Leonardo Passarini, la Fiscalía General de la Provincia no designó al investigador de la causa por presunta contaminación.
Esta mañana, el doctor González Schiavi, abogado del gobierno municipal, se contactó con funcionarios de la fiscalía y tras el diálogo confirmó que «todo sigue absolutamente demorado».
«El 17 de febrero hicimos la denuncia ante el Juzgado Federal por la presencia de amianto en la Aceitera. Dentro de los residuos peligrosos se denomina Y 36, uno de los cancerígenos más peligrosos», explicó a TD Digital.
Añadió que el Juzgado Federal se declaró como «no competente» y el 2 de marzo envió la causa a la Justicia Provincial.
Los cuatro fiscales de instrucción (Julio Rivero, Walter Guzmán, Fernando Moine y Javier Di Santo) realizaron planteos para evitar ser designados a cargo del caso.
«A más de un mes no hay un fiscal que se aboque a esta circunstancia. Hemos denunciado la privación de Justicia debido a que se está poniendo en riesgo la salud de la comunidad», indicó González Schiavi.
El abogado resaltó que «tener que recurrir un fiscal de otra ciudad sería condenarnos al ostracismo»
«Estamos en una situación muy complicada. De acuerdo a la ley de fondo podría intervenir un fiscal de Cámara pero aún el fiscal General no ha tomado una resolución. No veo la buena predisposición para que esto tenga un final feliz», sostuvo.
Agregó que realizaron una nueva presentación de pronto despacho y advirtió que «si no se resuelve el planteo habrá una acción penal por la inacción judicial»
«Hay una cuestión constitucional que tiene que ver con la salud de la población y que aquí está siendo vulnerada», aseveró.